ADIF tiene 146 propiedades okupadas, el 75% en Cataluña y Andalucía
Unos datos que contrastan con las siete viviendas okupadas en Madrid o las seis de Castilla y León
ADIF. | Archivo
La okupación ilegal de viviendas sigue en aumento y su impacto va más allá de la propiedad privada, afectando también a aquellas viviendas gestionadas por las administraciones públicas. Una de esas empresas públicas es ADIF, que tiene 146 propiedades okupadas en toda España. La entidad pública, adscrita al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, además de ser administradora de las infraestructuras ferroviarias, vende inmuebles de su propiedad mediante subasta pública. Algunas de esas propiedades están okupadas ilegalmente, tal y como se desprende de una resolución del Portal de Transparencia a la que ha tenido acceso THE OBJECTIVE. De las 146 propiedades ocupadas, la mayoría son edificios de viviendas y tres son locales.
De todas ellas, un total de 63 (el 43%) se encuentran en Cataluña y 46 (un 31%) en Andalucía. Es decir, el 75% de todas las viviendas que ADIF tiene okupadas en España están en estas dos comunidades autónomas. Unos datos que contrastan con las siete viviendas okupadas en Madrid o las seis de Castilla y León. Fuentes del sector explican a este diario que el elevado número de viviendas okupadas en Cataluña y Andalucía puede deberse a que es allí donde el administrador de infraestructuras ferroviarias tiene más inmuebles.
En el caso de Cataluña, a mucha distancia del resto de regiones, los expertos señalan también el creciente problema de okupación que padece desde hace años debido a las políticas más permisivas. Por ejemplo, en primavera de este año, varias familias okuparon un bloque de ocho pisos perteneciente a ADIF en Tarragona y que estaba abandonado desde hace más de una década. Se trata de un edificio en el que anteriormente se alojaban trabajadores ferroviarios.
Los okupados de Sareb, también en Cataluña
No es una situación exclusivamente de ADIF. La Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) tenía un total de 3.443 viviendas ocupadas en toda España a finales de septiembre, los últimos datos a los que ha tenido acceso este diario. Estos inmuebles están inmersos en procesos judiciales para recuperar la posesión. La mayoría de estas viviendas también se encuentran en Cataluña, concretamente 1.125, casi un 33% del total.
Una cifra que demuestra la gravedad de la situación de la ocupación en esta región. Estas cifras se deben a «la legislación catalana que desde hace años establece una serie de obligaciones a los propietarios que en otras comunidades no se establecen, como el ofrecimiento del alquiler social y que ahora el Constitucional ha anulado», asegura Arantxa Goenaga, socia y abogada de AF Legis. En esta región, según la especialista en temas inmobiliarios, se ha seguido una política en la que no se defiende a la propiedad, sino que se ponen trabas y burocracia para recuperar el inmueble que le han ocupado. «Por eso se ha visto que aquí hay una mayor facilidad para poder ocupar y que al propietario le cuesta más recuperar la posesión», añade.
«Las okupaciones de inmuebles, ya sean viviendas o locales, se han ido generalizando en el tiempo y se han incrementado, afectando a la Administración Pública, ya que también se producen en sus propios inmuebles», añade Goenaga. Una tendencia en alza desde hace años, que se intensificó a partir del año 2017 y que no ha dejado de crecer desde entonces. En este sentido, la experta recuerda que el desahucio administrativo es un proceso al que pueden acogerse las empresas públicas y que se encuentra regulado en la Ley 33/2003 de 3 de noviembre de Patrimonio de las Administraciones Públicas.
«Los poderes públicos pueden acogerse a esta ley para poner fin a una okupación irregular. Se inicia un proceso administrativo a través del cual se dicta una resolución de desalojo, y si esta no se cumple voluntariamente, se procede al desalojo a través de las Fuerzas Públicas», afirma la abogada.
Venta de viviendas de ADIF
Al margen de las propiedades que el gestor ferroviario público tiene ocupadas ilegalmente, ADIF dispone de numerosos espacios, locales o inmuebles en venta o alquiler. Una actividad que lleva a cabo, al igual que otros organismos públicos, desde hace varios años, aunque con cuentagotas. La empresa pública tiene propiedades de todo tipo, desde locales y espacios en estaciones de viajeros para actividad comercial hasta viviendas del patrimonio inmobiliario de Adif, locales e inmuebles.
En caso de no ser adjudicados en subasta, estos inmuebles pueden venderse de forma directa. En estos casos, las condiciones de la venta no podrán ser inferiores a las anunciadas previamente para la subasta; es decir por el mismo precio mínimo de licitación, en ocasiones puede haber condiciones adicionales (ventas por concurso).
