Fedea destapa tres 'trampas' del Gobierno para que el sistema de pensiones parezca viable
De la Fuente se suma a la Airef y a las dudas del PP, que ha logrado que la Comisión Europea revise un segundo informe
Ángel de la Fuente, director de Fedea. | THE OBJECTIVE
Fedea, la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, ha detectado hasta tres objeciones técnicas en la reforma de las pensiones del Gobierno de Pedro Sánchez que, por el momento, han permitido superar el primer examen europeo. Así lo confirma a THE OBJECTIVE su director ejecutivo, Ángel de la Fuente, que cuestiona la validez de los cálculos del Ejecutivo por tres razones principales.
La primera, por permitir que el Mecanismo de Equidad Intergeneracional se calcule incorporando las transferencias procedentes de ingresos adicionales vinculados a la reforma, como las subidas del salario mínimo. La segunda, por imponer una revisión al alza del PIB superior a lo que sería razonable. Y la tercera, por considerar el efecto de esa revisión del PIB sobre la ratio de gastos, pero no sobre la ratio de ingresos
Al igual que la Airef, Fedea plantea serias dudas sobre la metodología que el Gobierno ha introducido mediante sucesivos reales decretos. Todo ello ocurre mientras la Comisión Europea se ha comprometido, la semana pasada, a revisar la segunda opinión emitida por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), tras la demanda formulada por el eurodiputado del Partido Popular, Fernando Navarrete, como ya recogió THE OBJECTIVE.
Por este motivo, Fedea profundiza en un nuevo estudio en el análisis del método de cálculo del Ejecutivo y concluye que carece de credibilidad por «ser juez y parte».
Aprobar por los pelos
La semana pasada, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) emitió dos informes clave: uno oficial, destinado a su remisión a la Unión Europea, y otro en forma de Opinión, en el que se evaluaba la evolución de la reforma de pensiones y la sostenibilidad del sistema. En el primero, la Airef otorgaba un aprobado muy ajustado. En el segundo, expresaba dudas, señalando tácticas metodológicas similares a las que también critica Fedea.
Ambas instituciones apuntan al Real Decreto-ley 2/2023, que modificó el diseño original del «mal llamado Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI)». Entre otros cambios, introdujo una cláusula de salvaguarda que podría obligar a incrementar las cotizaciones sociales para evitar que el déficit del sistema público de pensiones se dispare.
Desde marzo de 2025, esta norma impone que la evolución de las cuentas se revise cada tres años. Para ello, deben emplearse las proyecciones de gasto del Informe de Envejecimiento (IE) que publica periódicamente la Comisión Europea, así como el informe sobre el impacto incremental de las medidas de ingresos derivadas de la reforma. Este último debe ser elaborado por la Airef aplicando los mismos supuestos macroeconómicos y demográficos que figuren en el último IE disponible.
Así, en función del resultado de las proyecciones, la cláusula de salvaguarda podrá activarse, lo que pondría en marcha un proceso semiautomático de ajustes. Esto ocurrirá siempre que el gasto medio previsto en pensiones públicas supere el 15% del PIB y que los ingresos adicionales se sitúen por encima del 1,7% del PIB, tomando como referencia el periodo 2022-2050.
«Una ilusión monetaria»
Para el director ejecutivo de Fedea, la metodología empleada por el Gobierno de Pedro Sánchez para evaluar su propia reforma de pensiones es «incorrecta». De la Fuente plantea al menos tres objeciones concretas, a partir del modo en que se ha aplicado la cláusula de cierre del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI).
La primera crítica se refiere a la inclusión de ingresos adicionales procedentes de transferencias que no están directamente vinculadas a las pensiones. Esto, advierte, puede desvirtuar el criterio de sostenibilidad, ya que permite reducir el gasto neto contabilizando ingresos que no son reales desde el punto de vista de las cuentas públicas consolidadas. En consecuencia, el déficit del sistema de pensiones se desplaza de forma artificial a las cuentas de la Administración General del Estado.
La segunda objeción tiene que ver con la revisión al alza de las proyecciones del PIB contenidas en el Informe de Envejecimiento de 2024, unas previsiones que podrían resultar excesivamente optimistas.
Por último —sostiene De la Fuente—, esta metodología «parte de una condición de sostenibilidad muy discutible, que genera una especie de ilusión monetaria al no tener en cuenta la evolución de los ingresos del sistema». El economista subraya que «una décima de punto arriba o abajo habría cambiado el resultado del examen del MEI», lo que contrasta con la visión optimista del Gobierno sobre la salud financiera del sistema.
Transferencias sin sentido
El doctor en Ciencias Económicas Enrique Devesa también comparte las tesis defendidas por la Airef, Fedea y la posición del Partido Popular Europeo.
En declaraciones a THE OBJECTIVE, el profesor de la Universidad de Valencia (UV) e investigador del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE), Enrique Devesa, afirma que «la Airef se ha visto muy encorsetada por el Real Decreto que indica de forma exhaustiva cómo tenía que realizar el informe trienal».
Pero «lo más destacado para mí es el hecho de que se admitan algunas transferencias que no tienen mucho sentido porque intentan financiar gastos (que antes se denominaban impropios) y que no responden a la lógica de pagar gastos no contributivos». Asimismo —añade—, «también destacaría que el informe debería centrarse en evaluar el déficit del sistema».
