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Economía

El nuevo acuerdo con Marruecos enfada a los agricultores: «Almería no producirá tomates»

La Comisión Europea ultima un acuerdo que afecta a los productos importados del Sáhara Occidental

El nuevo acuerdo con Marruecos enfada a los agricultores: «Almería no producirá tomates»

Tomates.

Enfado mayúsculo entre los agricultores por los intentos de la Unión Europea de cerrar un nuevo acuerdo comercial con Marruecos. Este acuerdo concede, a su juicio, preferencias arancelarias a los productos procedentes del Sáhara Occidental. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictaminó que el Sáhara Occidental es un territorio autónomo y jurídicamente distinto de Marruecos. Por ello, acusan a la Comisión de hacer un trabajo poco transparente para aprobar un nuevo pacto por el cual se van a vender productos de esta zona de África, vulnerando esta sentencia europea.

«Han estado en un proceso sigiloso y oscuro. Nos ha costado mucho tener acceso a la documentación. Hacen una interpretación muy curiosa de la sentencia del tribunal superior de justicia europeo con una solución que nos parece más una triquiñuela que la propia interpretación de lo que dicen los jueces europeos», asegura Jose María Castilla, director de la oficina de Asaja en Bruselas, en conversación con THE OBJECTIVE. «Esto es una maniobra para intentar no respetar la sentencia del TJUE, es una maniobra para llegar a una acuerdo con Marruecos y no se puede permitir que la Comisión Europea siga actuando a espaldas de todo el mundo», apunta por su parte Luis Cortés, de Unión de Uniones de Agricultores.

Una de las principales preocupaciones de los agricultores es el mecanismo de etiquetado propuesto, ya que la creación de un nuevo código o designación para los productos saharauis, presentándolos como si fueran de origen marroquí, «constituye un engaño para los consumidores y un acto de competencia desleal para los productores europeos». Además, añaden, este sistema permite que las mercancías entren en el mercado de la UE sin pagar los aranceles legalmente exigibles. «A nivel económico, supondrá que un cultivo tan importante para Almería como el tomate deje de producirse», asegura. Y es que son precisamente los tomates y los melones los principales productos que se cultivan en el Sáhara.

Competencia desleal

Una situación que avocará a estos consumidores almerienses a cultivar otros productos, con sus consiguientes efectos. «Si no hacen tomate ya porque no pueden ser competitivos, producirán otra hortaliza, con los costes de adaptación e impacto real sobre los cultivadores actuales de esa hortaliza», apunta Castilla. Es un acuerdo que «se ríe de los consumidores y consumidoras europeos, dado que no aporta ninguna solución real al etiquetado fraudulento de las producciones procedentes del Sáhara Occidental», asegura por su parte Andrés Góngora, responsable del sector de frutas y hortalizas de COAG. Además, creen desde COAG que deja en manos de las autoridades marroquíes la emisión de certificados de conformidad sobre el origen.

«Seguro que los importadores y la gran distribución europea están deseando recibir esas importaciones de Marruecos, cien por cien seguras y cometidas al cumplimiento de la legalidad de trazabilidad y etiquetado», añade Góngora. Por ello, desde Asaja piden un etiquetado de origen obligatorio, claro y verificable, que garantice la plena trazabilidad y evite prácticas fraudulentas en las fronteras de la UE. «Es un sin sentido y una verdadera incoherencia no etiquetar bien lo que viene de allí», apunta el director de la oficina de Asaja en Bruselas.

Sin contar con los saharauis

Más allá de las implicaciones comerciales, Asaja recuerda que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictamina que el Sáhara Occidental es un territorio no autónomo y jurídicamente distinto de Marruecos. Por lo tanto, ninguna inversión o flujo financiero puede sustituir el derecho del pueblo saharaui a determinar libremente su propio futuro. Por ello, las asociaciones agrarias acusan a Bruselas de «confundir el apoyo financiero con el consentimiento democrático» lo que representa un grave error político y jurídico. «Reinterpretan lo que dice la justicia, justificándose en que como van a invertir en regadío e infraestructuras, todo, por cierto, para luego competir contra nuestra producción, no es necesario consultarles», apunta Castilla.

Un acuerdo que ahora tiene que ser ratificado por el Parlamento Europeo. Las asociaciones instan a las instituciones de la UE a retirar el acuerdo comercial tal como está planteado. «Exigimos tanto la plena transparencia en el etiquetado de los productos como el respeto de los derechos políticos y jurídicos del pueblo saharaui, de modo que la política comercial de la UE siga siendo coherente con los principios de equidad, responsabilidad y primacía del Derecho internacional», apuntan. Si esto no sucede, reclaman al Gobierno de España que no apoye este acuerdo que atenta contra los intereses de los agricultores españoles.

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