El 15-M de la vivienda pasa al ataque y ya señala a universidades, inmobiliarias y pisos turísticos

Una parte del movimiento por el derecho a la vivienda camina progresivamente hacia su radicalización. Tras haber organizado grandes movilizaciones que tenían como objetivo contener la imparable escalada en los alquileres —recetando las mismas fórmulas que ya dispararon más de un 70% los precios en Barcelona—, los activistas han elevado el tono para empezar a señalar a aquellos agentes inmobiliarios, turistas o académicos a los que culpan de la situación actual o que no sintonizan con su discurso. Una universidad, una agencia inmobiliaria y varias fincas con apartamentos turísticos amanecieron este viernes vandalizadas, con las cerraduras destrozadas, grafitis en las puertas y empapeladas con carteles del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid, que tiene entre sus lemas que «los propietarios son culpables y el Gobierno es responsable» de la crisis habitacional.

Uno de los edificios afectados es la sede en Madrid de la canaria Universidad de las Hespérides, una institución académica privada que ha llevado a cabo varios estudios en los que se pone de manifiesto que el problema real de la vivienda en España es la falta de pisos, es decir, de oferta, en aquellos lugares donde hay más demanda, como Madrid, Barcelona y el resto de grandes urbes, una conclusión muy distinta a los postulados ideológicos que secundan grupos como el Sindicato de Inquilinas. Daniel Fernández, profesor de esta universidad, explica a THE OBJECTIVE que, al llegar por la mañana a las instalaciones, vio que «estaba la Policía porque habían atacado la sede y también una inmobiliaria cercana y varios pisos turísticos de la zona», una actuación que le parece «una vergüenza».

Según el docente, las políticas de vivienda que impulsa el Gobierno son «una barbaridad», tanto por la ausencia de construcción de pisos sociales como por los palos en las ruedas con los que se encuentra la iniciativa privada, que llevan a una «escasez de suelo artificial» que a su vez genera escasez de oferta ante una creciente demanda por el aumento de población que se da en algunas urbes, en parte por la inmigración. Por ello, Fernández se muestra muy crítico con los políticos: «O son malvados y saben lo que hacen, o no saben lo que hacen y son ignorantes». Asegura que «la izquierda del espectro político ha montado un monstruo al que atacar». «Intuyo que lo saben perfectamente, lo hacen a sabiendas para destruir el mercado y en el futuro dar con una solución cuando realmente son los culpables».

Subraya que la ley de vivienda no funciona y el hecho de que en Barcelona los alquileres hayan descendido es una mera «trampa estadística», ya que desaparecen del mercado los inmuebles que están por encima del tope legal de rentas y, aunque los que están por debajo mantengan su precio o se encarezcan, la media resultante es más baja por el «efecto de composición», es decir, «se están comparando cosas que no se pueden comparar». Hay menos pisos en el mercado, lo cual es un «fracaso», pero el precio medio de los que permanecen —los peores— es inferior.

«Quieren enfrentarnos, alientan a niños a que me machaquen»

Apenas unos pasos separan la universidad de la inmobiliaria vandalizada, en la misma calle del Ángel del gentrificado barrio de La Latina, donde se mezclan las conversaciones en español, inglés y francés y los turistas abarrotan muchas de las terrazas. «Yo no especulo, yo trabajo y pago muchos impuestos», apunta Rafael Vera, el dueño de RV Gestión Inmobiliaria. Vecino de Alcorcón de toda la vida, «hijo de albañil» y tres veces padre, es autónomo con dos empleados y habla sin tapujos sobre sus orígenes humildes: «Me considero obrero». «Estoy de baja médica y me llaman esta mañana a las 10, nos han roto la cerradura y nos han puesto un cartel que dice que hemos echado a las vecinas», relata sin ocultar su sorpresa. Comercializa pisos en zonas como Carabanchel o Leganés y trabaja normalmente para pequeños propietarios, aunque no ha olvidado cuando un gran tenedor, «hoy visto como un delincuente», le dejó alquilar su propiedad «a 750» a una familia cuando «su piso valía 900».

«No todos los propietarios que yo atiendo son de derechas ni fascistas», protesta. A veces, simplemente «han heredado una casa» y acuden a él para que les ayude a alquilarla, una profesión que ahora percibe como demonizada. «Tengo dos empleados y si bajan los ingresos, a lo mejor los tengo que mandar al paro o a mí mismo, que soy autónomo». Culpa a políticos como Pablo Iglesias de permanecer «cómodos y calentitos con su camisa en el despacho» mientras «alientan a estos chicos que funcionan como lo hacía la kale borroka, nos vamos de copas y cuando cierren el bar es vuestro momento». Habla en estos términos sobre quienes han atacado a su negocio, pero sospecha que «están alentados por personas que les están engañando». Constata que «son chicos y chicas totalmente confundidos». «Me está machacando un niño que no es multimillonario; lo peor es robarnos y enfrentarnos entre pobres, y es lo que quieren ellos, que nos matemos entre currelos».

Sobre la llegada de extranjeros al mercado residencial local, el inmobiliario expone que «en el centro de Londres o Berlín, las casas son carísimas y son una porquería», de modo que «lo que nosotros vemos caro, ellos lo ven como un regalo». «¿Por qué no [se] puede cobrar a un señor que viene de México o Alemania si se va a gastar 3.000 euros en el alquiler?», pregunta, y observa que «no se puede sacar un real decreto genérico» que prohíba a las agencias cobrar honorarios a cualquier inquilino, sea cual sea su presupuesto. Añade que «el precio de la vivienda pegó un subidón el mismo mes que salió la ley de vivienda», entre otros motivos porque el propietario tuvo que asumir estos honorarios, pero se repercutieron en los precios.

Vera también alerta del auge del fenómeno okupa, algo que no había visto en sus tres décadas de ejercicio. «Me han okupado tres casas y ahí hay un edificio de okupas y la gente les va a decir que lo están haciendo bien. No, llévatelo a tu casa. ¿Te has preguntado si esa persona que tiene que pagar el IBI es rica o es pobre? ¿Te has preguntado si le vas a arruinar la vida? Ya no puedo poner la dirección de la casa o fotos del portal en los anuncios».

«El año pasado fui a un piso, no entraba la llave en la cerradura y el aire acondicionado estaba en marcha. Llamé al timbre y una pareja de gitanos con el niño me abren y me dicen ‘llevamos 48 horas viviendo, te lo puedo demostrar’, y me sacó el ticket de Telepizza. Nos ha costado 3.000 euros la empresa de desokupación y 5.000 euros en efectivo; con amenazas de muerte, nos pedían 50.000 euros», prosigue el gestor inmobiliario, que sospecha que tras este auge de allanadores existe un «lobby interesado en vender alarmas». Considera que «el problema de la vivienda no tiene fácil solución», pero llama a «liberar suelo» y también a «controlarlo» para evitar pelotazos con recalificaciones que enriquecen a algunos e inflan los precios de la vivienda.