Propietarios y afectados por la okupación ven cerca el fin de la moratoria antidesahucios

La prórroga de la moratoria antidesahucios se enfrenta a una votación clave este jueves en el Congreso, en el marco del paquete conocido como «escudo social». A diferencia de otras medidas incluidas en el decreto, esta protección contra desalojos vulnerables se votará de forma independiente, lo que aumenta la tensión entre los distintos actores políticos y sociales. El pasado 27 de enero, la mayoría que suman el PP, Vox y Junts en el pleno del Congreso derogó el real decreto-ley de revalorización de las pensiones para 2026 porque contenía otras medidas económicas con las que no estaba de acuerdo, fundamentalmente la moratoria de los desahucios para familias vulnerables.

Tras ello, el Gobierno optó por aprobar dos decretos separados: uno con la revalorización de las pensiones, junto a otras medidas del escudo social que concitan el consenso de los grupos; y otro con la prórroga de la suspensión de los desahucios. Ahora, tras seis años de prórrogas sucesivas, tanto propietarios como afectados por la okupación e inquiokupación dan por hecho que esta vez la medida no saldrá adelante. Fuentes de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y distintos grupos políticos coinciden en que la prolongación indefinida de la moratoria ha generado demasiadas críticas, y que el Congreso parece dispuesto a dejarla expirar.

El debate sobre la moratoria refleja el choque entre la protección de los inquilinos más vulnerables y los derechos de los propietarios, especialmente en un contexto de escasez de vivienda. Durante años se ha prorrogado la medida con carácter excepcional, pero ahora, después de tantas extensiones, la sensación generalizada es que ha llegado el momento de poner fin a la suspensión de desahucios y trasladar la resolución de los conflictos al marco jurídico ordinario.

Acuerdo con PNV

El Gobierno y el PNV llegaron a un acuerdo parlamentario hace unos días para ajustar las medidas del escudo social relacionadas con la moratoria antidesahucios, en un intento de salvar la prórroga de estas protecciones tras el rechazo de la oposición en torno al decreto ómnibus. Según lo pactado, la futura prórroga no afectará a los propietarios que tengan una o dos viviendas —incluida la residencia habitual y una en alquiler— eximiéndoles de la obligación de ofrecer una alternativa habitacional en caso de impago. Con este ajuste, el Ejecutivo pretende equilibrar la protección de inquilinos vulnerables con la seguridad jurídica de pequeños propietarios, a la vez que evita que estos se conviertan en «nuevos ciudadanos vulnerables» por tener que asumir cargas económicas derivadas del decreto.

El PNV defendió que el pacto era necesario para evitar que las medidas del escudo social castiguen de forma indiscriminada a arrendadores modestos y facilitar que continúen ofreciendo viviendas en alquiler, un punto que consideraban clave para dinamizar el mercado y la oferta de vivienda en general. No obstante, el pacto ha sido objeto de críticas desde otras formaciones como Podemos, que han rechazado la exención para dueños de una sola vivienda alegando que debilita la protección de los inquilinos más vulnerables.

Colapso en los juzgados

Por otro lado, la previsible no aprobación el próximo jueves del Decreto Ley provocará que la moratoria de los desahucios a familias vulnerables decaiga tras casi seis años en vigor. Los bufetes aprovecharán la ventana de oportunidad para presentar demandas de lanzamiento de forma masiva. «Va a ser una avalancha de escritos y de reclamar», añade Goenaga, al tiempo que explica que cuando se levanta esa suspensión y se acuerda el lanzamiento, el Servicio de Actos de Comunicación del juzgado, que es quien determina la fecha, lo hace en orden según se va solicitando.

Aunque por el momento no se han hecho públicas cifras oficiales, las plataformas provivienda —como la PAH o el Sindicato de Inquilinas— han estimado que se trata de cerca de 60.000 desahucios paralizados, mientras que la Plataforma de Afectados por la Ocupación calcula que el número real está más cerca de los 80.000. Esta organización ha solicitado sin éxito los datos oficiales y ha reclamado mensualmente una reunión al Ejecutivo, petición ignorada sistemáticamente, tal y como hemos contado en este diario.