El Gobierno rebaja a 35 horas la jornada de los funcionarios como ya prometió antes del 23-J
El recorte horario se consolida con el teletrabajo en máximos y con las 38 horas semanales en el sector privado
Ilustración de Alejandra Svriz.
El Gobierno tiene previsto implantar a partir de marzo de 2026 la jornada laboral de 35 horas semanales para unos 250.000 funcionarios y empleados públicos de la Administración General del Estado. De esta forma culmina un compromiso adquirido con los sindicatos en octubre de 2022, meses antes de las elecciones generales del 23 de julio de 2023, cuya ejecución se ha retrasado más de tres años. La medida sustituirá el actual régimen de 37,5 horas semanales y se aplicará mediante una nueva instrucción de jornada y horarios que negocian el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública y las organizaciones sindicales en la Mesa General de la AGE.
El recorte horario se incluyó en el Acuerdo Marco para una Administración del Siglo XXI firmado el 19 de octubre de 2022 con CCOO y UGT, que recogía la reducción de la jornada para los funcionarios como uno de los compromisos centrales para mejorar sus condiciones laborales. Sin embargo, el pacto no fijó una fecha concreta para su implantación y la jornada se ha mantenido sin cambios desde entonces, pese a haberse firmado nueve meses antes de las elecciones generales. La activación ahora de esa medida se produce en la segunda mitad de la legislatura iniciada tras la investidura de Pedro Sánchez, cuyo calendario ordinario prevé, salvo adelanto electoral, la celebración de comicios en el verano de 2027.
La reducción situará a los funcionarios de la Administración del Estado con un horario inferior al de la mayor parte de los trabajadores asalariados del sector privado, según distintas estadísticas analizadas por THE OBJECTIVE. Los últimos datos de negociación colectiva indican que la jornada media pactada en convenio alcanza las 1.737,97 horas anuales, equivalentes a 38,05 horas semanales.
Funcionarios vs. sector privado
La diferencia supera así en tres horas semanales las 35 horas que tendrán los empleados públicos, lo que supone un desfase cercano al 8% del tiempo de trabajo. Incluso en los convenios de empresa, donde la jornada es más reducida, la media se sitúa en torno a 37,37 horas, mientras que en los convenios sectoriales asciende a 38,35 horas, ambos niveles por encima del nuevo régimen previsto en la Administración General del Estado.
La implantación de la jornada de 35 horas se producirá además en un contexto en el que el teletrabajo sigue plenamente vigente como modalidad de prestación del servicio en la Administración. Tras su regulación inicial durante la pandemia, el trabajo a distancia se ha consolidado como una fórmula ordinaria para determinados puestos administrativos, técnicos y de gestión, compatible con el sistema presencial en función de las necesidades organizativas y de la naturaleza de las funciones desempeñadas. La reducción del horario se suma así a un modelo laboral que ya había modificado la organización tradicional del trabajo en la estructura administrativa estatal.
El desarrollo de esta medida forma parte de un proceso más amplio de negociación sindical iniciado en 2022, en el que también se abordaron cuestiones relacionadas con la regulación del teletrabajo, la carrera profesional y la mejora de las condiciones laborales del personal público. Las organizaciones sindicales habían reclamado reiteradamente la aplicación efectiva de la jornada de 35 horas como uno de los compromisos pendientes del acuerdo marco, cuya ejecución se ha ido posponiendo durante los últimos años en paralelo a otros cambios normativos y organizativos en el empleo público.
Envejecimiento y 35 horas
La reducción de la jornada a 35 horas se produce en paralelo a una transformación demográfica relevante en la Administración General del Estado. El progresivo envejecimiento de la plantilla y el aumento del número de jubilaciones previstas durante la próxima década han obligado a los responsables de Función Pública a replantear la planificación de recursos humanos y la organización interna de los servicios. Este proceso ha coincidido con un aumento del número total de empleados públicos en los últimos años, impulsado por la incorporación de nuevas plazas y la estabilización de personal temporal.
El paso de 37,5 a 35 horas semanales implica una reducción del 6,7% del tiempo de trabajo convencional. Aplicado al conjunto de la plantilla afectada, el recorte supone una disminución equivalente a millones de horas de trabajo al año en términos agregados dentro de la Administración General del Estado. La medida revierte el incremento de jornada aprobado en 2012 durante la crisis económica y restablece un régimen inferior al vigente desde entonces sin que se haya planteado una reducción proporcional de retribuciones.
En el contexto europeo, la jornada de 35 horas que aplicará la Administración General del Estado sitúa a España entre los países con menor tiempo de trabajo en el sector público. Francia y Portugal cuentan con ese mismo límite semanal en su administración central, mientras que en Italia el horario ordinario es de 36 horas y en Países Bajos también se sitúa en torno a ese nivel. Estas referencias corresponden a los regímenes laborales de la función pública estatal y forman parte de los marcos fijados en sus respectivos convenios y estatutos.
Alemania, Países Bajos, Dinamarca…
Por encima de ese umbral se encuentran otras grandes economías europeas. En Dinamarca, la jornada estándar en la administración pública es de 37 horas semanales, y en Bélgica alcanza las 38. El caso más destacado es Alemania, donde los funcionarios federales tienen asignada una jornada de hasta 41 horas semanales, aunque los empleados públicos sujetos a convenio trabajan en torno a 39. Con este cambio, España pasa a tener un horario inferior al de la mayor parte de las administraciones centrales comparables de la Unión Europea.
La implantación de las 35 horas forma parte del conjunto de cambios acordados entre el Gobierno y los sindicatos en el marco de la modernización de las condiciones laborales en el empleo público. Su aplicación efectiva en marzo de 2026 cierra un proceso iniciado tres años antes y consolida un nuevo esquema horario en la Administración central, que se aplicará mientras el Ejecutivo afronta la última parte del actual ciclo legislativo y la preparación del siguiente calendario electoral previsto, en principio, para 2027.