Las minas españolas registran nueve víctimas mortales en cuatro accidentes en solo un año

Los últimos 12 meses han marcado un periodo negro para la seguridad minera en España. A pesar de que las normativas son cada vez más estrictas, lo que ha reducido los incidentes en las últimas décadas, del progresivo cierre de explotaciones y de la prohibición de la extracción de carbón a gran escala en 2018, en el último año se han producido hasta cuatro accidentes graves en minas —tres de ellos en instalaciones ya clausuradas o con su actividad reducida a mínimos, al menos sobre papel— que dejan un balance de nueve víctimas mortales. Esta situación ha generado malestar en el sector, donde se extiende la sensación de que el decrecimiento de esta actividad no ha ido acompañado de las necesarias labores de vigilancia por parte de las autoridades.

El siniestro más reciente tuvo lugar el pasado 25 de febrero en la Mina Magdalena, donde un empleado de 34 años de edad perdió la vida mientras trabajaba en el mayor yacimiento subterráneo polimetálico de España, operado por Matsa, la filial española de la multinacional australiana Sandfire. El accidente en Almonaster del Real (Huelva) generó indignación en la plantilla, y CCOO exigió responsabilidades ante la «insuficiente cultura preventiva» y «el alarmante índice de siniestralidad» en la provincia. Unos meses antes, la explotación semiexternalizada se vio envuelta en un conflicto laboral por las prácticas «abusivas», la prohibición de comer y beber en las galerías y la modificación unilateral de los turnos, según denunció el sindicato USO. Tras la tragedia, la compañía expresó su pésame, detuvo su operación en distintas minas y aseguró que vela «sin descanso por garantizar la protección, la seguridad y la salud de todas las personas», labor que definió como «una prioridad».

Sin embargo, las dos principales desgracias de los últimos meses han tenido lugar en Asturias. El 31 de marzo de 2025, cinco trabajadores fallecieron y otros cuatro resultaron heridos tras una explosión de gas grisú en la mina de Cerredo, en manos de la empresa Blue Solving, que contaba con permisos y subvenciones para explorar y sondear yacimientos de grafito. Sin embargo, las inspecciones posteriores hallaron indicios de extracción encubierta de carbón a gran escala. El incidente generó críticas ante la falta de vigilancia por parte de las autoridades: los expertos en seguridad no se cansan de advertir que esta equivale a que las empresas incumplan. La consejera del ramo dimitió a raíz del incidente y, hace un mes, la jueza imputó a cuatro responsables de la explotación por homicidio imprudente, lesiones y delito contra los derechos laborales.

Apenas medio año después, el 21 de noviembre, el luto regresó a la minería asturleonesa del carbón. Un desprendimiento, súbito y fortuito según la versión oficial, se cobró dos víctimas mortales, un hombre de 32 años y otro de 42. Las autoridades destacaron que TYC, la firma responsable de la explotación subterránea en Cangas del Narcea, cumplía escrupulosamente todas las normas de seguridad, pero expertos independientes lamentaron la falta de fiscalización de las Administraciones respecto a la actividad de las corporaciones privadas, teniendo en cuenta que en la región se registran más accidentes mortales que durante los años en que se extraía esta roca de forma intensiva.

Más allá de los accidentes fatales que han tenido lugar en minas a pleno rendimiento o parcialmente operativas, una galería con la concesión caducada en Cartagena se convirtió en escenario de otro trágico siniestro el pasado 20 de diciembre. Un picador de metal, una actividad tradicional entre los espeleólogos de la zona, sufrió una caída en un pozo de gran profundidad y se golpeó con una piedra en una antigua galería de Haití de Llano del Beal. Aunque la explotación llevaba años cerrada, el incidente generó debate e inquietud acerca de la seguridad en las instalaciones históricas. Aunque en la región se han llevado a cabo numerosas obras para evitar este tipo de sucesos, a menudo con subvenciones públicas, los propietarios de los terrenos tienen la responsabilidad de prevenir riesgos, pero con un seguimiento por parte de las instituciones.

«Las autoridades no hacen su trabajo»

«El problema es que las autoridades de Madrid y de las regiones no hacen nada», asegura a THE OBJECTIVE una fuente sectorial, que considera «increíble que ni las autoridades ni los sindicatos ni nadie dé importancia a las muertes en la minería» y define el balance de ocho fallecimientos en actividades industriales en 12 meses como «demasiado elevado para el siglo XXI». «Tenemos la muerte de un contratista en la Matsa, que ha tenido muchos accidentes mortales; hay una vida que se ha perdido y nadie habla de ello», indica este interlocutor, que lamenta que en la última Comisión de Seguridad Minera no se profundizara en el tema o que en este cónclave se omitan asuntos candentes en esta industria a nivel mundial, como los problemas que plantea para la extinción de incendios la maquinaria con baterías eléctricas.

Según esta versión, la causa de muerte que se comunicó «no se correspondía con la verdad», sino que se debió realmente a «un fallo grave en los procedimientos de seguridad», puesto que «un hierro cayó y perforó a una persona». Para este especialista, «cada vez más mineras en España tratan de bajar el precio de la mano de obra y contratan a personal que no tiene cualificación, cuando las personas que trabajan en una mina subterránea deben tener mucha preparación». Incide en que «no es aceptable que se hayan producido dos accidentes fatales en Asturias que han tenido la inspección que han tenido y en Andalucía, que no tiene inspección, pero hay una vida que se ha ido». Añade que, en muchos casos, «los accidentes son falsificados como incidentes y no registrados correctamente y los pequeños accidentes no son comunicados» y concluye que «las autoridades son culpables de estas situaciones porque no verifican, no fiscalizan y no hacen su trabajo».

Ramón Hervás, ingeniero técnico de minas, coincide en que «se están incrementando los accidentes», algo que atribuye, al menos en parte, a la «falta de medios por parte de la inspección de la autoridad minera». Este organismo «no está estructurado como la Inspección de Trabajo, que tiene inspectores y subinspectores», ya que «en el sector minero no existe esa escala» y ello genera un «problema importante» en tanto que estos equipos se encuentran saturados. El experto en seguridad minera explica que un inspector «no solo controla la seguridad, también controla temas de medioambiente, de vertidos, de aguas, de explosivos», lo que implica que, «si no hay problemas, se dedican a otras cosas, pero cuando hay un accidente, tienen ciertos problemas para hacer ese seguimiento».

El último Informe de Siniestralidad Minera, publicado el pasado mes de diciembre por el Ministerio de Transición Ecológica con datos que abarcan hasta el año 2024, refleja que los accidentes han caído a más de la mitad en España desde 2010. Esta es la mayor bajada observada entre las distintas actividades económicas con más riesgos laborales asociados, hasta situarse en niveles similares a los de la construcción, aunque cabe tener en cuenta las diferentes dimensiones de cada sector. Sin embargo, el principal descenso se ha observado en los de carácter leve, mientras que se han producido entre cuatro y diez accidentes mortales al año desde la prohibición del carbón en 2018, un ritmo sorprendentemente superior al de 2016, cuando se produjeron solo dos, el mínimo histórico tras una progresiva reducción en los ejercicios anteriores. El índice de incidencia, que tiene en cuenta los siniestros con consecuencias fatales sobre el total de trabajadores, dobló en 2024 el valor de ocho años antes. Si bien la seguridad ha mejorado notablemente en las últimas décadas en paralelo al endurecimiento de las normativas, la falta de fiscalización efectiva persiste como uno de los principales obstáculos a la hora de garantizar un entorno de trabajo seguro para los mineros del país.