Un aprobado pelado para el paquete de Sánchez

El Gobierno de coalición de Pedro Sánchez ha estado a punto de ser una de las bajas colaterales de la guerra iraní. El pasado viernes, durante cerca de dos horas, los cinco ministros de Sumar se negaron a entrar en la sala del Consejo de Ministros y avalar el decreto preparado para combatir el impacto de la crisis energética, porque no contemplaba entre sus medidas la prórroga obligatoria de los contratos de alquiler.

El propio Sánchez debió arremangarse e involucrarse personalmente en la negociación. Fuentes de ambos lados coinciden en señalar que el pulso fue tenso, de los mayores que han vivido los socios, pero, como decía Lluís Companys, hay que ser ministro, aunque sea de Marina, y al final los sumaristas encontraron un acomodo para salvar la cara sin dejar los cargos. La prórroga de los alquileres está en un segundo decreto que todos sabemos (ellos los primeros) que jamás será convalidado.

Una vez hecho el teatrillo y en el transcurso de la rueda de prensa posterior a la reunión, el presidente restó importancia al enfrentamiento e incluso lo puso de ejemplo de lo que es la vida moderna. «Bienvenidos —dijo con su sonrisita condescendiente— a la política del siglo XXI», aunque el episodio encajaría mejor en la Florencia de los Médicis.

Tampoco destacan por su modernidad las medidas publicadas el sábado en el Boletín Oficial del Estado. El núcleo central lo conforman rebajas fiscales generales, cuya principal ventaja es que impiden que la demanda se desplome en el corto plazo, pero que en el largo plazo suponen un remedio poco eficaz e injusto. Poco eficaz, porque no incentivan el ahorro ni la transición energética. Injusto, porque no discriminan a quienes más lo necesitan.

Es verdad que el paquete incluye un «escudo social» orientado a los más vulnerables, pero la experiencia con la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética no es muy alentadora. De hecho, los indicadores de pobreza energética no solo no han mejorado, sino que algunos han empeorado.

Finalmente, un decreto que compromete 5.000 millones de euros de dinero público debería ir acompañado de una memoria económica y contemplar algún tipo de mecanismo de seguimiento, pero ¿qué cabe esperar de un Gobierno que se ríe del control parlamentario sobre los Presupuestos Generales del Estado?

De todo ello debaten el profesor del IESE Javier Díaz-Giménez y el corresponsal económico de THE OBJECTIVE Miguel Ors Villarejo en este nuevo episodio de El Gris Importa.