Luces y sombras del plan anticrisis

En términos agregados, la guerra de Irán nos ha vuelto más pobres. Como importadores netos de energía, los españoles vamos a tener que destinar una fracción superior de nuestra renta a sufragar la subida del petróleo, quitándonosla del consumo, el ahorro y la inversión.

Ese es el primer hecho incontrovertible del que debe partir cualquier análisis responsable.

El segundo hecho incontrovertible es que, en términos desagregados, el choque es asimétrico. Para los hogares, el encarecimiento de la energía funciona como un impuesto altamente regresivo, porque cuanto más humildes sean, mayor será la proporción de sus recursos que habrán de destinar a luz, calefacción y transporte.

En cambio, para la Hacienda pública y algunas energéticas supone una inesperada lluvia de ingresos.

Supongamos ahora que nos encontramos en el limbo previo a nuestra encarnación terrenal. No sabemos todavía si cuando nos envíen a este valle de lágrimas lo haremos como un modesto pensionista o como el directivo de una petrolera con un generoso paquete de opciones. ¿Qué haría usted si, desde el velo de la ignorancia, tuviera que decidir qué se hace ante una situación como la que hoy atraviesa España? ¿Preferiría formar parte de una sociedad en la que los ganadores se guardaran las ganancias extraordinarias o de otra en la que las compartieran con los más menesterosos?

Si es usted de los primeros, puede dejar de leer en este punto. Pero si es de los segundos, quizás le interese saber cómo podría materializarse el reparto.

Impedir que la demanda se hunda

El primer beneficiario del choque petrolífero ha sido el Estado.

De acuerdo con un rápido cálculo que le he encargado a Perplexity AI, si el Brent se estabilizara en los 120 dólares, la recaudación anual por IVA en España aumentaría fácilmente en 500 millones de euros. Y si el barril se fuera a los 200 dólares, como Teherán pretende, estaríamos hablando de 1.800 millones de euros adicionales.

En consecuencia, el Plan Integral de Respuesta a la Crisis de Oriente Medio que ha aprobado el Consejo de Ministros contempla una reducción drástica de la fiscalidad. El IVA de la luz y el gas cae al 10%, se rebaja el impuesto especial sobre la electricidad al tipo mínimo del 0,5% y se suspende provisionalmente el que grava la generación. Los ciudadanos también habrán notado un alivio de hasta 30 céntimos por litro en el repostaje de carburante.

El propósito de este abaratamiento es fundamentalmente macroeconómico. Se trata de impedir que la demanda se desplome y la economía entre en recesión. A medio y largo plazo supone, sin embargo, una solución ineficaz y poco justa. Ineficaz, porque no incentiva el ahorro. Poco justa, porque no favorece más a quienes más lo necesitan.

Por eso la Comisión Europea recomienda que cualquier ayuda general sea transitoria.

Transferencias focalizadas

Mucho más sentido tiene la prórroga del escudo social que también contempla el decreto del Gobierno.

Invertir la recaudación extraordinaria en un programa de cheques y bonos que discrimine por nivel de renta, tipo de hogar (monoparentales, con varios menores, etc.) y estado de la vivienda (ventanas malas, calefacción obsoleta, etc.) permite concentrar los recursos en quienes sufren un perjuicio mayor: viudas con casas mal aisladas, familias trabajadoras que no llegan a fin de mes o parados de larga duración.

Un estudio del Banco de España concluía en 2023 que estas transferencias reducen más la desigualdad por cada euro de coste fiscal que una rebaja generalizada de impuestos indirectos.

Aguas arriba y aguas abajo

Sorprendentemente para el nivel de demagogia del que suele hacer gala habitualmente, el Consejo de Ministros parece haberse olvidado de los otros grandes beneficiarios de la guerra: las grandes petroleras.

Conviene aquí distinguir dos negocios: el upstream (literalmente, aguas arriba), es decir, la exploración y producción de crudo, y el downstream (aguas abajo), es decir, la transformación de esa materia prima en gasolina, diésel, queroseno o derivados químicos, y su ulterior distribución. Un choque de oferta como el actual dispara los beneficios del upstream al pasarse a contabilizar las reservas de los yacimientos al nuevo precio de mercado. Aguas abajo, en cambio, el consumo y, por tanto, los ingresos caen como consecuencia del encarecimiento a pie de surtidor.

Si aun así hacemos un ejercicio puramente mecánico, un barril a 200 dólares podría más que duplicar el margen unitario en el negocio upstream, lo que para una empresa como Repsol significaría duplicar igualmente el beneficio de un ejercicio normal.

En cuanto a grandes eléctricas como Iberdrola o Endesa, la subida del petróleo no supone un motivo de euforia. Al contrario. Es un entorno incómodo, con costes de combustible más altos, demanda más débil y, sobre todo, mayor tensión regulatoria, porque no faltarán las voces que reclamen la confiscación solidaria de sus ganancias.

Un recargo moderado y predecible

Los inconvenientes de una tributación específica sobre los resultados extraordinarios no son menores.

Para empezar, las empresas compensan los años malos con los buenos y, si el Estado grava los segundos, reduce su margen para soportar los primeros y hasta podría verse obligado a rescatarlas. Los marcos tributarios ad hoc tampoco estimulan la transición energética y pueden desviar la inversión a jurisdicciones más amigables. No podemos olvidar, por último, que a menudo el pagano de todo suele ser el consumidor, porque parte del gravamen acaba trasladándose al precio.

Ninguno de estos obstáculos es, en teoría, insuperable.

La incertidumbre no tendría por qué aumentar con un recargo moderado y predecible, que, por ejemplo, se activara al superar el crudo un precio determinado y durante un plazo preestablecido. El Gobierno debería, además, eximir del gravamen la parte del beneficio que se destina a innovación y, sobre todo, tendría que dejar claro que cada uno de los céntimos ingresados ha ido a compensar a los más vulnerables, y no a la condonación de deuda autonómica o a una participación de control en una empresa privada.

Pocos economistas serios objetarían un impuesto semejante, pero los precedentes no invitan al optimismo. Aunque teóricamente temporales, en España esta clase de exacciones se han ido prorrogando o mutando más que desaparecer. Y por supuesto, nadie sabe si su recaudación se ha destinado al propósito solidario para el que fueron concebidas.

Mantener la ilusión

La ejecutoria de nuestros gobiernos en materia de choques petrolíferos no puede calificarse de brillante.

De hecho, la profunda crisis que azotó España entre 1973 y mediados de los 80 fue en gran medida consecuencia de errores no forzados: un abaratamiento prolongado de la energía, que subvencionaba el consumo en lugar de desincentivarlo; una irresponsable expansión fiscal y monetaria, que mantenía la sensación de que nada pasaba, y una carencia de reformas para corregir la dependencia de los hidrocarburos.

Hoy, contamos con un suministro energético más diversificado y con mejores instituciones: el Banco Central Europeo hace impensables inflaciones del 28%, como la registrada en octubre de 1977.

Pero tanto la deuda como el déficit públicos parten de niveles mucho más elevados y, en medio del ciclo electoral que atravesamos, es poco probable que un presidente acometa un ajuste que rompa la ilusión de que vamos como un cohete. También es inquietante la falta de transparencia. El decreto que ha publicado el BOE se limita a cuantificar el paquete en 5.000 millones de euros, sin que lo acompañe una memoria económica. Y no incorpora un sistema de seguimiento que permita evaluar el impacto.

A peor

Ni siquiera la parte menos discutible de la iniciativa gubernamental, las subvenciones focalizadas, carece de tacha.

Su ejecución requiere una administración ágil y, desgraciadamente, no es el caso que nos ocupa. La Federación de Consumidores y Usuarios CECU denunciaba en febrero que la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética está pendiente de actualización y que, durante su vigencia, implementó menos del 60% de sus medidas. El resultado es que «los indicadores de pobreza energética no solo no han mejorado, sino que algunos han empeorado».

Si nos encontráramos en el limbo previo a nuestra encarnación terrenal, rezaría para que me tocara ser el directivo de una petrolera con un generoso paquete de opciones, y no el humilde pensionista.