Guerra en la CNMC por presiones políticas para dilatar la opa del BBVA sobre el Sabadell
El consejo del organismo se inclina por aplazar el veredicto hasta marzo, pese a que el cuerpo técnico no ve riesgos
La presidenta de la CNMC, Cani Fernández | Europa Press
La oferta pública de adquisición de acciones (opa) del BBVA sobre el Sabadell está provocando una guerra interna en el seno de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) por presiones políticas para que el proceso se dilate al menos hasta marzo. El cuerpo técnico del supervisor, en su mayoría, no ve riesgos para el sistema financiero, por lo que es proclive a autorizar ya la operación, pero el consejo presidido por Cani Fernández se inclina por llevar el análisis a una segunda fase, lo que retrasaría la decisión hasta la próxima primavera.
Fuentes cercanas a la CNMC señalan a THE OBJECTIVE que el malestar del personal técnico que está elaborando el informe con la cúpula es creciente porque no ven necesario aplazar los tiempos, al entender que las medidas que BBVA se ha comprometido a poner en marcha son más que suficientes para evitar los posibles problemas de competencia. Critican que los máximos responsables del organismo se están dejando influir por las peticiones de ámbito político para ampliar el estudio y colocan al entorno del ministro de Economía, Carlos Cuerpo, como principal protagonista de las presiones.
Cani Fernández reclamó hace unos meses que se dejara actuar libremente a su institución y negó que hasta entonces hubiera habido algún tipo de actuación de este estilo por parte de miembros del Gobierno u otras esferas. Pero todo apunta a que el panorama ha cambiado según se va acercando el periodo para adoptar una decisión al respecto, y que la presidenta se está dejando convencer. Las mismas fuentes indican que además del entorno de Cuerpo, se están recibiendo exigencias desde los partidos independentistas catalanes y vascos, aliados del Gobierno, que se han mostrados contrarios a la opa de BBVA sobre el Sabadell.
Fuentes oficiales de la CNMC niegan tales presiones y circunscriben la división de opiniones al diálogo habitual en este tipo de procesos. Además, indican que aún se está trabajando para tomar un veredicto y destacan tanto «la independencia» como la «profesionalidad» de la presidenta.
Aunque no hay una fecha definitiva, previsiblemente la sala de Competencia de la CNMC tomará una resolución a mediados de este mes, es decir, esta semana o la próxima. Está prevista una reunión para el miércoles 13 de octubre. Por ahora, este órgano se inclina por llevar a una segunda fase el análisis con el fin de hacerlo con una mayor profundidad y abrir un proceso de alegaciones en el que se incluyan las que pueda hacer el propio Gobierno, tal y como sostienen las fuentes cercanas conocedoras de la situación. De hecho, el Consejo de Ministros podría incorporar medidas adicionales al BBVA en el caso de que la CNMC aprobara la opa dentro de unos meses.
El ministro de Economía, que es el miembro del Ejecutivo que más ha expresado el rechazo a la operación, llegó apuntar a principios de octubre que el proceso se podría extender hasta marzo. Las presiones que se están recibiendo en la CNMC obedecen, en parte, a la necesidad de salvar la cara del ministro, ya que en sus explicaciones contra la transacción siempre ha destacado que supondría un riesgo para la competencia en el sector. Si el supervisor aprobara ahora la oferta de compra, su principal argumento se desvanecería y dificultaría, posteriormente, un veto a la fusión que el BBVA quiere llevar a cabo con el Sabadell una vez finalice la opa.
Otros motivos de la presión tienen que ver con la intención del Gobierno de no soliviantar a sus socios en esta recta final del año, con proyectos entre manos que tienen que ser aprobados en el Parlamento, como la reforma fiscal, que incluye una serie de impuestos y la permanencia del gravamen extraordinario a la banca.
En este contexto se encuentra la presidenta de la CNMC y su consejo, que prefieren alargar los periodos de la opa. Máxime, además, en vísperas de que se tenga que renovar parte de la cúpula del organismo con la designación de nuevos vocales y un vicepresidente. Precisamente uno de los socios del Gobierno, el PNV, negocia desde hace meses ocupar algún sillón de mando en la institución. Además, se tiene que conformar la estructura de la que será la nueva Comisión Nacional de la Energía, que hasta ahora depende de Competencia.
Fernández pidió en septiembre en el Congreso que la renovación se hiciera en tiempo y forma y que no debería prorrogarse más. Se tienen que nombrar cuatro consejeros. El PSOE estaba conversando con el PP para llevar a cabo este proceso antes de verano, pero los puentes se bloquearon después de que Moncloa decidiera, de manera unilateral, designar al ministro José Luis Escrivá gobernador del Banco de España, a la vuelta de las vacaciones estivales.
