Varias operadoras petrolíferas estudian una demanda millonaria contra el Estado
Fueron dadas de baja de unos depósitos clave para el suministro, lo que les ha llevado a acumular pérdidas
Una estación petrolífera. | Europa Press
Varias operadoras petrolíferas estudian una demanda millonaria contra la Agencia Tributaria tras darles de baja en el Redef (Registro de Extractores de Depósitos Fiscales) por la solicitud de un tercero que no pertenecía a estas empresas. Un escenario que ha llenado de incertidumbre a gran parte del sector. Las hipótesis que se manejan son posibles hackeos. Un escenario que estos días se ha intensificado -con varias afectadas- después de que hace un mes una empresa se viese perjudicada por este asunto.
La Agencia Tributaria está volviendo a reactivarlas de forma paulatina. En total, suman alrededor de una decena de empresas. Algunas han estado apenas unos días incapacitadas, pero hay otras que incluso lo han estado durante un mes. «Todas estas compañías han sido vetadas de extraer el producto de los depósitos fiscales, que es el lugar donde se deposita el producto petrolífero, y que te permite más tarde sacarlo para posicionarlo en el mercado de los distribuidores al por menor, que son gasolineras principalmente», aseguran desde un despacho especializado en el sector de los hidrocarburos.
Una nueva asociación que reúne a operadores petrolíferos, llamada Aopyde, resumen así el sentir de esta situación: «Los hechos suponen la apertura de la vía de la responsabilidad patrimonial de la Administración por mal funcionamiento del servicio público. Se estima en varios millones de euros las pérdidas ocasionadas tanto a las operadoras que no han podido realizar operaciones de venta durante la baja, como a las estaciones de servicio que se quedaban sin suministro de producto».
Bajas sospechosas
Según relatan los afectados, el pasado lunes 15 de julio, «un desconocido colaborador externo que había sido autorizado por el Ministerio de Hacienda presentó el modelo 036 (Censo de empresarios y profesionales) en nombre de varias empresas solicitando la baja de su actividad». Según argumentan, «sin pasar por los canales de supervisión establecidos, la Agencia Tributaria, sin previo aviso, accedió a la suspensión inmediata de la actividad de todas estas».
Solo pueden presentar ese modelo «los colaboradores sociales de la Agencia Tributaria». Estos pueden ser, según el organismo, entidades financieras, ayuntamientos, grupos de sociedades, empresas suministradoras de software, colegios y asociaciones de profesionales de la gestión tributaria, entre otros. Pero, según comentan fuentes técnicas, cualquier asesor fiscal de una empresa tiene acceso. Desde el sector claman: «Se está convirtiendo en algo habitual en el sector estas bajas en el Redef de operadores al por mayor de productos petrolíferos a través de estos modelos, que se presentan de forma fraudulenta».
Inseguridad jurídica
Las empresas salpicadas por este caso elevan esta realidad que están sufriendo y lo trasladan a otros sectores. «Este caos, injustificadamente creado, supone una inseguridad jurídica grave en el mundo de los negocios, ya que, dadas las circunstancias, cualquier empresa puede ser expulsada del mercado por un procedimiento administrativo fraudulento, sin control de la administración».
Desde el sector esperan que Hacienda corrija esta situación, que se califica de «increíble»: «La cuestión medular radica en cómo es posible que un colaborador social, externo a la entidad afectada, pueda gestionar una baja en el REDEF mediante la mera cumplimentación de un modelo 036 en un exiguo lapso de tiempo, sin que tal solicitud sea objeto de revisión por parte de un actuario de la AEAT. Estos actos, que vulneran gravemente la finalidad y representación del colaborador social, exigen una respuesta inmediata y contundente por parte de la AEAT», aseguran fuentes jurídicas.
Por último, sentencian: «Es de difícil comprensión que en un mercado de tan estricta regulación y perseguido sin tregua por estar bajo la sospecha constante de fraude, sea el mismo organismo regulador y supuesto garantista del correcto funcionamiento del sistema, quien caiga en semejante irregularidad, con todas las consecuencias que esto conlleva».
El sector petrolero en España se encuentra ahora mismo enfrentado entre unas y otras empresas que están reagrupadas en dos asociaciones. Por un lado, la patronal AOP (la Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos), que hasta ahora era la conocida y única, y por otro, Aopyde (la Asociación de Operadores Petrolíferos y Distribuidores Españoles), que ha irrumpido de forma reciente. Una relación tensa que incluso se ha trasladado a la marca elegida de estos últimos, ya que la AOP se queja de que el nombre elegido por la nueva organización es muy similar al suyo.
