Los inversores ante el 'vodevil' de los impuestos: quiebra la seguridad jurídica y frena la actividad
Fondos de inversión con intereses en España creen que los bandazos con los tributos perjudican la confianza en el país
María Jesús Montero, ministra de Hacienda y vicepresidenta primera. | Diego Radamés / Europa Press
Inversores extranjeros con sede en España han seguido con pavor las agónicas negociaciones en las que el martes de madrugada el Gobierno intentó sacar adelante su nuevo paquete de impuestos. Asesores de grandes compañías y fondos de inversión consultados por THE OBJECTIVE creen que el espectáculo de vodevil que se brindó a la opinión pública española y extranjera puede tener graves consecuencias para la credibilidad internacional de España, ya que genera un aumento de la inseguridad jurídica y, por tanto, desincentiva la actividad económica.
Las fuentes consultadas por este diario hablan de una quiebra de la seguridad y una evidente parálisis legislativa por la debilidad del Gobierno. Existe la sensación de que España puede incorporar un impuesto a cualquier sector y en cualquier momento con el solo objetivo de mantener los equilibrios parlamentarios y darlos como moneda de cambio para sacar adelante otros proyectos. Esto supone un importante nivel de inseguridad jurídica, ya que las empresas no saben a qué atenerse, ni pueden planificar sus proyectos ante la incertidumbre de que en el futuro se puedan cambiar las reglas del juego solo por una negociación política. Una situación que ya advirtió este martes el propio Banco Santander.
«Ya no sabes por dónde pueden salir para incluir más impuestos», dice un asesor de grandes empresas que buscan oportunidades de inversión en España. Y lo que pasó con el impuesto de la banca y las energéticas la noche del lunes es el mejor ejemplo de esta afirmación. La votación empezó con la idea de sacar adelante una prórroga para la banca y sin el impuesto a las energéticas, pero llegó a la madrugada con el primero de los tributos rechazado, y vuelto a incluir en una enmienda transaccional, y además aumentando su tramo más alto; mientras que en el caso de las eléctricas se acordó con ERC, Bildu y BNG incorporarlo en un Real Decreto de última hora que validaría una prórroga anual.
Impuestos a las energéticas
«La reunión de ayer fue de república bananera, y el comunicado a la una de la madrugada del Ministerio de Hacienda fue esperpéntico», dice un representante de un importante fondo de inversión con intereses en España. Se refiere al comunicado del Gobierno que a las 00.54 horas corregía la nota enviada a las 00.10 por Bildu, ERC y BNG indicando que el Gobierno mantenía su acuerdo con Junts «para no gravar a las empresas energéticas que mantengan su compromiso efectivo de inversión para la descarbonización». Cuarenta minutos antes, los grupos nacionalistas de izquierdas habían dicho que se haría un Decreto Ley para prorrogar un año el tributo a las eléctricas. Durante este martes, nadie ha aclarado cómo se va a solventar esta contradicción.
Del mismo modo, se aprobó el impuesto a las multinacionales a un tipo único del 15% -con el objetivo de cumplir con las exigencias de Bruselas-, un aumento de dos puntos en el IRPF para las rentas más altas, incluir impuestos a los vaperadores, más carga fiscal para el tabaco y un cambio legislativo para evitar el fraude en los hidrocarburos. Por el contrario, se rechazó equiparar la tributación del gasóleo no profesional con la gasolina, el fin de la ventaja fiscal de las Socimis, un nuevo impuesto al lujo, el fin de la exención en el IVA de los pisos turísticos y el fin de la exención a las primas de seguros privados sanitarios.
Un cúmulo de despropósitos que, por ejemplo, afectó de lleno a las Sociedades Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario (Socimis). Durante toda la semana, estas compañías pensaron que tendrían que soportar una mayor carga fiscal, lo que llevó a dos gigantes del sector como Merlin y Colonial a deslizar que se marcharían de España si esta norma salía adelante y a registrar fuertes caídas en bolsa. Finalmente, no se aprobó, pero nadie duda de que se volverá a retomar esta norma en el futuro o que se utilizará como moneda de cambio para sacar adelante otras negociaciones parlamentarias.
Caída de la inversión
Esto nos lleva al segundo gran impacto para los inversores: la debilidad del actual Gobierno. Un Gobierno que probablemente tampoco pueda sacar adelante los presupuestos generales del Estado (PGE) del próximo año 2025 no es el mejor respaldo para las empresas, españolas y extranjeras. Si sus socios parlamentarios siguen sin ponerse de acuerdo, será imposible sacar adelante nuevos proyectos de ley, lo que llevará a una parálisis legislativa que también puede afectar seriamente a las expectativas empresariales y el entorno para hacer negocios en España.
Las fuentes consultadas advierten de que todo este clima, que viene empeorando desde que comenzó la legislatura en noviembre del año pasado, derivará tarde o temprano en un desincentivo y una parálisis de la actividad empresarial, tanto desde el punto de vista de la inversión de las empresas españolas como de las extranjeras. Recordemos que la inversión extranjera de los seis primeros meses del año ya cayó un 3,7% y que la inversión privada lleva casi un año estancada, por lo que estas nuevas señales contradictorias podrían profundizar en estos desempeños negativos.
A la actividad económica no le queda más remedio, señalan, que seguir ligada exclusivamente al impulso del gasto público y al mayor endeudamiento fiscal, un mix de crecimiento que no cuenta con el sector privado y que no impulsa la actividad industrial ni el desarrollo del tejido productivo, y que además es altamente peligroso si consideramos que Bruselas pedirá ya para este mismo año que España comience a ajustar su déficit.
