El Gobierno impone exigencias a los nuevos proyectos renovables tras el 'caso Forestalia'

El caso Forestalia ha sido uno de los asuntos más delicados para el Ministerio de Transición Ecológica. Hace unos días, la ministra Sara Aagesen aseguró que estaban investigando expedientes vinculados a esta compañía y que los plazos de ejecución del macroparque eólico del Maestrazgo (en Teruel) estaban en suspenso, como el resto de proyectos verdes. En medio de ese escenario, el Gobierno ha colado exigencias a los nuevos proyectos de energía renovable entre las 80 medidas del Plan Integral de Respuesta a la crisis de Oriente Próximo.

Según desveló este medio, la Guardia Civil investiga si la actual directora general de Calidad y Evaluación Ambiental, Marta Gómez Palenque, amparó las irregularidades de Forestalia en Teruel. La Unidad Central Operativa de Medioambiente (Ucoma) ha constatado que uno de sus subordinados, Eugenio Domínguez, facilitó licencias medioambientales a Forestalia a cambio de diversas «contraprestaciones». Para ello habría creado «un sistema de tramitación paralelo». Ambos ya han sido imputados por otorgar permisos a favor de un parque fotovoltaico en Extremadura.

Sobre las medidas, fuentes del Gobierno señalan que el último punto que quieren abordar en la parte energética es lograr que el consumo energético venga de fuentes renovables «bien hechas». Para ello, desde el punto de vista político, las mismas fuentes argumentan que quieren dar una respuesta al que dice que «renovable sí, pero no así». Explican que quieren renovables de una manera respetuosa, bien integrada en el territorio, con máxima sensibilidad territorial, social y ambiental.

Según el Gobierno, esto último en la práctica se traduce en un paquete de medidas en el que destaca en primer lugar que se consagra en la ley del sector eléctrico la obligatoriedad de que un proyecto renovable redunde en beneficios para el territorio en el que se asienta. Es decir, ya no es una buena práctica o una recomendación, sino que se convierte en una obligación. Y eso no vale solo con pagar los impuestos, «que está muy bien y es una obligación legal», sino redundar en beneficios para el territorio.

En segundo lugar, se amplían ligeramente los plazos de participación pública en las tramitaciones de renovables. Un proyecto en el que los ciudadanos tengan un poco más de tiempo para participar de forma proactiva; si además ese proyecto se ha trabajado bien, tendrá mayor facilidad para lograr la tramitación administrativa. Por otro lado, se establece un sello de excelencia de los proyectos renovables (se fijará una serie de criterios de participación pública, de cohesión con el territorio, impacto positivo en comunidades energéticas, relación con la agrovoltaica…) que colocará a una empresa en primer lugar en la cola para la Administración.

Estas medidas presentadas por el Gobierno han generado cierta confusión porque no están vinculadas a la situación actual de guerra en Irán. Sin embargo, fuentes gubernamentales las defendieron señalando que era necesario creerse realmente que se podría ser autónomo de otros países que exportan hoy combustibles fósiles y que para ello era necesario aprobar medidas relacionadas con las renovables. Sin embargo, el 70% del consumo energético de España procede principalmente de combustibles fósiles, como así lo señaló recientemente un informe de JP Morgan.

Sobre el caso Forestalia, el partido político Teruel Existe fue uno de los que más ruido hizo hace años precisamente con la denuncia de la irregularidad de los proyectos. Este medio publicó la siguiente frase de uno de los integrantes de este partido: «Sería imposible restituir un destrozo de tal calibre». El Gobierno aprobó en diciembre de 2022 su evaluación ambiental, pero varios particulares denunciaron infracciones en el proceso. En ese momento, un juez investigaba posibles delitos medioambientales.

Hace unos días, el portavoz de Teruel Existe en las Cortes de Aragón, Tomás Guitarte, cuestionó que la exministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, desconociera la situación en la que se encontraba la tramitación de los expedientes de declaración ambiental a favor del grupo Forestalia para la instalación de parques de renovables en distintos puntos del país.