El sector petrolero teme que el impago al fondo de eficiencia se convierta en el nuevo fraude

El fraude del IVA (impuesto sobre el valor añadido) ha dejado de ser una preocupación en el sector de los hidrocarburos, después de que la actuación delictiva provocara un agujero de cientos de millones de euros en los últimos años. El Gobierno no solo ha aprobado medidas muy exigentes que han dejado solo a ocho operadoras trabajando en condiciones normales en el mercado al por mayor de carburantes, sino que además ha inhabilitado en los últimos meses a todas aquellas compañías sospechosas. Sin embargo, ahora surge una nueva alarma en el sector: el impago al Fondo Nacional de Eficiencia Energética (FNEE).

Según fuentes del sector petrolero, «una compañía que tenga una cuota de mercado del 1,5%, por ejemplo, se puede ahorrar un pago de aproximadamente 70 millones de euros de los dos ejercicios (2025 y 2026) si no cumple con esta obligación. Se trata de una laguna legal con unas consecuencias económicas enormes. Solo hay que observar la página web de la CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia) y ver cómo en los últimos años se ha visto una tendencia de operadores que se dan de baja el 31 de diciembre para evitar la entrada en el censo y, potencialmente, dejar de ser sujeto obligado en el siguiente ejercicio. Esta situación tan solo es relevante en los últimos ejercicios, cuando dicha obligación ha empezado a ser importante cuantitativamente, ya que con anterioridad no lo era».

Sobre esto último cabe mencionar a una controvertida empresa llamada Gunvor, que fue acusada por el Departamento de Tesoro de Estados Unidos de tener vínculos con el Kremlin. Hace unos meses, y según adelantó este medio, la empresa abandonó su actividad de hidrocarburos en España y paralelamente dejó de pertenecer a la principal patronal del sector, AOP (ahora AICE). Fuentes del sector petrolero consultadas por este medio apuntan precisamente a esta compañía por haber eludido el pago al fondo de eficiencia.

«Poco ético»

«El modelo actual abre la posibilidad de realizar muchas actuaciones que evitan pagar dicha obligación, generando distorsiones competitivas entre los sujetos obligados. Este arbitraje legal consiste en evadir la obligación al amparo de la ley de una forma regular, aunque poco ética. Es decir, en el año 2027, todas las compañías que permanezcan en activo deberán pagar su obligación en base a las ventas del 2025, absorbiendo la parte de las compañías que ya no formen parte del censo. Las compañías que quieran evitar este pago millonario pueden llevar a cabo una estrategia comercial de ventas masivas, dando de baja su actividad el 31 de diciembre del 2026, a fin de ahorrarse esta obligación y su pago de lo devengado en los dos años anteriores (2025 y 2026 en este caso)», señalan fuentes del mercado.

«Por el contrario, las compañías que quieren dar cumplimiento a esta obligación están aplicando este concepto en la composición del precio de sus ventas actuales para su ingreso cuando corresponda, lo que aumenta este con relación a las compañías que no lo hacen. Por tanto, se vuelve a generar una competencia desleal entre las compañías que cumplen rigurosamente la normativa y las que planean no cumplirla», señalan.

Según las mismas fuentes, «el problema en este caso es que las compañías que no vayan a cumplir esta obligación no van a tener una sanción penal, como sí la tendrán -o han tenido- aquellas que han cometido fraude en el IVA. Por el contrario, las compañías que estén en activo deberán pagar esta obligación, so pena de ejecución de la misma por parte de la Administración. Esto hará que las compañías que tienen una estrategia predeterminada de evitar el cumplimiento de esta obligación, además de quedarse estas cantidades —en el mejor de los casos como beneficios extraordinarios—, puedan aplicar una política de precios más agresiva al no incluir este concepto en sus precios, provocando una competencia desleal en el mercado».

En España, la factura de los combustibles, el GLP (gas licuado de petróleo), el gas natural y la electricidad soporta una carga legal destinada a la consecución de ahorros de energía mediante la mejora de la eficiencia energética. Se trata de la contribución obligatoria que las empresas mayoristas o minoristas de estos sectores están obligadas a realizar al Fondo Nacional de Eficiencia Energética (FNEE). Así lo establece la Ley 18/2014, que crea y regula el Sistema Nacional de Obligaciones de Eficiencia Energética (SNOEE).

Las contribuciones son recaudadas por el Instituto para la Diversificación y el Ahorro de Energía (IDAE), dependiente del Ministerio de Transición Ecológica, que gestiona los fondos. Esta cantidad se divide entre los sujetos obligados a su pago en proporción al volumen de sus ventas, tomando de referencia el segundo año anterior al de su pago.

El Real Decreto 36/2023 crea y regula el Sistema de Certificados de Ahorro Energético (conocidos como CAEs), que es un mecanismo de acreditación y certificación de la consecución de cantidades de ahorro energético mediante la realización de actuaciones aprobadas y asociadas a la generación de una determinada cantidad de ahorro energético. Actualmente, la posibilidad de cumplir la obligación de eficiencia energética mediante la aportación de CAEs, alternativamente a su pago, es del 92% del objetivo de ahorro.