El Gobierno oculta desde 2022 la inversión real del Estado en las distintas comunidades
Hacienda limita, sin explicaciones, la información de cómo se ejecutan las partidas en las comunidades autónomas
Hacienda ha decidido dejar de publicar semestralmente la estadística de la inversión real territorializada. En la imagen, la ministra María Jesús Montero. | Ilustración de Alejandra Svriz
El Gobierno oculta desde junio de 2022 los detalles de la distribución de la inversión real del sector público estatal en las comunidades. Con Cataluña en el foco por los pactos y concesiones a los partidos independentistas que apoyan, cada vez con menos interés, al Ejecutivo, el Ministerio de Hacienda ha decidido dar de baja sin explicación una estadística clave que empezó su andadura en 2009. Sin estos datos, queda cojo el debate sobre qué comunidades reciben más inversiones, cómo se ejecutan y en qué periodos y si algunas salen perjudicadas debido a los compromisos del Gobierno con sus socios independentistas.
Según ha constatado THE OBJECTIVE, el Gobierno determinó el pasado enero –ver publicación en el BOE– eliminar de su plan estadístico la distribución territorial de la inversión del Sector Público Estatal. La decisión se tomó tras dos semestres sin divulgar el registro. La última fecha de publicación fue el 11 de octubre de 2022 y en el informe se aportaban los datos del primer semestre de ese año. En unos días, si no se hubiese silenciado esta publicación, deberían haberse conocido las cifras de ejecución hasta junio de 2024.
La Intervención General de la Administración del Estado elaboraba esta estadística para cumplir con la obligación impuesta por el artículo 135 de la Ley General Presupuestaria. Este texto tenía como objeto poner a disposición de las Cortes Generales, a través de su Oficina Presupuestaria, «con periodicidad semestral», la información regionalizada sobre el grado de ejecución de la inversión real del Sector Público Estatal.
Desfase e información limitada
Tras la decisión del Gobierno, ahora solo se podrá conocer, con un importante desfase, la inversión regionalizada del Ministerio de Transportes. Esta será pública, en principio, en diciembre de este año y mostrará las cifras relativas a 2023. El Gobierno está decidido a que esta sea la dinámica y los plazos, para conocer la ejecución de la inversión.
El último dato cerrado que se conoce es el de 2021. Ese ejercicio la inversión real ejecutada por el Estado fue casi el triple en Madrid que la realizada en Cataluña. En ese periodo, el Estado invirtió en Cataluña el 35,7% de todo lo presupuestado. En total fueron 739,8 millones de euros, por debajo de los 2.068 millones planteados. Esto contrasta con los 2.086 millones de euros ejecutados en Madrid, lo que supone en este caso una ejecución del 187%, por encima de lo previsto, que era de 1.113,8 millones.
Esta es la última radiografía que dejó la ya extinta estadística. Sin embargo, estos datos deberían verse con una perspectiva de varios años. Así, la mayoría de las inversiones tienen carácter plurianual -cuatro o cinco años-. Esto supone que habría que considerar los ejercicios anteriores y los posteriores -algo que ya no será posible- para tener una imagen real. Es probable que la escasa inversión ejecutada en Cataluña en 2021 pueda haberse visto compensada posteriormente.
Inversión en Cataluña y Madrid
Una alternativa, que no permite ver el desarrollo de las inversiones, es la recogida en los presupuestos generales. Las cuentas públicas, según informaba recientemente La Razón, muestra que en la era Sánchez las inversiones territorializadas en Madrid habían crecido solo un 4,65%. Mientras, en Cataluña, el aumento rondaba el 33%. Destacaba que Madrid, con un 14% de la población española, recibió en los presupuestos de 2023 tan solo el 9,7% del total de las inversiones. Mientras, el porcentaje de Cataluña suponía el 17,2% del total.
La alarma por la falta de información y la desaparición de esta estadística ha llegado incluso al Portal de Transparencia. El interés de un ciudadano por las razones del carpetazo del Gobierno a un registro ha tenido como respuesta el silencio administrativo. Esta táctica es cada vez más utilizada por el Ejecutivo. La pregunta, formulada a finales del pasado año, se quedó sin respuesta. El Gobierno no quiso revelar que su intención era eliminar la estadística, algo que sucedió solo dos meses más tarde.
El demandante de la información pedía conocer por qué esta estadística clave había dejado de ser pública. También se interesaba por quiénes fueron los responsables de no publicarla o retrasar su publicación. Por último, solicitaba la fecha en las que se produjeron las decisiones. Por su parte, los responsables del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) decidieron reprender al Ministerio por optar por el silencio en lugar de facilitar la información que debía estar en su poder. Además, afean al ministerio intentar eludir la respuesta a partir de supuestos incumplimientos de plazos. Por último, el CTBG insta a que Hacienda facilite la información solicitada, algo que está por ver.
