El Gobierno quiere que el escudo antiopas sea permanente también para empresas de la UE
La norma instaurada durante la pandemia ya se aplica ‘sine die’ para compañías de países extracomunitarios
El ministro de Economía, Carlos Cuerpo. | Pablo Requejo / Europa Press
El Gobierno trabaja en fórmulas legales para hacer permanente el escudo antiopas frente a empresas de la Unión Europea interesadas en invertir en compañías estratégicas españolas, según ha podido confirmar THE OBJECTIVE en fuentes conocedoras. De esta manera, toda la entrada de capital foráneo en estas sociedades estaría sujeta a la autorización gubernamental, ya que desde el año pasado esta norma se aplica sine die para extracomunitarios. Una herramienta que ha servido para vetar la opa de la húngara Magyar Vagon a Talgo y limitar la de la francesa Vivendi en Prisa.
El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, indicó el fin de semana en una entrevista a la agencia Colpisa que están trabajando en una prórroga del que ha sido denominado escudo antiopas y que limita la inversión de empresas comunitarias en compañías españolas consideradas estratégicas por el Gobierno. Incluso se habla extraoficialmente de un año más, tras aplicar sucesivas extensiones del plazo original aplicado en plena pandemia en el año 2020.
Sin embargo, este diario ha podido confirmar que la idea es mantener esta norma de manera vitalicia. En el Gobierno quieren establecer permanentemente el escudo frente a empresas de la Unión Europea ya desde enero de 2025, aunque si no se logra el encaje legal se prorrogará uno o dos años, para pasado este periodo establecer el veto permanente y recogerlo en un cuerpo legal. Plazos que encajan dentro de la actual legislatura que expira en el año 2027, si no se convocan elecciones anticipadas.
Tres prórrogas
La norma se aplicó en plena pandemia mediante dos decretos: el primero a empresas extranjeras y, semanas más tarde, un segundo decreto prorrogable a las comunitarias. Afecta a todas las compañías que quieran adquirir más de un 10% de una corporación estratégica por más de 500 millones de euros y el 5% en inversiones en sociedades vinculadas a la Defensa. Todas ellas deben pasar por el filtro del Gobierno.
El objetivo era proteger a empresas españolas clave como las de telecomunicaciones, energéticas, infraestructuras y defensa que vivían bajas valoraciones bursátiles por la pandemia y que podían estar a merced de fondos especulativos. Posteriormente, se realizó una primera prórroga a finales de 2020 y una segunda en noviembre de 2021, siempre justificada porque los efectos de la covid en la economía no terminaban de solucionarse.
Pero llegó una tercera prórroga en diciembre de 2022, esta vez con el argumento de la guerra de Ucrania y la posibilidad de que países ajenos a la Unión Europea y a la OTAN penetrasen en empresas estratégicas españolas. Esta se hizo por dos años, hasta diciembre de este 2024. Seis meses después (en junio de 2023), el Gobierno publicó la Ley de inversiones extranjeras, haciendo permanente la norma para extracomunitarias, pero dejando fuera a las europeas cuyo control por parte del Gobierno seguía sujeto a este decreto temporal.
Escudo antiopas y Talgo
Ahora, ante una cuarta prórroga, en el Gobierno quieren hacer permanente la norma, pero para ello deben encajar su desarrollo en las leyes comunitarias que tienen como uno de sus principios fundamentales la libre circulación de capitales. En este caso, en el Ejecutivo y en el Ministerio de Economía se aferran a que países como Francia tienen normativas similares y para ello buscan poner en marcha una legislación que lo permita sine die.
«Contamos con buenos datos de llegada de inversión extranjera y eso es compatible con proteger los intereses de nuestra industria y sectores estratégicos, como ha sido en el caso de Talgo por motivos de seguridad», dijo Cuerpo a Colpisa. No obstante, la opinión de los inversores y de fondos de inversión extranjeros es distinta. En primer lugar, se cuestiona que estamos ante una norma que vulnera la libre circulación de capitales y, en segundo término, que se quiera someter prácticamente todas las operaciones de inversión al escrutinio del Gobierno.
La norma solo habla de sectores estratégicos, aunque según la ley de inversiones extranjeras, prácticamente todas lo son, incluyendo a las grandes corporaciones del Ibex con intereses e infraestructuras en energía, transporte, agua, sanidad, comunicaciones, medios de comunicación, tratamiento o almacenamiento de datos, aeroespacial, de defensa, electoral y financiera, y las instalaciones sensibles, «así como los terrenos y bienes inmuebles que sean necesarios para su operación», dice la norma publicada antes de las elecciones generales de julio del año pasado.
Naturgy y Prisa
Desde que se aprobara en 2020, este escudo antiopas ha condicionado inversiones como la entrada del fondo IFM en Naturgy y la posterior entrada de Blackrock en sustitución de GIP en la misma compañía energética; limitó la entrada de Vivendi en Prisa; la compra de MásMóvil por los fondos agrupados en Lorca y su posterior fusión con Orange; la adquisición de los británicos de Zegona en Vodafone; la de los saudíes de STC en Telefónica; y recientemente vetó la entrada de los húngaros de Magyar Vagon en Talgo.
Los datos del departamento de inversiones extranjeras indican que desde 2020 se han acumulado 263 expedientes, 97 en el año 2023, último con datos oficiales. De ellas, 212 se aprobaron sin aplicar medidas de mitigación «al no apreciarse riesgos significativos para la seguridad, salud u orden públicos», a 24 se les aplicaron medidas de mitigación y otras 26 se archivaron al considerarse que no debían someterse a este régimen. Solo una se rechazó hasta finales de 2023, a la que habría que sumar el veto a Magyar Vagon conocido en agosto de este 2024.
Escudo antiopas por países
En cuanto al origen de las solicitudes, la tramitación de empresas europeas es casi inexistente (solo dos en 2023), por 105 expedientes de inversión con origen en Estados Unidos, 32 de Reino Unido, 23 de Emiratos, 21 de China, diez de Canadá, nueve de Australia, ocho de Singapur y ocho de Japón. La duda es saber si esta ausencia de solicitudes comunitarias se produce por un efecto disuasorio -por el freno del trámite burocrático- o efectivamente no existe interés de las compañías del continente.
Los críticos de esta medida indican que el escudo antiopas no hace sino agregar burocracia a las decisiones de inversión en España, fomenta el uso político de la herramienta y otorga al Ejecutivo un poder total que obliga a las empresas a adaptar sus proyectos a los requerimientos del Gobierno de turno. La inversión extranjera directa se redujo un 3,7% en el primer semestre del año, hasta los 11.792 millones de euros, con un fuerte parón del capital de Estados Unidos, que se recortó en más de un 60% en este mismo periodo.
