Ribera no ha gastado el 90% de los fondos UE destinados a mitigar el riesgo de inundaciones
El Ministerio de Transición Ecológica solo ha usado 119 millones de los 1.085 previstos en el Plan de Recuperación
Teresa Ribera, vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica. | Belga / Europa Press
El Ministerio para la Transición Ecológica, dependiente de la candidata a vicepresidenta de la Comisión Europea, Teresa Ribera, mantiene en el cajón 966 millones de euros de fondos europeos Next Generation que el Plan de Recuperación y Resiliencia aprobado en 2021 destinó a «seguimiento y restauración de ecosistemas fluviales, recuperación de acuíferos y mitigación del riesgo de inundación», un componente con el que se buscaba realizar inversiones para prevenir desastres como el ocurrido en la provincia de Valencia a causa de la DANA.
Según ha confirmado THE OBJECTIVE tras analizar los últimos cuatro años de ejecuciones presupuestarias, el ministerio de Teresa Ribera ha realizado pagos por valor de 119 millones en este apartado, apenas el 10% de los 1.085 millones que el Plan de Recuperación destinó específicamente a la restauración de ecosistemas fluviales y a mitigar el riesgo de inundaciones. Solo se han transferido 74,5 millones a las comunidades autónomas en 2022 y 44 millones a Acuaes (Sociedad Estatal Aguas de las Cuencas de España) para la reducción de extracción de agua subterránea en 2023.
El análisis de las cuentas públicas refleja además que buena parte de estos 1.085 millones estuvieron consignados en cada uno de los sucesivos presupuestos generales del Estado (PGE) desde 2022, y que incluso fueron apuntados como obligaciones reconocidas (un gasto aprobado y comprometido y que comporta la propuesta de pago correspondiente), pero nunca se llegaron a transferir. Se consignaron obligaciones por 914 millones entre 2022 y 2024, pero los pagos efectivos no superaron el 13% de esta cifra.
Ecosistemas fluviales
El «seguimiento y restauración de ecosistemas fluviales» se refleja por primera vez en las cuentas públicas de 202 con 221 millones; 146,7 millones para el Fondo de Restauración Ecológica y Resiliencia (FRER) dirigido específicamente a este tipo de actuaciones y otros 74,5 millones en transferencias a las comunidades autónomas. Finalmente, solo se realizaron pagos por valor de los 74,5 millones a las autonomías, mientras que al FRER -organismo adscrito al Ministerio para la Transición Ecológica para canalizar parte de estas inversiones- se quedó sin pago.
En 2023 se subió la apuesta y se consignaron -y reconocieron obligaciones- por valor de 498,2 millones de euros; 278,2 millones destinados a que la empresa pública Acuamed (Aguas de las Cuencas Mediterráneas) redujera la extracción de agua subterránea; 167,5 millones para el FRER; 44 millones para el mismo fin en Acuaes; cinco millones para la ampliación del barranco La Casella en Valencia; otros tres millones a la Fundación Biodiversidad; y 500.000 euros para la mejora medioambiental del margen del Delta del Ebro. Únicamente se hizo el pago a Acuaes y al Ebro, por 44,5 millones.
Finalmente, en 2024 no se ha realizado ningún pago pese a tener un gasto reconocido (en este caso, no es una obligación neta) de 194,7 millones en la reducción de extracción de agua subterránea de Acuamed. Al ser un presupuesto prorrogado, se han calcado los proyectos de 2023 en la redacción inicial, pero luego la mayoría se han eliminado del registro contable de las cuentas de este año. Es decir, en este curso tampoco se gastará el montante que se viene comprometiendo desde hace tres años.
Fondos europeos
El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, indicó esta semana que España activará todos los resortes europeos -en préstamos y ayudas- para la reconstrucción de Valencia. Incluso señaló que modificarán el Plan de Recuperación para incluir partidas específicas «hacia proyectos estratégicos que vayan más allá de la reacción inmediata. Que vayan a reconstruir, a modernizar, a tener una economía más resiliente y, por tanto, más productiva hacia adelante». Proyectos que hubiesen tenido una importante ayuda con la ejecución de los fondos europeos comprometidos hace tres años.
El Plan de Recuperación y Resiliencia actualizado incluye diez políticas palanca y una de ellas es la referida a «infraestructuras y ecosistemas resilientes» compuesta a su vez por tres componentes: la conservación y restauración de ecosistemas y su biodiversidad; la preservación del litoral y recursos hídricos; y la movilidad sostenible, segura y conectada. La preservación del litoral tiene una inversión total de 5.146 millones de euros y, a su vez, tiene seis grandes ejes.
La primera es la materialización de actuaciones de depuración, saneamiento, eficiencia, ahorro, reutilización y seguridad de infraestructuras, con 842 millones de euros (solamente se han destinado 195,6 millones a Acuaes); seguimiento y restauración de ecosistemas fluviales, recuperación de acuíferos y mitigación del riesgo de inundación, con los ya citados 1.048 millones; transición digital en el sector del agua, con 1.145 millones; adaptación de la costa al cambio climático e implementación de las Estrategias Marinas y de los planes de ordenación del espacio marítimo, con 269 millones; recuperación de acuíferos con recursos alternativos, con 1.070 millones; y digitalización usos del agua (PERTE) con 735 millones.
Plan de Recuperación
En el caso de la restauración de los ecosistemas fluviales, este componente reúne varias actuaciones concretas dirigidas a la restauración del espacio fluvial, a la ampliación de las redes de seguimiento y a la mejora de los inventarios de las presiones hidromorfológicas que lo amenazan.
«Además, se han seleccionado actuaciones para la implantación de medidas de conservación y restauración en las reservas naturales fluviales, dirigidas a considerar esta red de espacios fluviales como lugares de referencia para establecer patrones de evaluación del estado de las masas de agua fluviales y estudiar variaciones a largo plazo, como las derivadas del cambio climático. Todos los casos concretos corresponden con actuaciones que geográficamente se localizan en las demarcaciones hidrográficas intercomunitarias, por tanto, competencia de la Administración General del Estado (AGE)«, dice el Plan de Recuperación.
En cuanto a mitigar el riesgo de inundación, son aún más específicos, indicando que estas medidas reúnen varias actuaciones concretas, perfectamente definidas e identificadas, dirigidas a la mitigación del riesgo de inundación a través de medidas que preferentemente serán de retención natural y contribuirán en paralelo al logro de los objetivos ambientales exigidos para 2027 por la Directiva Marco del Agua. «Todos los casos concretos corresponden con actuaciones declaradas de interés general. Por tanto, competencia de la Administración General del Estado», indican.
Riesgo de inundación
Se dice además que se ha elaborado un plan de subvenciones para actuaciones de protección y adaptación al riesgo de inundación e integración ambiental en núcleos urbanos. «Por un lado, los planes de gestión del riesgo de inundación (PGRI) vigentes incluyen entre las medidas de prevención en materia de ordenación del territorio y urbanismo, la elaboración de guías técnicas para reducir la vulnerabilidad de los elementos expuestos en las zonas inundables y promover la adaptación al riesgo de inundación de distintos sectores económicos, con el objetivo de incrementar la percepción del riesgo entre la población y mejorar sus estrategias de autoprotección».
Y concluyen indicando que «por otro lado y con base en las guías técnicas elaboradas y los objetivos de la planificación hidrológica, los municipios deberán abordar la ejecución de medidas restauración fluvial en los entornos urbanos, la implantación de sistemas de drenaje sostenible, mejora de la permeabilidad de los entornos urbanos y la conexión de los mismos con los valores ambientales de los ríos en las zonas urbanas».
