El Gobierno exige a las 'telecos' cuatro horas de autonomía de la red móvil durante un apagón
El Ejecutivo eleva a 73 millones el coste para el sector que a su vez pide ayudas públicas para sufragarlo

Antonio Hernando, secretario de Estado de Telecomunicaciones | Agencias
El Ministerio para la Transformación Digital ha publicado este martes el texto del borrador del Real Decreto de Seguridad y Resiliencia de las Redes y Servicios de Comunicaciones Electrónicas e Infraestructuras Digitales, con el fin de someterlo a audiencia pública. Una de las principales novedades es que establece la obligación a las operadoras de telecomunicaciones de mantener hasta cuatro horas de autonomía de la red móvil en el 85% de la población si es que se produce un nuevo apagón o situaciones de emergencia como la dana de Valencia.
El ministerio indica que estas medidas de resiliencia de la red tendrán un coste de hasta 73 millones de euros para los operadores, según incluye en la memoria del decreto. Algunas operadoras elevan este coste a unos 250 a 300 millones de euros, aunque a la espera de clarificar la letra pequeña que incluye bajo qué circunstancias debe producirse esta autonomía. Si solo incluye comunicaciones de voz y mensajes de emergencia el coste sería menor, pero si, por el contrario, considera datos, la inversión sería mucho más elevada.
Las obligaciones de este real decreto afectarán, entre otros, a los operadores de telecomunicaciones en España y aquellos que operan infraestructuras digitales como cables submarinos, sistemas satelitales, centros de datos y puntos de intercambio de internet que cumplan ciertos criterios: más de medio millón de usuarios o más de 50 millones de ingresos. También aquellos que estén designados como operadores críticos, o presten servicios de emergencia, entre otros. No se aplica a redes vinculadas a Seguridad Nacional y Defensa.
Plan de seguridad
Todos los sujetos mencionados deberán presentar un Plan General de Seguridad con análisis de riesgos y medidas prioritarias, así como planes específicos por tipo de red y servicio, y por tipo de incidente. En estos planes, cada operador de telecomunicaciones clasificará todas sus instalaciones en distintas categorías. En el caso de que haya una interrupción de suministro eléctrico, las infraestructuras de primer nivel deberán tener garantizada la operatividad durante al menos 24 horas. Las instalaciones clasificadas de nivel intermedio deberán ser operativas durante al menos 12 horas. El resto deberá tener garantizada la operatividad durante cuatro horas.
En el caso de una red móvil, estas cuatro horas deben mantener la cobertura al 85% de la población. Cada operador establecerá una estrategia en la que podrá priorizar unas tecnologías sobre otras (voz sobre datos, por ejemplo) o instalaciones que considere conveniente en función a su vinculación a la prestación de servicios públicos y servicios de relevancia económica y social. El proyecto normativo pone también un foco especial en reforzar la operatividad y continuidad de las comunicaciones de emergencia dirigidas a los centros del 112 y alertas públicas. Estos centros, así como los operadores que les dan conectividad, deben confeccionar y presentar Planes de Seguridad.
Con el fin de disponer de información fidedigna en el menor tiempo posible, se refuerzan las obligaciones de notificación de incidentes. Así, se prevé que haya una notificación inicial como máximo una hora después de comenzar el suceso, notificaciones intermedias periódicas, una notificación final y un informe detallado posterior que analice las causas, el impacto, las medidas adoptadas y lecciones aprendidas. Además, se definen criterios para clasificar incidentes como significativos o menores en función del número de usuarios afectados, la duración, el área geográfica afectada y el tipo de servicio.
Resiliencia de las redes
La Secretaría de Estado de Telecomunicaciones, a cargo de Antonio Hernando, será la autoridad competente para supervisar el cumplimiento de las obligaciones y la coordinación con organismos nacionales, CCAA y con entidades europeas e internacionales. El texto prevé la creación de la Mesa de coordinación de seguridad (una de las demandas de las operadoras de telecomunicaciones) y resiliencia de redes y servicios de comunicaciones electrónicas, que será un foro de debate e interlocución y permitirá el contacto entre todos los implicados y la realización de simulacros.
Este diario ya advirtió a primeros de octubre que el Ministerio de Transformación Digital había endurecido el discurso para que las operadoras de telecomunicaciones refuercen sus infraestructuras ante catástrofes naturales o situaciones excepcionales como el apagón del pasado mes de abril. Las fuentes consultadas por THE OBJECTIVE indicaban que los últimos mensajes que se han cruzado con el sector apuntan a que las compañías asuman el coste de estas inversiones. De hecho, en este proyecto no se habla de ayudas públicas, algo que sí había pedido el sector, incluso utilizando remanentes de los fondos europeos que no se han usado. Se habla del plan ÚNICO 5G, aunque éste es solo para este tipo de tecnología y uso.
Apagón de abril
El Gobierno -pese a que públicamente se refiere a catástrofes como la dana de Valencia o la erupción del volcán de La Palma- tiene en el punto de mira el apagón de abril y el hecho de que todo el sistema de telecomunicaciones (telefonía móvil e internet) se fuera a negro. La pérdida de carga en las baterías de las torres y equipos comprometió seriamente la conectividad, obstaculizando gravemente las comunicaciones. Estas torres son las que brindan la conectividad que sustenta las llamadas desde teléfonos móviles y la internet que soporta los terminales.
En el sector se reconoce en privado que este apagón -que impidió que los españoles utilizaran los teléfonos móviles durante casi todo el día- se produjo por la falta de baterías de respaldo en buena parte de estas torres. Un proceso de desmontaje paulatino que se produjo en los últimos años por los ajustes de costes operativos de telecos y sin que ninguna legislación obligara específicamente a reforzar estos equipamientos. Equipamientos considerados activos (de software) por lo que corresponden a las operadoras y no a las torreras como Cellnex, Vantange, Totem o American Tower.
