El Gobierno clasifica como secreto el motivo del inaudito veto a la opa húngara sobre Talgo
El Ejecutivo habla de riesgos para la seguridad y el orden público, pero se niega a detallar por qué
Oscar Puente, principal detractor de la opa de Magyar Vagon a Talgo. | Jesús Hellín / Europa Press
El Gobierno ha establecido un duro cerrojazo informativo al expediente de la opa de Talgo tras anunciar el veto a la propuesta presentada por el consorcio húngaro Magyar Vagon. Fuentes consultadas por THE OBJECTIVE indican que en la práctica esto no solo impide conocer públicamente los detalles del informe, sino que además bloquea cualquier explicación de la Junta de Inversiones Exteriores respecto de esta decisión.
El Gobierno ha determinado que esta opa presenta riesgos para la seguridad nacional y el orden público, pero no ha detallado en base a qué argumentos ha tomado esta decisión. Acto seguido, el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha clasificado esta información, lo que significa que nadie debidamente autorizado por Moncloa podrá acceder a ella en el futuro.
«El análisis llevado a cabo ha determinado que la autorización de esta operación conllevaría riesgos para garantizar la seguridad nacional y el orden público. En este contexto, el Consejo de Ministros ha declarado la información contenida en este expediente como clasificada», dijo escuetamente el Ministerio de Economía tras anunciar el veto a la húngara Magyar Vagon.
Información clasificada
La Ley 9/1968, de 5 de abril, define la información clasificada como los «asuntos, actos, documentos, informaciones, datos y objetos cuyo conocimiento por personas no autorizadas puedan dañar o poner en riesgo la seguridad y defensa del Estado». Al argumentar la seguridad nacional, el Gobierno se asegura de que -en principio- no exista ninguna herramienta legal que pueda hacer aflorar esta información.
Un apagón informativo que puede estar en el punto de mira porque hablamos de una operación que el Gobierno rechazó nada más conocerla a comienzos de año y sin siquiera analizar los detalles técnicos planteados por la compañía húngara. De hecho, los escasos argumentos aportados por el Ejecutivo coinciden con los que el propio ministro de Transportes, Óscar Puente, esgrimió hace algunas semanas para rechazar el proyecto.
Puente y el Gobierno se han mostrado contrarios a esta opa porque consideran que el Ejecutivo del ultraderechista Viktor Orbán tiene probadas conexiones con el consorcio que quiere hacerse con Talgo, lo que tendría graves repercusiones en una empresa estratégica como es el fabricante de trenes. Ello, pese a que los húngaros se han comprometido a que el Estado del país europeo saldrá de la compañía en breve plazo.
Compra de Talgo
Recordemos que esta es la segunda vez que el Ejecutivo rechaza una operación mediante el control de inversiones establecido tras la pandemia para empresas que quieran superar el 10% de una compañía estratégica española. Por el contrario, se han aprobado otras 262 con diferentes niveles de compromisos, algo que no se ha aplicado a Magyar Vagon.
En sus informes sobre el control de inversiones, el Gobierno nunca se refiere a empresas sino que solo a casos, por lo que tampoco se conoce públicamente qué empresa fue rechazada en 2022. De hecho, solo han trascendido las autorizaciones a empresas cotizadas en bolsa y que han estado en el foco público, como las autorizaciones de Vivendi para entrar en Prisa, la de IMF en Naturgy o la de Zegona para entrar en Vodafone; entre otras.
De esta manera, estamos ante un nuevo caso de opacidad informativa que el Gobierno de Pedro Sánchez suele aplicar en operaciones delicadas y en las que se le requiere públicamente mayor transparencia. Así ha sido en los casos de los rescates del fondo covid de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), en especial el cuestionado expediente de Air Europa, o su entrada en Telefónica.
Interés de Skoda
Sin embargo, en el caso de Magyar este veto impuesto por el Gobierno podría no tener mucho recorrido. La empresa húngara ha confirmado que utilizará todas las instancias legales para recurrir esta decisión, lo que obligaría al Ejecutivo a dar mayores detalles ante los tribunales de las motivaciones técnicas de este veto.
Magyar llevará el caso al Tribunal Supremo, una denuncia que podría llegar a Europa si el tribunal español plantease una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). En cualquier caso, el Estado deberá defender su decisión y aportar más información respecto del expediente.
Lo que está claro es que la judicialización del expediente bloquea cualquier tipo de solución alternativa para Talgo. Antes del verano, Skoda -apoyada por el Gobierno- planteó la posibilidad de fusionar sus negocios con la española aunque finalmente su interés decayó al constatar que con la propuesta de Magyar todavía sobre la mesa era legalmente imposible presentar un plan alternativo.
