El Gobierno blinda su política aérea hasta 2031 y condicionará los planes del próximo Ejecutivo
El nuevo gabinete que salga de las urnas en 2027 finalizará su mandato precisamente cuando acabe la norma aprobada
El presidente de AENA, Maurici Lucena, con Pedro Sánchez y otros miembros del Ejecutivo.
La mayoría de las encuestas coinciden en que habrá un cambio de gobierno en 2027, liderado por el Partido Popular (PP) y Vox. En caso de que eso ocurriese, tendrían que lidiar durante lo que durase su mandato (2027-2031) con una herencia del Ejecutivo actual clave en el sector aéreo. En concreto, con el DORA III (Documento de Regulación Aeroportuaria), que fue aprobado el pasado martes por la compañía semipública AENA y que pretende movilizar 13.000 millones de euros en inversiones a costa, en parte, de un hachazo a las aerolíneas. Un escenario que provocará la falta de incentivos para estas y la disminución de rutas.
El documento al que ha dado luz verde AENA es el instrumento básico para crear un marco regulatorio en el sector aéreo para los próximos cinco años. Su aprobación definitiva depende ahora de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). El Consejo de Ministros tiene hasta septiembre para materializarlo. Un escenario que puede afectar al PP durante la siguiente legislatura si acaba llegando al poder en 2027. «El próximo gobierno va a estar atado de pies y manos», señalan fuentes del sector.
Según el artículo 27 de la Ley 18/2014, norma básica que regula el DORA y su posible modificación, este «podrá ser revisado por causas excepcionales durante su período de vigencia». Dichas causas deben ser imprevisibles y que no sean culpa de AENA, y tener un efecto cierto y sustancial sobre la viabilidad financiera de la red aeroportuaria. Entre otros supuestos, la ley considera excepcionales reducciones anuales del tráfico de pasajeros superiores al 10% en el conjunto de la red, cuando estén ocasionadas por desastres naturales, actos terroristas o situaciones bélicas.
Este escenario ha hecho saltar las alarmas en el PP: de materializarse esta aprobación, se condicionará su estrategia económica, porque puede tener un efecto en el producto interior bruto (PIB) del país. El turismo representa casi un 13% del PIB y, según los datos que maneja el sector, el 85% de los turistas internacionales que visitan España llega por vía aérea. La medida que va a aprobar AENA ha sido criticada por las aerolíneas y pone en jaque el desarrollo del tráfico aéreo. Una situación que afecta tanto a las aerolíneas nacionales como internacionales.
AENA lleva varios años estudiando este ambicioso plan de inversión y ahora busca movilizar 13.000 millones de euros. De esa cantidad, alrededor de 10.000 millones se destinarían a activos regulados, cuya financiación recaería en gran medida sobre las aerolíneas, con repercusión final en el precio de los billetes. Desde el sector aéreo, algunos consideran que no son necesarias inversiones de tal magnitud y abogan por actuaciones puntuales en determinados aeropuertos. Como alternativa, proponen que la empresa semipública evalúe la posibilidad de reducir o incluso congelar el incremento de las tasas para las aerolíneas.
No obstante, como en cualquier mercado, las aerolíneas podrían buscar nuevas rutas fuera de España ante una política agresiva por parte del gestor aeroportuario, especialmente hacia países con crecimiento turístico. El ministro de Transportes, Óscar Puente, que inicialmente se posicionó con las aerolíneas para criticar la política de incentivos del gestor para aumentar el tráfico, ha ido acercándose a la postura del presidente de la empresa semipública, Maurici Lucena, con respecto al aumento de las tasas, hasta el punto de estar completamente alineado.
Al mismo tiempo, algunas comunidades reclaman un mayor control sobre la gestión aeroportuaria, especialmente Cataluña y el País Vasco. Sin embargo, el presidente de AENA, Maurici Lucena, no está dispuesto a ceder poder. En Cataluña, gobernada por el PSC (Partido Socialista de Cataluña) y presidida por Salvador Illa— que ya exploró hace años la posibilidad de fichar a Lucena como su vicepresidente económico— no se esperan enfrentamientos. Por su parte, en el País Vasco se baraja la opción de una cogestión de los aeropuertos, aunque la dependencia del PNV con el PSE (Partido Socialista de Euskadi) para mantener la gobernabilidad limita su margen de maniobra.
El presidente y consejero delegado de Aena, Maurici Lucena, junto con el vicepresidente ejecutivo, Javier Marín, y la directora general de Aeropuertos, Elena Mayoral, presentarán a los medios de comunicación el DORA correspondiente al período 2027-2031 este miércoles en la sede de la compañía en Madrid. La información que se explicará será comunicada a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) antes de la apertura del mercado.