Un exconsejero de ADIF procedente de la UGT tiene a sus dos hijos trabajando en la empresa
Pedro Aller defiende que ambos entraron en el gestor ferroviario a través de una oferta de empleo público
Sede de ADIF. | Europa Press
Un exconsejero de ADIF Alta Velocidad, Pedro Aller, tiene a sus dos hijos, P. Aller y S. Aller, trabajando dentro de la compañía pública. Se trata de un caso más de familiares que trabajan dentro de esta empresa y que este medio ha ido destapando, como el hijo de la directora de Recursos Humanos, Concepción Casillas, y la pareja y el hermano del director general de ADIF Alta Velocidad y director general de Planificación, Proyectos y Construcción de ADIF, Luis Llamas.
Aller trabaja —según la red social de LinkedIn— desde hace 40 años en ADIF y, en la actualidad es técnico de regulación. Además, ocupa —y ha ocupado— puestos relevantes en el sindicato UGT, donde ha sido responsable de infraestructuras del sector estatal ferroviario. Hoy es vicesecretario general de la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo en el sindicato. Sus hijos trabajan en el área de circulación y administración de la empresa ferroviaria.
Fuentes oficiales de ADIF han evitado comentar las contrataciones de los hijos de Aller, mientras que desde el entorno del exconsejero se señala que los dos hijos llegaron a través de una oferta de empleo público que es «libre y en la que se presenta todo el mundo». Las mismas fuentes subrayan que la llegada de los dos hijos tuvo lugar cuando él no era consejero, que además fue un puesto transitorio, y añaden que desde 2016 hay oposiciones todos los años de ADIF reguladas y controladas. Por otro lado, argumentan que desde el sindicato existe una plataforma con una serie de clases que ayudan a preparar los exámenes.
Una queja recurrente dentro de la empresa pública es la cantidad de familiares que trabajan en la compañía. Una situación que no solo ocurre en esta empresa dependiente del Ministerio de Transportes, sino que se extiende también a Renfe. Según publicó este medio, en septiembre de 2024 la empresa ferroviaria contrató como comercial de estaciones a S. Calzado, hijo del actual director de Recursos Humanos de la empresa, Lucas Calzado.
Sobre la contratación del hijo de este último, fuentes oficiales de Renfe aseguraron que «en su condición de empresa pública, realizan ofertas de empleo en función de la tasa de reposición asignada con criterios de transparencia, igualdad, mérito y capacidad, dirigida a todos los ciudadanos de nacionalidad española y de los Estados miembros de la Unión Europea (UE) conforme a los criterios legalmente establecidos por los que se rigen las empresas públicas».
Las contrataciones o ascensos desvelados por este medio han sido objeto de preguntas en el Congreso de los Diputados. El Gobierno las ha defendido. Sobre el ascenso de la pareja del mencionado Llamas, el Ejecutivo aseguró que «la valoración para efectuar el citado nombramiento ha sido la idoneidad del histórico profesional y académico. Es ingeniera de Caminos, Canales y Puertos, tiene un máster en Administración de Negocios y en Sistemas Ferroviarios, además de poseer conocimientos de inglés, árabe, alemán y francés».
Sobre las obras de Adamuz
Precisamente, Aller participó, cuando fue consejero de ADIF Alta velocidad, en la renovación del tramo ferroviario en el que se encuadra Adamuz (donde tuvo lugar el accidente que provocó la muerte de 46 personas), según publicó este medio. Sin embargo, las obras se adjudicaron por la cúpula de ADIF Alta Velocidad sin unanimidad.
El 29 de marzo de 2022, el Consejo de Administración de ADIF-AV aprobó por mayoría la adjudicación del contrato de obras del tramo Guadalmez-Córdoba, dentro del bloque de adjudicaciones de esa sesión. El certificado del propio Consejo deja constancia de que la propuesta salió adelante, pese a que resalta la existencia de discrepancias formales en la votación.
La votación del ordinario 6.4 no fue unánime, según los documentos a los que accedió THE OBJECTIVE. El certificado del Consejo muestra que el acuerdo se adopta «por mayoría de los miembros presentes con derecho a voto» y recoge el sentido del voto de los dos vocales que se desmarcaron en ese ordinal. Rafael García Martínez, representante de Comisiones Obreras (CCOO) en el Consejo en ese momento, emitió un voto en contra respecto a la propuesta de adjudicación identificada bajo el ordinal 6.4. Mientras, Pedro Aller, consejero de UGT, manifestó su abstención respecto a ese mismo ordinal.