El gobierno filipino contesta a la UE que se meta en sus asuntos tras criticar su política antidrogas

Los legisladores filipinos y el gobierno han criticado este viernes al Parlamento Europeo por inmiscuirse en sus asuntos, tras la aprobación de una resolución el día anterior en la que se pide al gobierno de Manila que modifique la polémica guerra contra las drogas emprendida por el presidente Rodrigo Duterte y persiga a los narcotraficantes en vez de a los consumidores.

La resolución aprobada por los eurodiputados condena los «numerosos asesinatos extrajudiciales» que se cometen en Filipinas y expresa la preocupación de la UE por la seguridad de la senadora Leila de Lima, una de las más críticas del presidente Duterte, que se encuentra detenida acusada de tráfico de drogas.

«Deberían ocuparse de sus propios asuntos», ha dicho Salvador Panelo, responsable del Consejo Legal Presidencial. «No pueden dictar al Gobierno de Filipinas lo que debe hacer con sus ciudadanos que se enfrentan a cargos criminales ni pueden interferir en los proceso judiciales de nuestro país».

Más de 8.000 personas han sido asesinadas desde que Duterte asumió el poder el pasado 30 de junio y se comprometió a llevar a cabo una campaña sin compasión contra el crimen y las drogas. La Policía ha asumido la autoría de 2.500 de esas muertes durante las operaciones antidrogas, pero rechazan las acusaciones de los grupos de derechos humanos nacionales e internacionales de que sus miembros están implicados en miles de misteriosos asesinatos de consumidores de drogas.

La resolución del Parlamento Europeo dice que apoya la lucha contra las drogas pero desde el origen – los traficantes – no contra el consumidor. El texto pide al gobienro de Manila que «priorice» la lucha contra las redes de traficantes y capos de la droga frente a los pequeños conusmidores.

El Ministerio de Asuntos Exteriores ha criticado la resolución, al igual que la oficina del portavoz de Duterte, y ha recordado a los eurodiputados que no tienen derecho a hacer comentarios sobre el sistema judicial de un estado soberano. «El Gobierno filipino pide a la comunidad internacional que se abstenga de influir en un asunto que está bajo la jurisdicción de los tribunales filipinos», ha dicho en un comunicado.