El juez Llarena dicta nuevas euroórdenes por sedición contra los exconsellers huidos Toni Comín y Clara Ponsatí
Llarena, que en un principio los procesó por rebelión, asume el criterio del tribunal del procés
El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha dictado nuevas órdenes europeas e internacionales de detención y entrega contra los exconsellers Toni Comín y Clara Ponsatí por sedición, y contra Lluis Puig por malversación en el procés.
Tres euroórdenes que se unen a la dictada hace semanas contra el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont por los delitos de sedición y malversación, los mismos por los que ahora reclama a Comín. La orden contra Ponsatí, en cambio, es solo por sedición (pese a que Fiscalía también pedía por malversación) y la de Puig por malversación y desobediencia. En su auto, el juez instructor del procés considera plenamente justificada la petición de entrega de la Fiscalía en base a la sentencia condenatoria que dictó el Supremo contra los doce líderes independentistas acusados que no huyeron del país.
Pese a que los tres exconsellers, declarados desde hace un año en rebeldía, no se sometieron a juicio, Llarena cree que la sentencia «reafirma la conclusión» de que «perpetraron una serie de actuaciones que, sin seguridad pero con firmeza, presentan indicios racionales de criminalidad«.
Por ello ha activado órdenes europeas de detención y entrega, que ya han sido remitidas a Bélgica –donde están Comín y Puig– y a Escocia –donde reside Ponsatí–, y también internacionales que se han enviado a Interpol en el caso de que se dirijan a otro país no miembro de la Unión Europea. Aunque en un principio Llarena procesó a los tres por rebelión, asume el criterio del tribunal del procés, que condenó a nueve acusados por sedición.
Sin embargo, solo reclama por este delito a Comín y a Ponsatí al atender así a la petición de la Fiscalía, que excluyó de la sedición a Puig al considerar que su responsabilidad encajaría más bien en un delito de desobediencia.
En relación a la malversación, el juez recuerda que las consejerías de Comín (Sanidad) y Puig (Cultura) asumieron gastos del referéndum, como la distribución de 56.000 cartas certificadas y más de 5 millones de sobres con tarjetas censales. Un total de 979.661,96 euros, cuyo gasto «se disimuló y fraccionó» atribuyéndose a la consejería de Puig 238.003 euros y a la de Comín 233.180,55. No ocurre lo mismo con Ponsatí, exconsellera de Educación, a quien no reclama por malversación al no haberse podido probar este delito en la cesión de locales para la celebración del 1-O en base al supuesto valor del suelo.
Llarena –que no consiguió la entrega de los fugados durante la instrucción– apela al «principio de confianza» entre los países de la Unión y a la «unidad europea», que supone que cada Estado miembro «asume la autoridad de las instituciones comunitarias llamadas a resolver las divergencias que puedan surgir en la colaboración estatal necesaria» para culminar los procedimientos de entrega.
De los siete, ahora pesan órdenes de entrega sobre cuatro, dado que la Fiscalía no las pidió contra la secretaria general de ERC, Marta Rovira, al tener que estudiar bien su caso por no funcionar en Suiza la euroorden, ni contra la exconsellera Meritxell Serret o la exdirigente de la CUP Anna Gabriel, respecto a quienes descartó pedir la euroorden, según apuntaron a Efe fuentes jurídicas.
