El Tribunal de Cuentas iniciará el embargo a Artur Mas y tres exconsellers por 2,4 millones

El Tribunal de Cuentas iniciará el embargo de las propiedades del expresidente de la Generalitat de Cataluña Artur Mas y los exconsellers Francesc Homs, Irene Rigau y Joana Ortega por valor de los 2,4 millones, que es el dinero que queda pendiente de entregar de los 5,2 millones pendientes por la consulta independentista ilegal del 9 de noviembre de 2014.

Según fuentes de este Tribunal, esta institución ya ha recibido documentación en relación a las propiedades de Mas, Ortega, Rigau y Homs «para afianzar la cantidad que queda pendiente». A pesar de la recaudación benéfica de la Asamblea Nacional Catalana, Artur Mas no ha conseguido reunir a tiempo los 5,2 millones de euros que le reclama el Tribunal de Cuentas de España por emplear dinero público en el referéndum, cuyo plazo de entrega acababa este jueves.

Sin embargo, Mas pidió una nueva prórroga de siete días para hacer frente al pago de la fianza junto a los tres antiguos miembros de su gobierno. Otro expresidente catalán, Carles Puigdemont, y sus antiguos consellers también están denunciados ante el Tribunal de Cuentas por el Gobierno español por el referéndum ilegal de autodeterminación del pasado 1 de octubre.

El Ministerio de Hacienda pide que se les reclamen, en su caso, las «indemnizaciones procedentes», mientras la Justicia los investiga por malversación de fondos públicos, entre otros supuestos delitos. Mas depositó el jueves otros 400.000 euros de la fianza, después de que a mediados de octubre aportara 2,2 millones y se le concediera una prórroga para que reuniera el resto, han informado fuentes del Tribunal de Cuentas. Desde entonces, había entregado otros 200.000 euros, con lo que la cantidad total depositada asciende a 2,8 millones, es decir, faltan los 2,2 millones que ahora reclama el Tribunal de Cuentas.

Artur Mas, presidente catalán de 2010 a 2016, convocó en noviembre de 2014 un referéndum sobre la independentista de Cataluña, que se celebró como una consulta no vinculante y sin valor legal tras ser suspendido por el Tribunal Constitucional. El expresident fue condenado a dos años de inhabilitación y el Tribunal de Cuentas lo ha investigado por supuesto desvío de dinero para dicha consulta.