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Artur Mas deposita 2,2 millones de la fianza que le exigía el Tribunal de Cuentas

El expresidente de la Generalitat de Cataluña Artur Mas ha depositado 2,2 millones de euros de la fianza que le exigía el Tribunal de Cuentas por los gastos ocasionados por la consulta del 9-N, declarado inconstitucional por el Tribunal Constitucional, informan varios medios. Lo ha afirmado el abogado de Mas, Rafael Entrenas, en un comunicado dirigido al organismo. Para los otros tres millones restantes, el expresident pide una ampliación del plazo. La cifra desembolsada equivale aproximadamente a la cantidad recaudada por Òmnium Cultural y por la Asamblea Nacional Catalana, ya que Mas había apelado a las donaciones de los catalanes al no poder hacer frente al pago que le exigía el Tribunal.

Artur Mas deposita 2,2 millones de la fianza que le exigía el Tribunal de Cuentas

Reuters

El expresidente de la Generalitat de Cataluña Artur Mas ha depositado 2,2 millones de euros de la fianza que le exigía el Tribunal de Cuentas por los gastos ocasionados por la consulta del 9-N, declarado inconstitucional por el Tribunal Constitucional, informan varios medios. Lo ha afirmado el abogado de Mas, Rafael Entrenas, en un comunicado dirigido al organismo.

Para los otros tres millones restantes, el expresident pide una ampliación del plazo. La cifra desembolsada equivale aproximadamente a la cantidad recaudada por Òmnium Cultural y por la Asamblea Nacional Catalana, ya que Mas había apelado a las donaciones de los catalanes al no poder hacer frente al pago que le exigía el Tribunal.

Mas es solo uno de los nueve altos cargos catalanes condenados a pagar una fianza por la consulta del 9-N. Entre ellos se encuentran la exvicepresidenta, Joana Ortega, la exresponsable de Educación, Irene Rigau y el exportavoz del Govern, Francesc Homs, que ya han sido condenados a penas de inhabilitación para ejercer cargos públicos electos por organizar la consulta independentista del 9 de noviembre.

Artur Mas, concretamente, ha quedado inhabilitado durante dos años por desobediencia. La acción de la Justicia no se detuvo allí, puesto que a finales de mayo, la Fiscalía pidió que se investigaran “presuntos daños causados en los caudales públicos” con motivo de esa consulta. Dichos gastos fueron cifrados en 5,12 millones de euros. El gobierno catalán pidió que se archivaran las actuaciones por considerar que no hubo “infracción de normas contables o presupuestarias”, pero el Tribunal de Cuentas desestimó el recurso.

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