Más pobres que ricos
«El Gobierno echa ahora mano de esta nueva división entre ricos y pobres con la esperanza de que, esta vez sí, la sociedad española se rompa»
EP
Aunque hoy se le recuerda como un buen presidente, lo cierto es que Bill Clinton tuvo un inicio de mandato desastroso y que sólo fue capaz de enmendar el rumbo cuando olvidó la mayor parte de su agenda inicial y asumió como propia la del Partido Republicano, que empujaba entonces con el audaz programa económico de su «revolución conservadora». No sé si la comparación es adecuada, pero me viene ese caso a la cabeza al observar el nuevo movimiento del Gobierno español a favor de la agenda populista de su socio minoritario y potencial rival en las urnas, Podemos.
La decisión de Clinton tenía el propósito de ganar respaldo para su gestión con medidas que parecían tener un considerable apoyo ciudadano y, al mismo tiempo, dejar sin oferta a la oposición y rebajar sus expectativas electorales, cosa que consiguió. Intuyo que ese es el propósito de Pedro Sánchez al introducir la propuesta sobre el impuesto a lo que llaman «grandes fortunas» -que ya veremos cuáles son-, una idea original del partido fundado por Pablo Iglesias.
No sé si le funcionará a Sánchez tan bien como a Clinton, pero es verdad que este recurso de sacarle el dinero a los ricos para dárselo a los pobres, así de burdamente planteado, puede sonarle bien a alguna gente. Evidentemente la realidad es mucho más compleja y la consecuencia de un plan así podría muy bien ser exactamente la contraria de lo que se pretende, que sacarles más dinero a los ricos termine haciendo más pobres a los pobres.
«Dividir a los españoles entre ricos y pobres, además de injusto, falso y estéril, es peligroso porque contribuye a aumentar la polarización que debilita la democracia»
Tiempo habrá de juzgar la norma que, finalmente, se adopte y sus efectos, pero sospecho que todo eso es lo de menos para el Gobierno y que el verdadero objetivo de esta operación radica en su mero enunciado: más impuestos para los ricos. Y es sobre todo por eso, porque suena a otra acción de propaganda en esta interminable campaña electoral en que se ha convertido la gestión del Ejecutivo, por lo que esta iniciativa merece ser criticada.
La desigualdad es desde hace tiempo un problema prioritario en numerosos países. Pese a que, en la mayoría de los casos, esa desigualdad se produce al mismo tiempo que han aumentado los ingresos de las capas más pobres, la distancia sideral entre los de arriba y los de abajo, así como las ganancias desorbitantes de los que más tienen, son motivo de enojo y escándalo.
Tiene, por tanto, sentido introducir medidas correctoras que, sin perjudicar la actividad económica, intenten reducir ese abismo exagerado y crear una situación de una mayor igualdad. Condición imprescindible para que así sea es el estudio pausado y a fondo de las normas aplicar, así como su discusión con los principales agentes económicos y la obtención del mayor consenso político posible con el fin de que el resultado final, más que el de empobrecer a los ricos, sea enriquecer a los pobres. Creo que, en la España actual, es perfectamente posible la aprobación de medidas contra la desigualdad de acuerdo con esas condiciones.
«El Gobierno echa ahora mano de esta nueva división entre ricos y pobres con la esperanza de que, esta vez sí, la sociedad española se rompa profundamente»
Es posible, por supuesto, si se hace de forma seria y no como un eslogan político. Contamos, desafortunadamente, con un Gobierno más inclinado a lo segundo que a lo primero y mucho temo que lo que se pretende, en realidad, es trazar una línea divisoria entre ricos y pobres con la esperanza de que una mayoría de la sociedad se sienta identificada con el segundo grupo y acabe votando por el partido que dice salir en su defensa.
Una actuación así sería lógica en Podemos, que nació como «el partido de la gente» y siempre ha pertenecido al conjunto de fuerzas populistas que brotaron en la última década, tanto en la extrema derecha como en la extrema izquierda. Pero es menos comprensible en un partido como el PSOE, que había sido siempre un garante de la estabilidad de nuestro sistema democrático y de la convivencia.
Dividir a los españoles entre ricos y pobres, además de injusto, falso y estéril, es peligroso porque contribuye a aumentar la polarización que estresa el sistema, desprestigia las instituciones y debilita la democracia. Afortunadamente, nuestra sociedad actúa con más inteligencia y prudencia que nuestra clase política y no ha tardado en arrinconar a las fuerzas que le ofrecían salidas milagrosas desde los dos extremos.
Sin embargo, el Gobierno, carente de otras ideas más rigurosas, insiste en el populismo y el radicalismo como solución para sus problemas de imagen y credibilidad. Superada ya la batalla entre fascistas y buenos ciudadanos, echa ahora mano de esta nueva división entre ricos y pobres con la esperanza de que, esta vez sí, la sociedad española se rompa profundamente y arruine las expectativas de quienes crecen en las encuestas con la promesa de moderación.
