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El mal mayor

Foto: Wikimedia Commons

El activista hispano-argentino Gerardo Pisarello siguió estudios de Derecho en la Universidad Nacional de Tucumán, su ciudad natal. En 1995, no bien obtiene la licenciatura (premio extraordinario de su promoción), se traslada a Madrid para cursar el doctorado en la Complutense, que culmina en 1999 con la tesis Los derechos sociales en el estado constitucional. Dos años después recala en Barcelona, donde, tras una suplencia de tres meses como profesor en la UB, obtiene plaza de titular en la asignatura de Derecho Constitucional. Entre sus padrinos político-intelectuales figura su compatriota Mario Firmenich, jefe del grupo terrorista Montoneros (extrema izquierda peronista, con centenares de asesinatos a sus espaldas), y vinculado a la UB desde mediados de los noventa, primero como doctorando (a la lectura de su tesis acudió como oyente Manuel Vázquez Montalbán, de cuya fascinación por el personaje había dado cuenta en Quinteto de Buenos Aires) y, posteriormente, como profesor asociado. Firmenich, condenado en 1983 a 30 años de cárcel por los delitos de asesinato, homicidio e intento de secuestro, informa Martín Prieto, había recibido el indulto en 1990 de manos de Carlos Menem, y en 1996 se trasladó a España; concretamente, a la localidad barcelonesa de Vilanova i la Geltrú, donde todavía reside. Sea como fuere, su perfil está más próximo al de un Carnicero de Mondragón que al de un Ibon Etxezarreta. “Yo nunca he matado a nadie inútilmente, ni por gusto, ni por sadismo, ni por nada”, declararía en 2001 a una emisora porteña. A esa esfera moral, en fin, pertenece el flamante Secretario Primero de la Mesa del Congreso de los Diputados.

Entre los hits de Pisarello como primer teniente de alcalde de Barcelona, se cuentan el plantón al consejero delegado del Mobile en la gala de homenaje que le tributaron los comerciantes barceloneses (“tenía que verme con unos músicos uruguayos”, se justificó), la retirada del busto de Juan Carlos I de la Sala de Plenos del Ayuntamiento (una suerte de exhumación simbólica del régimen del 78 que él mismo supervisó cual capataz de la Historia, y para la que se hizo rodear de una nube de periodistas), el forcejeo con Alberto Fernández Díaz para impedir que éste desplegara en el balcón del Consistorio una bandera española, la desfachización del nomenclátor (cambios de nombre de la calle Almirante Cervera, la avenida Príncipe de Asturias y la avenida de Borbón…), las vacaciones familiares en Argentina (del 2 de al 30 de agosto de 2018) costeadas en parte por el contribuyente por incluir, alegó una atribuladísima Colau, una "agenda institucional", o su desprecio aspaventoso a la oposición municipal, y muy en particular a la que ejerció la concejal de Ciudadanos Carina Mejías. Menos conocido es que se trate del dirigente podemita que más ha porfiado en criminalizar la acción del Estado Español contra ETA, como muestran las tribunas de prensa sobre el macrosumario 18/98, la doctrina Parot, el posterrorismo o la operación Mate, escritas al alimón con el separatista de cabecera de Barcelona en Comú, Jaume Asens.

Este individuo tendrá atribuciones en la configuración de la agenda parlamentaria en virtud de la chusca altanería de Vox, cuyos dirigentes han aducido para ello razones estrictamente aritméticas. Las que subyacen, obviamente, en la España que resta.

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