Joseba Louzao

No temer decir la verdad

Hace unos días desayunábamos con la noticia de que Felipe González, a través de su Fundación, ponía a disposición pública más de 3.0oo documentos personales. Por inusual, esta apertura es una magnífica noticia para los investigadores de aquel período esencial para comprender la historia reciente española. A partir de ahora, podremos acceder a esta interesante fuente desde cualquier dispositivo digital con una simple conexión a internet. Sin embargo, también se han escuchado críticas fundadas que no pueden pasar desapercibidas. Por ejemplo, la asociación de Archiveros Españoles en la Función Pública (AEFP) calificó de irregularidad legal la custodia privada de documentos que se generaron en el ejercicio de su actividad como presidente del Gobierno. Con razón, la AEFP señalaba que se estaba incumpliendo la Ley del Patrimonio Histórico Español que, paradójicamente, fue aprobada por el propio González.

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No temer decir la verdad
Foto: Paul White
Joseba Louzao

Joseba Louzao

Historiador especializado en el mundo contemporáneo y profesor universitario. Bilbao, 1983.

Hace unos días desayunábamos con la noticia de que Felipe González, a través de su fundación, ponía a disposición pública más de 3.000 documentos personales. Por inusual, esta apertura es una magnífica noticia para los investigadores de aquel período esencial para comprender la historia reciente española. A partir de ahora, podremos acceder a esta interesante fuente desde cualquier dispositivo digital con una simple conexión a internet. Sin embargo, también se han escuchado críticas fundadas que no pueden pasar desapercibidas. Por ejemplo, la asociación de Archiveros Españoles en la Función Pública (AEFP) calificó de irregularidad legal la custodia privada de documentos que se generaron en el ejercicio de su actividad como presidente del Gobierno. Con razón, la AEFP señalaba que se estaba incumpliendo la Ley del Patrimonio Histórico Español que, paradójicamente, fue aprobada por el propio González.

Llama la atención que un país en el que las querellas históricas son centrales en el discurso partidista, sean precisamente nuestros políticos los que están menos preocupados por favorecer un marco legal que permita desarrollar el estudio y análisis historiográfico sin escollos e impedimentos incomprensibles. O quizá sea por esta misma razón. En España se sigue sin aceptar las recomendaciones del Consejo de Europa sobre el acceso a documentos públicos y archivos. Nuestros políticos se han preocupado más por establecer las restricciones que por proteger los derechos. La Ley de Transparencia tampoco ha tenido hasta el momento un impacto real sobre estas cuestiones. Y los responsables de los archivos se deben atener a esta ofuscada interpretación de la legislación vigente. Por no detallar las limitaciones de personal que, en muchas ocasiones, tienen efectos devastadores para su imprescindible función social.

No creo en las bondades adánicas que se le adjudican a la historia habitualmente. Cada vez soy más consciente de que, como señalaba al final de sus días el filósofo Hans-Georg Gadamer, el conocimiento histórico no tendrá mayor utilidad que la de hacernos un poco más sabios. O, lo que es lo mismo, la historia no nos puede vacunar adecuadamente contra los errores ajenos, ni hacernos mejores personas. Tampoco peores. Pero esto no significa que su labor sea menos importante. La lectura del pasado se enriquece cuanto mayor es el número de documentos accesibles. Comparemos, por ejemplo, lo que sucede en Estados Unidos con los archivos presidenciales y lo que ha sucedido en nuestro país. Que una fundación privada sea la depositaria de documentación que, por su origen, debe ser pública es un riesgo que no podemos permitirnos. Y sabemos bien que la Fundación Felipe González no es la única. En definitiva, como recordaba el papa León XIII con palabras de Cicerón al señalar el modelo que debería seguir el Archivo Secreto Vaticano: la primera condición de un archivo es no mentir, la segunda no temer decir la verdad.

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