El fin de un gobierno irresponsable

Si ‘deseara’ la independencia de Cataluña con el fervor suficiente para ignorar las pésimas consecuencias más o menos presumibles que ésta tendría para el conjunto de los ciudadanos en términos económicos, políticos, culturales y de convivencia, probablemente abandonaría la obcecación de los actuales tejedores del separatismo en justificar la llegada de la independencia como una cuestión de democracia.

No es la primera vez que los líderes nacionalistas catalanes acuden en comitiva a arroparse entre ellos cuando los jueces les llaman a declarar por desobedecer las resoluciones de los tribunales. De hecho, la lamentable imagen del gobierno catalán y parte de los políticos del arco parlamentario -son habituales en estas manifestaciones miembros de Podemos y por descontado de la CUP- es mucho más frecuente de lo deseable en cualquier sociedad democrática.

Excusatio non petita, acusattio manifesta. Es todo lo que uno puede pensar cuando tras la pancarta ‘Democracia’ desfila un gobierno al tiempo que pone en duda la independencia judicial, cuestiona a legitimidad de los jueces y pretende influir en la toma de las decisiones de los mismos. Sin embargo, y aunque lo anterior ha sido denunciado por los propios magistrados del TSJC, resulta más perverso todavía que un gobierno se atreva a alentar la desconfianza en el poder judicial entre los ciudadanos a los que representa, poniendo en peligro la paz social de su comunidad.

Lo más grave de la imagen que precede este texto es la línea divisoria que los políticos nacionalistas han creado en la sociedad catalana: demócratas contra el resto. Esta vez les ha tocado a los jueces pero es muy habitual ser despojado de la condición de demócrata si uno considera que la organización territorial española debe ser discutida entre todos los españoles y no por una parte de ellos. Por fortuna, aunque Carles Puigdemont o Carme Forcadell crean que la mayoría de catalanes que no secundan su plan separatista son anti-demócratas, no todos tenemos esa facilidad para despachar a nuestros conciudadanos. Porque por más dudas que albergue sobre el compromiso del gobierno catalán con un proyecto democrático, no creo que esa sea la voluntad de la mitad de los catalanes.

Comenzaba estas líneas con una desiderativa. Rescato la distinción que mi amigo Nacho Martín Blanco hace entre ‘convicciones’ e ‘ideas’ independentistas. En Cataluña ha habido muchas personas con ideas proclives a la separación del resto de España, pero pongo en duda que todas ellas tengan convicciones para mantener esa voluntad a costa de la censura a los jueces, por acogerme al ejemplo más reciente.

La vía democrática hacia la independencia está agotada. Y aunque no es ninguna novedad, quizá sea el momento para que algunos abran los ojos y reconozcan su error. Que esto no ocurra demasiado tarde depende en gran medida de la generosidad de todos los catalanes. Es una lástima que el gobierno autonómico no lo haya sido por nosotros.