Conservadurismo y cuestión social

Dado que hasta los reaccionarios más recalcitrantes hacen planes para el futuro, el inmovilismo no es más que un sueño de la razón política. Por eso el conservadurismo que quiere actuar despierto no puede ser más que un reformismo cuyo ideal es poner el orden en movimiento. ¿Qué otra cosa han pretendido los conservadores españoles más relevantes?

El primer pensador social español que merece cabalmente este título es Balmes, que ya el primero de mayo de 1843 acusa a los gobiernos de hacer más retórica que política social. En sus Cartas a un escéptico escribe: «Hágase trizas esa civilización falsa, esa cultura raquítica y ceda su puesto a otra civilización más justa y equitativa». En 1841 había advertido «a las clases ricas» que el medio de evitarse «compromisos y apuros no puede ser la fuerza» y añadía: «¿Queréis evitar revoluciones? Haced evoluciones». Junto a Balmes podemos situar a Concepción Arenal. Suyas son obras tan relevantes como La cuestión social (1889), La instrucción del pueblo (1881) o el vibrante El pauperismo (1897).

Uno de los primeros en defender abiertamente la educación de la mujer es el conservador y apologista cristiano Severo Catalina. En La mujer, apuntes para un libro (1857) asegura que «la historia de la humanidad no podrá escribirse en tanto la educación se limite a una parte de la humanidad. El mundo no sabe todavía lo que es la mujer porque la sociedad le cierra la boca desde que nace hasta que muere». Esta es la pregunta que plantea a sus contemporáneos: «¿Por qué las mujeres no habían de acudir a universidades y recibir grados y ejercer profesiones científicas e industriales?»

El primer político que se plantea un «giro social» es Cánovas. Fue él quien puso en marcha, en 1883, la Comisión de Reformas Sociales y quien impulsó los primeros reglamentos sobre descanso dominical y protección de mujeres y niños. Pueden parecernos hoy medidas muy discretas, pero para su aprobación tuvo que vencer formidables resistencias. En 1903 otro conservador, Silvela, transformará la Comisión de Reformas Sociales en el Instituto de Reformas Sociales.

De Dato, un político decididamente social-reformista, es la muy importante Ley de accidentes laborales de 1900, que reconoce el principio del «riesgo profesional». Cuatro años después sostiene abiertamente que el Partido Conservador debe ponerse al frente de la legislación social: «Si ha de tenderse a evitar la lucha de clases estableciendo la vida industrial sobre la sólida base de la armonía entre capital y trabajo, ningún partido está en mejores condiciones que el partido conservador para realizar esa obra en uno de sus múltiples aspectos: la legislación obrera». No sorprende, pues, que fuera el creador del Ministerio de Trabajo (1920) y su contribución resultara decisiva para la apertura del Instituto Nacional de Previsión, que presidió entre 1909 y 1913. Fue también el inspirador de la ley que, tras su asesinato, presentó el ministro de Trabajo, el navarro Eduardo Sanz Escartín, que permitía expropiar las tierras abandonadas o mal explotadas. Sanz Escartín es también autor de una trilogía relevante: La cuestión económica (1889), El Estado y la reforma social (1892) y El individuo y la reforma social (1896).

Sobre Dato dijo el liberal Amós Salvador que había sido el introductor «de las ideas socialistas en la vida legislativa del país». Y añadió: «Acepto con pena que sea conservador, porque él lo dice; pero en lo que no cabrá duda, después de lo dicho es, en afirmar, que si lo es, lo es a la moderna».

La ley de huelga llegó a España en 1909, gracias a Maura, que la defendió con el argumento de que «la huelga es el ejercicio elemental, incontestable, del derecho de propiedad del obrero sobre su trabajo». Maura fue el creador de la legislación electoral de la que vivió buena parte del siglo XX; acometió la reforma de la administración local; reprimió la usura, suprimió el pago de salarios en especie, dictó la Ley de responsabilidad civil de los funcionarios públicos y el Estatuto de Funcionarios; ordenó la supresión de la publicidad de las ejecuciones; eliminó los llamados «fondos de reptiles» que había en el Ministerio de la Gobernación para repartir entre la prensa. Fue él quien propuso la autonomía cubana y el desguace del caciquismo, etc. Cuando, en 1921, Lerroux intentó persuadirlo, sin éxito, de que no abriera el Parlamento, para que la izquierda (donde entonces se incluía él mismo) no cometiera irresponsabilidades, comentó: «Es que el señor Maura tiene la superstición de la democracia; quiere el orden y la conservación social, pero asociados a la democracia». Ya ven, ¡qué excentricidad!

Cuando el maurista Augusto González Besada presentó un proyecto tributario sobre la renta que gravaba las fortunas que se hicieron durante la Primera Guerra Mundial, con el argumento de que habían sido posibles gracias a la neutralidad de España, hubo liberales que lo acusaron de estar imitando a Lenin. Sin embargo, El Debate lo apoyó, añadiendo lo siguiente: «Una vez más se da en la política española el raro fenómeno de que sean políticos conservadores quienes llevan a la legislación los más audaces y modernos avances democráticos, así en el orden fiscal como en el social» (18-10-1918).

Azcárate se lamentaba, con sobrada razón, de que, tras los sucesos de 1909, Maura dejara la presidencia del gobierno, porque, según decía, «jamás» el Instituto de Reformas Sociales había estado tan asistido por gobierno alguno como lo estuvo durante su mandato. Jamás -añadía- la inspección de trabajo había aplicado mejor su misión. Algún autor ha llegado incluso a calificar 1908 como «el año de oro de la legislación laboral en España». El mismo Prieto reconoció que: «Los liberales, asustados de llamarse así, a nada se atrevían y si había que hacer algo avanzado, lo hacían los conservadores».

De una personalidad tan compleja y con una trayectoria política tan prolongada como la de Gil Robles, pueden decirse muchas cosas, pero limitémonos a recoger un par de fragmentos de dos discursos suyos de 1933. El primero es de una alocución electoral radiada: «Las derechas, si son fieles a su doctrina, han de realizar una política intensamente obrerista, para las clases trabajadoras. Si mañana muchos obreros no nos votan, miremos si no hemos sido nosotros mismos el factor decisivo de la revolución» (1933). El segundo es de un discurso en las Cortes: «Una sociedad que se llama civilizada, una sociedad que se llama cristiana, no puede ver con indiferencia que, según las estadísticas, hay en España 650.000 hombres que no tienen que comer. Para remediarlo, lo que sea necesario: seguros sociales, obras públicas, trabajos extraordinarios: lo que sea preciso, señor presidente. ¿Dinero? A buscarlo donde lo haya, con reformas fiscales todo lo avanzadas que sean menester, porque con el hambre de los hombres, de una vez hay que acabar».

La lista podría ser muchísimo más amplia (me duele dejarme en el tintero a hombres como Giménez Fernández), pero, para concluir, saltemos hasta el artículo 129.2. de nuestra actual Constitución, que dice lo siguiente: «Los poderes públicos promoverán eficazmente las diversas formas de participación en la empresa y fomentarán, mediante una legislación adecuada, las sociedades cooperativas. También establecerán los medios que faciliten el acceso de los trabajadores a la propiedad de los medios de producción». Podríamos pensar que tras este artículo estaban los comunistas. Pero Solé Tura, el ponente constitucional del PSUC-PCE, aseguró que no se hubiese atrevido a proponer semejante redactado. Quien propuso la inclusión de la última frase fue Licinio de la Fuente, de AP.

¿Podrían los conservadores haber hecho más? ¡Sí, sin duda! Pero, entonces, la discusión pertinente es esta, si se pudo hacer más, no si se hizo algo. Cuando un conservador ha puesto de manifiesto una innegable sensibilidad social, se ha tendido a considerarla como un rasgo psicológico particular. ¿No ha llegado la hora de que los conservadores la consideren, como mínimo, un rasgo psicológico colectivo? ¿No ha llegado la hora de hacer de la cuestión social nuestra cuestión?