Para que los indultos funcionen

Apaciguamiento es una palabra con mala prensa. Aunque a priori no implica otra cosa que un cierto tipo de negociación entre dos agentes o la labor de un mediador en un conflicto, la historia la ha maldecido para siempre. La impregnación del término persiste después de casi un siglo: la amenaza de la violencia, el miedo travestido de virtud, la claudicación ante la fuerza y, sobre todo, el sacrificio de un tercero. Es tan fuerte la reverberación de aquel momento que toda política de apaciguamiento, más si centrifuga costes, se presentará eludiéndose la palabra que la nombra. En este último supuesto, no sólo se circunvalará la palabra: el tercero perjudicado desaparecerá también del discurso.

Hay un problema con los indultos planteados: desde cierto punto de vista, son el último eslabón de una política rutinaria. En la época de  transferencias a cambio de gobernabilidad no había apaciguamiento porque no había amenaza, pero sí existía la centrifugación de costes: sucesivos Gobiernos lograron un beneficio inmediato a cambio de su proyección poco consciente hacia un futuro abstracto y un tercero, el Estado, que perdía presencia en partes del territorio. Ahora, el discurso se nos presenta con un razonamiento extraño: la operación supondría para el Gobierno actual un coste concreto y elevadísimo en lo inmediato, a cambio de un beneficio general que, aunque incierto, debería buscarse a toda costa. Es esta una lógica contra los propios intereses que cuesta imaginar, si no es en situaciones límite. Pero la comunicación política logra en muchos casos que el elector tome literalmente las palabras que escucha. Algo que vale también para la oposición. En realidad, el coste de imagen es la mochila a cargar para prorrogar la misma clase de estabilidad que se ha venido disfrutando hasta hoy. O, alternativamente, el precio diferido, comprometido en su momento para obtener el apoyo en origen. Hay, como siempre, beneficio inmediato y concreto, pero la pérdida es más compleja: de esa misma naturaleza para el Gobierno, ganador y perdedor a la vez, de otro tipo muy distinto para el tercero en quien se externalizan los costes, que no es aquí el Estado, sino la ciudadanía no nacionalista de Cataluña.

Recordar la diferencia entre motivaciones y argumentos no implica pesimismo alguno: podría ser que, al primarse el propio interés, se desencadenara una dinámica virtuosa. Ese es el juego deseable y, si así se diera, los indultos deberían adoptarse. Pero un análisis somero deja ver que no sólo la retórica favorable, sino también la contraria, magnifican los efectos: no parece haber beneficios significativos más que como proyecciones voluntaristas, pero tampoco nada sustancial que pueda cambiar a peor. Tanto si los indultos se conceden como si no, no se vislumbra un detonante que active un engranaje político ni benéfico ni inquietante. La mayoría de ideas introducidas en el debate parecen, en general, racionalizaciones de posiciones preexistentes.

¿Puede haber utilidad pública en los indultos? En tal idea se ampara el Gobierno para encajar esta institución en alguna de sus finalidades. Los partidarios apuntan a una noción genérica de oportunidad. Ejemplos, con sus debilidades: el victimismo sería desactivado una vez que no haya presos. Pero el victimismo es siempre proteico y cabe sospechar que hallaría un relato renovado sobre el que posarse. La disputa dentro del campo independentista se traduciría en que la fracción radical, la perdedora, continuará esforzándose en presentar los indultos como derrota. No se valorará el perdón de la pena, sino la ilegitimidad del castigo y la traición a la causa. Si, por un lado, se puede aducir que la medida debilita la cohesión del independentismo, por otro el discurso del agravio no desaparecerá y podrá presionar sobre el poder nacionalista desde fuera en el día a día.

También se anticipa un fortalecimiento de la imagen del Estado en el exterior: un argumento bienintencionado, que no se puede descartar a priori, pero tampoco asegurar. Deberíamos poder concretar en qué ámbitos se daría el hecho, y si implicará un rédito real. ¿Hablamos de prensa y opinión pública foránea? En perfecta simetría, otras voces nos hablan de confusión y desconcierto en el plano internacional. Pero el desarrollo más despegado de la lógica quizá sea el que agita el espantajo de una involución de los afectos: otra vez el desapego que podría llevar a una desconexión de quien aún es recuperable. Si el optimismo causal caracteriza los argumentos pro-indulto, en este caso estamos ante un ejemplo de política-ficción: nada hace pensar que el Estado se halle hoy en una situación similar a la de antes de octubre de 2017. Las condenas fueron reales, el secesionismo habrá tomado nota de que cualquier cirugía ante una potencial repetición se practicaría con mucha más diligencia ante los primeros síntomas.

Y, como en una especie de paradoja, si la defensa de los indultos no parece convencer, el espacio de quienes los rechazan transmite, en muchos casos, una suerte de desazón. Quienes así se manifiestan, tras negar los beneficios de la medida, acentúan aseveraciones de orden moral y proyectan la mirada atrás para recalcar la gravedad insoslayable de los hechos condenados. Se vislumbra un peligro real: el de que los indultos sean el explosivo del constitucionalismo catalán y que una fracción de quienes los rechazan exhiban su desprecio sobre los que, con todo derecho, proclaman su disposición favorable. Quizá un nuevo y muy grave reflujo del procés.

Tal como se plantean, los indultos son una política de apaciguamiento convencional expuesta a uno de sus grandes riesgos, la percepción de que se conciben a costa de un tercero. Y, si el perjuicio es aquí más moral, más imaginado que estrictamente material, la indignación de muchos es incomparablemente más intensa que ante revelaciones como, por ejemplo, el uso de fondos Covid por parte del Govern para pagar a productoras audiovisuales afines. Esta reacción nos dice qué clase de heridas son las que más duelen a un ciudadano resignado a no contar. Ahí reside, en la idea de reconocimiento, la fórmula a explorar para convertir los indultos en otra cosa que no sea gasolina para la discordia en la política española.

La visión alternativa sería concebir los indultos no de forma aislada, sino como parte de una política más ambiciosa de normalización de la convivencia en Cataluña. Una policy que asumiera como uno de sus ejes la necesidad de ese reconocimiento vigoroso de la ciudadanía no nacionalista. La escuela, así como la administración y medios públicos son ámbitos de actuación prioritaria, incluso sin disponer de la llave del gobierno autonómico, a través de la exposición y el recordatorio continuo de los abusos en que el nacionalismo incurre: negación de derechos lingüísticos a los catalanes castellanohablantes, desprecio de sentencias judiciales, humillación de quien rechaza el nacionalismo como opción política. Y además hay infinitas formas de concebir el fomento de esa puesta en valor, de ese empoderamiento de quienes necesitan visibilidad. El problema de los indultos es lo que subyace a ellos, que es captado de modo intuitivo: no hay modo de emerger, el papel de perdedor, pase lo que pase, parece inapelable. Una política de ese tipo para Cataluña sería resistida por el nacionalismo, pero también podría desatar dinámicas positivas que hoy parecen puro voluntarismo: la tolerancia hacia los indultos podría crecer como respuesta al reconocimiento recibido, la idea de la necesidad de arrepentimiento por parte de los presos sería irrelevante. El efecto de gestos tentativos en esa dirección, como el del ex ministro Illa al hablar en castellano en el Parlament, fue automático, como se pudo comprobar. Es muy probable que una resistencia férrea por parte del nacionalismo pudiera tener un altísimo coste de imagen en el medio plazo. Para empezar, habría que corregir el discurso que sostiene que al conjurar el riesgo de la independencia lo esencial ya ha sido conseguido. Porque el mecanismo que perpetúa la invisibilidad del perdedor es justamente ese foco en la independencia y no en la abrasiva hegemonía que se reproduce a sí misma desde hace cuarenta años. Desde luego, todo ello pondría en serios aprietos a este Gobierno. ¿Sería una de esas medidas altruistas, en apariencia contra uno mismo, tan raras en política? Si atendemos a la coyuntura actual y a las preferencias elegidas para gobernar, sin duda. Pero, ¿no se nos habla de valentía y beneficios generales en el largo plazo? ¿Pensará alguna vez, este Gobierno, algún Gobierno, que esta es la vía que nunca se ha tomado y que ya va siendo hora de explorar?