Callejones sin salida

Es dudoso que la protesta escenificada ayer en Madrid contra los indultos a los líderes del procés modifique el curso de acción marcado por el Gobierno, decidido como está a presentar lo sucedido en el año 2017 como un «error colectivo» donde las culpas se reparten por igual entre quienes trataron de subvertir el orden constitucional y quienes se esforzaron por defenderlo. Pudiera incluso suceder que la oposición exhibida ayer terminase por favorecer los intereses del ejecutivo, que ha logrado hacer de «Colón» un signo pegajoso con vida propia, a la manera de los viejos monstruos del cine de serie B. Las desafortunadas manifestaciones de Isabel Ayuso sobre los actos del Rey podrían facilitar esa estrategia comunicativa, recordándonos de paso que los partidos políticos se arrogan desde hace mucho tiempo un protagonismo en las movilizaciones colectivas que no les corresponde. Fue tal el éxito cosechado por Zapatero, cuando se echó a la calle para erosionar al segundo Gobierno de Aznar, que nadie parece dispuesto ya a quedarse en casa cuando cree que le conviene lo contrario.

¿Y ahora? Que la asociación cívica que convocó la manifestación de ayer se llame Unión 78 es, para sus críticos más acerbos, significativo: la constitución vigente carece a sus ojos de la legitimidad necesaria y sería fútil empeñarse en defenderla. Desde luego, para eso han trabajado con ahínco nuestros entrañables nacionalismos periféricos y el triunfante Podemos de los inicios. Por su parte, la moción de censura situó al PSOE de Sánchez en un espacio de alianzas que participa de ese espíritu destructivo; se diría que el campo semántico manejado por el Gobierno empieza a reflejar ese inquietante desplazamiento. Va cobrando así forma un discurso que sostiene que es necesario superar el orden constitucional vigente si queremos «solucionar» el problema catalán: el inmovilismo es cosa de boomers. De ahí que se recupere el concepto de «nación de naciones» como base de una gran reforma constitucional que —se nos dice— haría posible el «reencuentro» entre España y Cataluña: sin matices, a lo grande, como si el nacionalismo catalán fuera Cataluña y toda España se arremolinase detrás de Pedro Sánchez.

Ya veremos si se trata de una patada a seguir o si detrás de este anuncio existe una voluntad decidida de poner fin a la aventura constitucional iniciada en 1978. Y es que una reforma confederal de la constitución, que consagrase un estatuto jurídico diferenciado para Cataluña y el País Vasco en el marco de un insólito Estado plurinacional, no tiene sitio en la actual constitución; para hacer eso, necesitaríamos otra. Ya somos, en todo menos el nombre, un Estado federal; la propuesta de «reforma de la constitución en sentido federal» tiene así gato encerrado. La primera duda que despierta concierne a la legitimidad de quien lo enarbola: ¿puede una mesa extraparlamentaria de negociación dar comienzo a un proceso constituyente susceptible de decidir sobre lo que es común a todos? Si de verdad se quiere hacer tal cosa, deberá seguirse el procedimiento constitucionalmente establecido. De hecho, el parlamento llamado a ponerlo en marcha debiera salir de unas elecciones en las que el electorado pudiera pronunciarse sobre la deseabilidad de un rediseño confederalizante: no recuerdo al candidato Sánchez hablando de estos asuntos.

El problema catalán no tiene, propiamente hablando, solución. Y es que el agravio que dicen sufrir los independentistas[contexto id=»381726″] es puramente imaginario. Al igual que sucedía con el famoso personaje de Moliére, la enfermedad consiste en creerse enfermo: no ha habido recentralización y nadie les roba ni oprime. Así que no hay cura: el camino de la descentralización ya ha sido recorrido. El Gobierno ya lo sabe; para eso es el Gobierno. Ocurre que la alianza electoral con los nacionalismos promete recompensas jugosas en el largo plazo y su electorado parece dispuesto a creer una vez más que todo —¡faltaría más!— es culpa del PP. Para el independentismo, la jugada es brillante: prestarse magnánimamente a forjar un acuerdo confederal, al tiempo que sus líderes son indultados y su imagen rehabilitada fuera de España, es una manera inmejorable de acceder a la confortable sala de espera donde puede trabajarse en la vía mayoritaria a la secesión. Hay que suponer que el Gobierno espera que ese momento no llegue nunca: su apuesta es que el nacionalismo catalán siga el ejemplo vasco y termine por disfrutar de tales ventajas dentro de España que prefiera no irse a ninguna parte. Este plan encontrará lógicas resistencias, pues el precio que se paga por la comodidad anímica de nuestros nacionalismos es ya demasiado alto. En última instancia, decidirán los votantes: solo cabe desear que no se equivoquen demasiado.