Contra la exigencia del pasaporte covid

La protección de la salud de los ciudadanos ha resultado ser un eficaz parapeto tras el que quienes nos gobiernan disimulan su desidia, inoperancia y/o arbitrariedades varias. También una madriguera en la que se ocultan alimañas que aprovechan el miedo a la enfermedad y a la muerte para intentar implantar en la sociedad modelos de convivencia en los que la libertad del individuo se convierte en un reducto residual, sin apenas virtualidad o trascendencia práctica, ya que el Estado, convertido en un ente omnímodo, teledirigirá nuestras elecciones vitales.

España se encuentra en una situación privilegiada respecto de otros países europeos en lo referente a la pandemia de la covid-19, gracias al altísimo porcentaje de población vacunada, por encima del noventa por ciento. A pesar de este magnífico dato, que debería sustentar una campaña a favor de la vacunación dirigida a convencer a los reticentes, nuestras autoridades sanitarias prefieren recurrir a la coerción indiscriminada y, muchas veces, infundada. Porque en lo más profundo de su ser consideran que ellos están más capacitados que nosotros para decidir sobre lo que nos conviene. Porque conciben el voto depositado en la urna como un poder con facultades amplísimas para intervenir tanto sobre nuestra vida en el espacio público como en nuestra parcela más intima y privada. Jamás olvidemos que para quien aspira alcanzar tales cotas de poder, la sana y razonada discrepancia se transforma en una intolerable disidencia que ha de ser sometida y erradicada.

Por ello ningún ámbito, ni tan siquiera el sanitario, debe escapar del principio de legalidad. Cualquier decisión que los poderes públicos adopten en pos de la salud deberá cumplir escrupulosamente la norma, más aún si ésta afecta a otros derechos y libertades de la ciudadanía. Pero esto es algo que muchos de nuestros políticos se niegan a comprender, acusando a los tribunales que anulan o no convalidan sus decisiones contrarias a derecho de querer suplir a la medicina o a los designios democráticos, cuando en realidad son ellos los verdaderos suplantadores: ni muchas de sus decisiones se sustentan en criterios médicos ni respetan algunos de los elementos vertebradores de nuestra democracia.

Un buen ejemplo de lo que digo son las reacciones suscitadas por la decisión del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco de denegar la implantación del pasaporte covid en el ocio y la restauración de esa región. Es posible que algunas de ellas sean debidas a la desinformación, ya que en su momento se hizo creer que el Tribunal Supremo había avalado la exigencia discrecional del susodicho documento por parte de las autoridades sanitarias sin atender a ulteriores requisitos, algo que no es cierto. Lo que afirmó la Sala de lo Contencioso Administrativo del Alto Tribunal el pasado mes de septiembre, a instancias de la Xunta de Galicia, es que la medida ha de resultar necesaria, idónea y proporcionada —como cualquier otra que suponga la afectación de derechos de los ciudadanos—. La concurrencia de estas exigencias no se presupone, sino que ha de ser acreditada y motivada por la autoridad sanitaria que pretende implantar la medida.

Y si bien el Supremo consideró que, en el momento de adoptarse la decisión, la Xunta de Feijóo fundamentó que era una orden ineludible para atajar los contagios, la realidad volvió a imponerse tozuda, puesto que estos habían caído en picado antes de que se publicase la sentencia a pesar de que no había entrado en vigor la exigencia del pasaporte covid. La invocada «necesidad» que consideró acreditada la Sala Tercera quedó ciertamente en entredicho.

Lo que ha hecho el Tribunal Superior de Justicia Vasco en el Auto dictado ayer es constatar no solo que el Gobierno de esa Comunidad Autónoma ha sido incapaz de evidenciar la concurrencia de la necesidad, idoneidad y proporcionalidad, sino que en su fallido intento ha incurrido en numerosas incongruencias. Por ejemplo: si se permite entrar a los lugares afectos por la medida a los menores de 12 años que no están vacunados: ¿qué justificación sanitaria tiene no dejar pasar a quienes no exhiban el pasaporte? ¿Por qué no se exige el pasaporte a los empleados de esas instalaciones, que además son quienes van a manipular los productos que en ellos se sirven? Si para ellos resulta suficiente la exigencia de portar mascarilla y la desinfección: ¿por qué no se consideran  también medidas bastantes para los no vacunados?

Si una administración no ha sido capaz de contestar a estas preguntas, uno bien pudiera pensar que la finalidad del pasaporte no es meramente médica y obedece a la necesidad de castigar a quienes las autoridades consideran malos ciudadanos. Máxime cuando la vacunación en nuestro país no es obligatoria y nuestras tasas de ocupación hospitalaria son, por suerte, irrelevantes. Y esto es algo a lo que no debería conferirse cobertura legal.

En lugar de inocular miedo y odio a la ciudadanía, deberían promocionar los éxitos de la vacuna. Pero mucho me temo que no va a ser así: van a seguir clamando por los recortes de los derechos de todos y por la expulsión del espacio público de los no vacunados, mientras acusan a los togados que no les bailen el agua de injerir en un ámbito que no les compete.

Pero a quienes nos reclaman que lo fiemos todos a la política, me permito señalarles una cosa: en un país donde la mayoría del Congreso hizo dejación de funciones permitiendo que el Gobierno de la nación se sustrajese del control de los contrapesos institucionales y obrase con arbitrariedad durante nada menos que medio año, el poder judicial es la única garantía que nos queda ante la vulneración de los derechos y libertades que nos son propios como individuos. Quienes muestran fastidio por la intervención de los jueces no sólo son unos cretinos, sino también un peligro para la convivencia muchísimo mayor que los no vacunados.