El federalismo cultureta

Es curioso, o quizá no, pero en América Latina se habla de «federalismo cultural» como la garantía de las culturas locales, pequeñas, normalmente indígenas, frente a la uniformidad capitalina. Así, de lo que hablan es de autonomía regional para conservar su propia cultura, la elaborada en su territorio. Un buen ejemplo es Brasil, donde existe la pretensión desde 2003 de conservar la heterogeneidad cultural del país.

También en Alemania se habla de «federalismo cultural» pero, adivinen, es para preservar la pluralidad de los dieciséis Länder. El modelo es Suiza: el cantón tricultural de Graubünden es distinto al cantón urbano de Zürich, o al italiano de Tessin. Lo mismo ocurre en Canadá, que se tiene como un instrumento para la protección de las minorías culturales. Incluso se habla de asegurar la «soberanía cultural» de cada región. En fin, que el «federalismo cultural» es para proteger la libertad y la pluralidad frente a un Gobierno homogeneizador.

No es el caso español. Aquí, donde se ha sacado el concepto para desarmar museos nacionales, solo los situados en Madrid, claro, y repartir las obras por el país. Ahora bien: es bueno no confundir descentralización con dispersión. La cultura está muy descentralizada en España. Cada autonomía tiene su política propia de preservación y fomento de lo autóctono, de recreación del pasado, de exaltación del folklore, e incluso de la conversión de hablas en lenguas. Ya vivimos en el «federalismo cultural».

Los nacionalistas, sin embargo, aplaudieron la amenaza de dispersión del ministro Iceta. Lo hicieron porque el victimismo y la exigencia están en las entrañas de su ideología. Las naciones posmodernas se construyen como se fabrica la memoria oficial, a golpe de presupuesto institucional. Y para justificar ese gasto hay que alimentar el ajuste de cuentas con el entorno político y con la historia inventada. Lo más barato es demandar la «devolución» de obras patrimoniales, como la Dama de Elche, o que se desmantele el atractivo económico y cultural de la capital del Estado, véase la voracidad sobre el Museo del Prado.

Esto ocurre en nuestro país porque los socialistas sostienen que el progreso pasa por el refuerzo de los nacionalismos excluyentes y desintegradores, empeñados en la reconstrucción de pequeñas comunidades homogéneas que en su día solo vivieron en la mente de escritores y políticos.

Al tiempo, y sin rubor, esos mismos socialistas añaden que hay que hacer una enorme tarea de «pedagogía de la pluralidad» para convencer a la gente. ¿Por qué dicen «pedagogía» cuando en realidad es «propaganda institucional»? Es un concepto, el del político haciendo pedagogía, que delata un complejo de superioridad y soberbia que no se compadece con la realidad intelectual de nuestra clase política. Por tanto, de cumplirse su objetivo sería una especie de «federalismo cultureta».

Esto procede de un viejo truco político: sumarse a la identidad colectiva local. En estos casos me gusta mucho el ejemplo de las estatuas de Lenin con los ojos achinados en las repúblicas orientales de la extinta Unión Soviética.

El socialismo español asimiló el discurso y los objetivos parciales del nacionalismo para tener un aliado sólido contra la derecha. Ya que los liberales y los conservadores españoles tienen como una de sus claves políticas y electorales la unidad de España, la izquierda encontró en los nacionalistas un aliado para arrinconar a la derecha.

De esto viene todo. El ministro Iceta puso sobre la mesa el federalismo cultural como una ofrenda a los nacionalistas mientras se negociaban los presupuestos. Con ello quiso satisfacer el rechazo que produce el ascenso económico de Madrid en otras regiones gobernadas por nacionalistas y socialistas.

Amenazar con la erosión de la bonanza económica madrileña y el patrimonio cultural y artístico que alberga esa región es un buen negocio político. Al fondo no está la cultura ni la justicia, sino una compra de votos que hoy solo es amenaza, pero que mañana puede ser una realidad si está en juego la permanencia de Sánchez en La Moncloa.