Salir de la crisis sin mecanismos de alarma

¿Qué importa si la deuda pública ha crecido del 86% al 100% del PIB en la eurozona o del 95% al 125% en España en sólo año y medio? ¿Y las grandes reformas estructurales? No parece que sea tan grave que se retrasen o que las que se aprueban no cumplan con las directrices dadas por Bruselas. Los mercados financieros están hoy dispuestos a prestar dinero a tasas de interés cercanas a cero a países miembros que acumulan grandes desequilibrios. Al menos por el momento. Los habituales mecanismos de alarma, como el aumento de los tipos de interés en los mercados de deuda donde se financian los Estados soberanos, están neutralizados. Ya sea por la política ultra expansiva de los bancos centrales o por la desconcertante laxitud de las autoridades europeas con las reformas exigidas a los países receptores de los fondos de reconstrucción. Puede que se trate de dar un respiro temporal a países como España, la más rezagada entre sus socios en la recuperación y con persistentes desequilibrios fiscales. Pero es una opción que no está exenta de riesgos: a falta de una presión exterior, nuestro país puede perder la oportunidad de aprovechar los fondos europeos para transformar su economía.

Hace apenas una semana los inversores internacionales compraron bonos del Reino de España a 10 años a una rentabilidad del 0,50%. Un tipo de interés irrisorio si tenemos en cuenta que la inflación se situó en nuestro país en el 5,6% en noviembre, que el PIB creció un 2%, en el tercer trimestre y está aún ocho puntos por debajo del nivel previo a la pandemia y que la deuda pública ha aumentado casi un 30%. Que los inversores extranjeros sigan financiando nuestro déficit entre gastos e ingresos, que ha pasado de situarse en el 2,87% del PIB en 2019 a más del 8% que terminará este año, es gracias a todo lo que ocurre a nuestro alrededor: las compras masivas de deuda y otros activos por parte del BCE y el paquete de ayuda de 140.000 millones de euros (mitad a fondo perdido, mitad créditos blandos) prometido por Europa a España. 

En los peores momentos de la interminable Gran Recesión de 2008-13, cuando Europa optó por la austeridad fiscal en lugar de la expansión del gasto como ahora, los inversores nos pedían un 7% por ese bono a 10 años. Provocada por el estallido de la burbuja inmobiliaria y financiera, la crisis de la deuda de los países periféricos como España, Italia, Portugal y Grecia, amenazaba con llevarse por delante el proyecto común europeo. Mario Draghi la desactivó en julio de 2012 con su famoso whatever it takes. Una apuesta arriesgada que sentó las bases para una nueva política monetaria alejada de la tradicional ortodoxia de la institución y que hoy su sucesora, Christine Lagarde, sigue practicando con éxito.

Los periodistas económicos Jana Randaw y Alessandro Speciale cuentan en su libro Mario Draghi el Artífice (Editorial Deusto) cómo el italiano sorteó todos los obstáculos, principalmente la resistencia del gobernador del Bundesbank Jens Weidman, y rompió todas las convenciones para lograr el rescate del euro. Lo interesante es que en sus reuniones con los gobernadores de otros bancos centrales, Draghi encuentra escepticismo con respecto a la capacidad de los instrumentos no convencionales (las compras masivas de activos financieros que tan buen resultado demostraron tener posteriormente), pero no tanto por dudar de su eficacia si no por el temor a que las intervenciones del BCE llevaran a los gobiernos a la inacción. Es decir; a no hacer las reformas estructurales necesarias para asegurar un crecimiento robusto. Algo parecido ocurre ahora. 

El insólito acuerdo para emitir deuda conjunta y crear el fondo Next Generation https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_es dotado con algo más de 800.000 millones de euros (a precios corrientes) para impulsar la recuperación de las economías más afectadas por la pandemia, abre una nueva era en la historia de la unión y en la relación entre los países acreedores y deudores. Por eso sería imperdonable que España perdiera esta oportunidad y que confiara toda su recuperación a esa financiación a coste cero y postergara los cambios que necesita la economía. Su desidia serviría para dar la razón a los países más reticentes del Norte a ser solidarios con los socios de la periferia de la Unión. En nuestra democracia hemos avanzado en las reformas y la apertura de nuestra economía gracias al impulso europeo. Ya sea el ingreso en el Mercado Común con el Gobierno de Felipe González en 1986 o la entrada en la moneda común con el de Aznar en 2002 tras seis devaluaciones previas de la peseta. 

La Comisión Europea anunciaba hace escasos días que España va a ser el primer país miembro en recibir una parte de los fondos, la OCDE desmontaba sin piedad la reforma del sistema de pensiones pactada entre el Gobierno y los sindicatos al margen de los empresarios y que ha sido aprobada recientemente en el Parlamento. Según la organización que agrupa a las 38 economías más avanzadas del mundo, esta no asegura la sostenibilidad del sistema habida cuenta la evolución demográfica y el mecanismo de equidad intergeneracional es una solución sólo temporal que no garantiza la solidaridad con las siguientes generaciones. Incluso desde Bruselas se había exigido a España que alargara el periodo que se emplea para calcular las pensiones. 

¿Han hecho ahora la vista gorda las autoridades europeas? España recibirá un primer tramo de 10.000 millones de euros (que viene a sufragar parte de los 27.000 millones euros adelantados a cuenta del dinero europeo en el presupuesto de 2021 de los que por cierto sólo se ha ejecutado el 26%). La ayuda europea ha de sumar entre un 2,9% y un 10% al PIB hasta 2026 y está supuestamente condicionado a la  adopción de una serie de reformas y de un ingente número de iniciativas legales. Pero esa supervisión hoy brilla por su ausencia. 

¿Qué pasará con la reforma laboral que ahora mismo se está cocinando? Dada la sangrante dualidad entre trabajadores fijos y temporales que tiene su máxima expresión en un inaceptable 40% de paro juvenil, cualquier propuesta de Ley que salga de esas negociaciones debería ser valorada y revisada por la Comisión. Sustituir temporalidad por rigidez, como apunta lo conocido hasta ahora, no parece una buena idea.

Es comprensible que el deseo de la Comisión Europea y la Unión, tras las arduas negociaciones con los países acreedores para que aceptasen este Plan Marshall europeo, sea que la movilización de estos recursos tenga cuanto antes un efecto en el crecimiento. La intervención de Angela Merkel fue definitiva para lograr el acuerdo. Y es de esperar que su sucesor en la cancillería, el socialdemócrata Olaf Scholz, quiera ver también los frutos en el crecimiento de las masivas transferencias que empiezan a llegar a los países más afectados, especialmente Italia y España. Si la prioridad es el uso de los fondos, no es descartable que haya una mayor permisividad en el ritmo y alcance de las reformas, como ya se está viendo. Pero, ¡ay! Sin un poco de presión exterior, ¿qué será de nosotros? ¿Será esta otra oportunidad perdida para avanzar en competitividad, productividad y fortalecimiento de nuestras instituciones?