Sentar las bases

El 6 de enero es un recordatorio de lo frágiles que son las democracias. Hasta en las más viejas y consolidadas como la estadounidense una turba de iluminados puede un día decidir asaltar el Parlamento jaleados por un presidente que se resiste a abandonar el poder pese al dictamen de las urnas. La Gran Recesión de 2008-13 extendió el descontento social y el escepticismo con respecto al sistema. Perfecto caldo de cultivo para la ascensión al poder de líderes populistas que ofrecen soluciones fáciles a problemas complejos y fomentan la división de la sociedad para permanecer en el poder. La esperanza es que las políticas de estímulo que se van a aplicar para salir del socavón económico provocado por la pandemia de la covid-19 y que son radicalmente opuestas a la austeridad aplicada en la crisis anterior, sirvan para inmunizar a las democracias de estos movimientos. Pero son muchas las incertidumbres que lo podrían impedir: la inflación, la deficitaria gestión de los fondos de reconstrucción, la incapacidad de hacer las reformas necesarias… 

La inflación sigue su subida imparable. Los precios en la eurozona se dispararon un 5% en diciembre, la tasa más elevada desde la creación de la moneda común, y cierra el año en el 2,6%, por encima del objetivo del Banco Central Europeo. El encarecimiento de la energía y de los alimentos, los factores más volátiles de la inflación, explican esta alarmante evolución que no hará más que añadir presión sobre la autoridad monetaria para que la no solo acelere la retirada de sus compras de activos financieros en los mercados, sino que anticipe una subida de los tipos de interés. 

Una medida restrictiva que frenaría la recuperación cuando aún el crecimiento sigue lejos de los niveles previos a la pandemia. Con el agravante de que, como ocurrió en la anterior crisis financiera, se está produciendo una clara divergencia entre los países que están saliendo más rápido de la crisis y tienen sus cuentas públicas consolidadas y los que, como España, se sitúan a la cola de la recuperación y acumulan abultados desequilibrios públicos. La inminente marcha atrás en la política monetaria ultralaxa del BCE los hace especialmente vulnerables. No solo por su impacto en la demanda de crédito, sino también por el encarecimiento de las emisiones de deuda pública. Hasta ahora España ha conseguido financiar a tipos de interés negativos el extraordinario aumento del gasto público en que ha incurrido para capear la crisis. 

Sin el salvavidas del BCE, el escrutinio de los mercados será mucho mayor. Y esto es un gran reto para España. ¿Puede servir de acicate para hacer las reformas necesarias en la educación y la formación del capital humano e impulsar la estancada productividad del país? ¿Contribuirá a que el Gobierno se ponga la pila con la ejecución de los fondos europeos y reforme la administración para agilizar su asignación y ejecución? Sería lo deseable, pero de momento nada apunta en esa dirección. 

Porque, según los datos del Ministerio de Economía, en el primer semestre de ejecución del Plan de Recuperación, el Gobierno ha dado prioridad a los gastos ligados a sus políticas de reforma, con subvenciones directas y transferencias a las CCAA, y no tanto a las inversiones en la economía real. Esta semana la CEOE publicaba su primer informe sobre el seguimiento de los fondos Next Generation EU para España. La patronal se lamenta de la falta de agilidad administrativa y alerta que países de nuestro entorno, como Portugal, Francia o Italia están siendo mucho más rápidos en asignarlos y ejecutarlos que eso podría tener un efecto negativo a la hora de atraer inversiones. «Solo el desembolso de fondos a empresas y entidades que no forman parte del sector público tiene un impacto real en la economía». De los 21.200 millones de euros presupuestados, solo 104 millones de euros habían llegado a las empresas a finales de agosto, según la organización empresarial. 

El peligro de perder la oportunidad que estas ayudas ofrecen es evidente. Un uso populista y poco eficaz de los fondos podría hacer perder a España el tren al que nuestros socios sí parecen estar subiéndose. La falta de transparencia en los planes del Gobierno para gastar el maná europeo, el abuso del decreto ley que priva al Parlamento del necesario debate sobre las bases sobre las que se ha de sentar el crecimiento futuro, la incapacidad de alcanzar consensos… Nada de ello invita al optimismo y contrasta con lo que sí se ha conseguido en el contexto europeo y que hasta hace pocos meses parecía impensable: la emisión conjunta de eurobonos para financiar el mayor plan de estímulo acordado en la historia de la unión, un fondo de desempleo común SURE que financia en parte los ERTE… En definitiva, el refuerzo de la arquitectura que soporta la moneda común. 
En la década de 1950 y principios de la de 1960 los Gobiernos progresistas de Europa y Norteamérica reconstruyeron sus países y sentaron las bases de 30 años de prosperidad. Lo recuerda Michael Ignatieff en Fuego y cenizas (Taurus 2014), el libro autobiográfico en el que el intelectual narra su infructuoso intento de cambiar la política en su Canadá natal. Se podría decir que estamos en un momento parecido. Porque a las dos grandes crisis económicas vividas en los últimos 14 años, se añade el reto de la urgente transición ecológica que atañe no solo a las economías occidentales. Parece que son razones suficientes para sentar unas nuevas bases para el crecimiento. Pero en una Europa huérfana del empuje de Angela Merkel, donde no faltan líderes de claras tendencias autocráticas y otros que gobiernan cómodamente con nacionalistas y populistas, la conjura de los movimientos iliberales que amenazan nuestras sociedades abiertas, por muchos millones de euros comprometidos en políticas de estímulo, no está por desgracia del todo clara.