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Economía

España perderá fondos europeos si el Gobierno no aprueba las reformas pendientes en el plazo de un año

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, debe completar el nuevo marco de las pensiones en el segundo semestre de 2022

España perderá fondos europeos si el Gobierno no aprueba las reformas pendientes en el plazo de un año

Paolo Gentiloni|Gloria Imbrogno (NurPhoto)

El Gobierno tiene un año para lanzar el grueso de las reformas que demanda Europa o perderá fondos europeos para la recuperación. La Unión Europea monitorizará los avances de España en cuanto a las inversiones y reformas comprometidas y castigará eventuales incumplimientos, tal como señalan a THE OBJECTIVE fuentes conocedoras del contexto en que se firma el memorándum con la UE.

Un día después de que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, rubricara el acuerdo para activar el plan de recuperación con el comisario de Economía, Paolo Gentiloni, el pasado jueves 11 de noviembre, España solicitó el desembolso de 10.000 millones del fondo de recuperación que se sumarán a los 9.000 anteriores de anticipo ya recibidos, siempre que la evaluación que Europa haga en el plazo de dos meses confirme que nuestro Ejecutivo ha llevado a cabo los 52 compromisos que el Gobierno de Pedro Sánchez considera ya cumplidos.

A partir de ahí, está previsto que se vayan desbloqueando nuevos tramos de ayudas cada seis meses en función de la disciplina que vaya mostrando España.

Como aclara la directora senior de la Unidad Next Generation EU de LLYC, Paloma Baena, a THE OBJECTIVE, el texto rubricado con Europa es un «contrato de país» independiente del Gobierno que en cada momento esté al frente y obliga al cumplimiento de todos sus extremos y calendarios.

No obstante, fuentes oficiales transmiten a este diario un moderado optimismo con la reacción de la UE a los avances del Gobierno y descartan un escenario de ‘hombres de negro’.

Así, la polémica reforma laboral que quiere implantar la vicepresidenta segunda y titular de trabajo, Yolanda Díaz, debe estar impulsada antes de fin de año, al igual que la primera pata de la reforma de las pensiones, emplazándose la siguiente fase al segundo semestre de 2022.

Entretanto, el Gobierno acelera los plazos para redefinir la cotización de los trabajadores autónomos con criterios ajustados a sus ingresos reales y a la estacionalidad que en ellos puedan acusar.

De momento, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que encabeza José Luis Escrivá, se encuentra un obstáculo en la mesa de diálogo, ya que los empresarios rechazan de plano su plan para sufragar la jubilación del babyboom –basado en un alza extra de cotizaciones de 0,6 puntos de los cuales 0,5 los pagaría el empresario-; es decir, en una actuación por el lado de los ingresos que deja la posibilidad ulterior de reducir el gasto en manos de evaluaciones que se llevarán a cabo a partir de 2032.

Esa medida, sustitutiva del Factor de Sostenibilidad que diseñó el PP en 2013 y que jamás entró en vigor, estaba destinada a introducirse en el primer bloque de la reforma, vía enmienda, de modo que para la segunda parte de la reforma restaría diseñar un nuevo cálculo de la pensión variando el número de años cotizados sobre los que ésta gira y un destope de las cotizaciones máximas correlativo a subidas en la pensión máxima.

El carpetazo de CEOE en la tarde de este lunes deja huérfana a la mesa de diálogo de un consenso conjunto de Gobierno y agentes sociales en cuanto al Mecanismo de Equidad Intergeneracional que sustituiría al Factor de Sostenibilidad, si bien no impide avanzar en el nuevo esquema sin el aval de la patronal.

Tampoco en materia laboral está clara la obtención de un consenso completo y, desde luego, la anunciada derogación de la reforma laboral de 2012 que pretendía Díaz es ya un espejismo. Se tocarán aspectos como la regulación de la subcontratación, la prevalencia del convenio sectorial sobre el de empresa y se pondrá coto a la modificación unilateral por parte de la empresa de las condiciones del trabajador, además de promoverse una reducción de la temporalidad en consonancia con las directrices comunitarias, pero no habrá cambios en el coste del despido, elemento central de la reforma del PP de 2012 que Díaz proclamó que derogaría.

España será sometida por parte de la instituciones comunitarias al menos a diez controles al año para vigilar sus cumplimientos en materia de inversiones y reformas así como para vigilar la gestión de los fondos europeos. Habrá previsiblemente evaluaciones bimensuales, semestrales y otras cada 18 meses. Las segundas pueden deparar recortes de ayudas y los terceros, en el peor de los casos, pueden derivar en recuperación de fondos concretos por parte de Bruselas.

De cumplir con todos los extremos y calendarios, España recibirá 140.000 millones de euros del fondo de recuperación europeo, de los que 72.000 millones serán ayudas directas y el resto préstamos.

Distribución de las ayudas europeas

Los dos instrumentos del Next Generation, la respuesta europea para la reconstrucción para la pandemia, son el Mecanismo para la Recuperación y la Resiliencia (MRR) y el Fondo React-EU.

El MRR es el núcleo del fondo de recuperación y está dotado con 672.500 millones de euros para apoyar la inversión y las reformas bajo el marco de la sostenibilidad, la resiliencia, la ecología y la digitalización.

El Fondo React-EU está dotado con 47.500 millones y opera como dotaciones estructurales que redunden en pro de la agenda verde, digital y la resiliencia de las economías.

Además de estos dos principales pilares, Next Generation también aportará fondos a otros programas eminentemente enfocados a desarrollo rural y transición justa.

España recibirá un total de 140.000 millones del MRR, de los que 60.000 millones serán no reembolsables y el resto préstamos. Del Fondo React recibirá 12.000 millones para ser ejecutados entre este año y el próximo.

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