Súper Sánchez

El Gobierno de Pedro Sánchez ha decidido intervenir en el mercado para fijar un precio máximo en los test de antígenos. Magnífica noticia. Salvo que llega semanas después del inicio de la sexta ola y una vez se acabaron las interminables colas de responsables ciudadanos que querían descartar su contagio antes de visitar a sus familiares en las fiestas navideñas. Ahora están disponibles a un precio máximo de 2,94 euros, pero sólo en farmacias. Mientras los portugueses pueden comprarlos por apenas dos euros en la valenciana Mercadona, que no puede comercializar el producto en el territorio español. ¿Que hay que aumentar ingresos? ¿Por qué no gravar las indemnizaciones por accidente de tráfico? Una idea que seguro que encanta a los supervivientes de tan traumática experiencia. ¿O qué tal exprimir un poco más a los 1.600.000 autónomos y subirles de nuevo la cuota? Aumentemos impuestos con alegría mientras la ciudadanía apechuga con un incremento de los precios de la energía y los alimentos que ha elevado la inflación interanual hasta el 6,7% en diciembre.

Lástima que el Gobierno-más-progresista-de-la-historia no tome nota de lo que hacen nuestros socios y competidores europeos, donde por cierto las condiciones de los autónomos y emprendedores son en su mayoría infinitamente más ventajosas. ¿Por qué no fijarse en lo que hace el gobierno tricolor recién formado en Alemania y liderado por el también socialdemócrata Olaf Scholz? Allí se ha aprobado una rebaja de los impuestos por valor de 30.000 millones de euros y pedido a los ministerios una reducción del gasto en políticas que no tengan un retorno claro para la economía. En lo que respecta a la austeridad de las administraciones, predica con el ejemplo: el Gobierno de Alemania, que debía repartir juego entre liberales, verdes y socialdemócratas, está formado por 18 ministros. Su población asciende a 83,24 millones. 

En España, con 47,35 millones de habitantes, contamos con 23 ministerios y 33 secretarias de Estado. Se trata de repartir el poder para, en algunos casos y ante la escasa producción de propuestas de algunas carteras, politiquear más que hacer política. Con Mariano Rajoy, a cuyo Gobierno le tocó gestionar la pasada Gran Recesión, fueron 13 los ministerios y 24 las secretarías de Estado. Y en lo que se refiere a los impuestos, aquí pasa todo lo contrario. Ya sea al trabajo, el consumo o la renta. Todos subirán en 2022, año clave para consolidar la escurridiza recuperación. 

En el país con la tasa más elevada de paro de la UE y con un preocupante número de empresas sostenidas con la respiración asistida de las ayudas públicas para aplazar su quiebra, se suben en 0,6 puntos las cuotas a la Seguridad Social, con la poco realista idea de reponer la vaciada hucha de las pensiones. En este capítulo, los Presupuestos Generales de este año castigan la alternativa de los planes de pensiones privados, cuyo derecho a deducción se recorta. Se establece un tipo mínimo del 15% en el impuesto de sociedades con una facturación superior a los 20 millones de euros, en línea con la medida adoptada por el G20 para evitar que las grandes multinacionales evadan el pago de impuestos. 

En definitiva, la política fiscal de este año tendrá un impacto restrictivo sobre las rentas que sólo el aumento del gasto público puede compensar. Más aún, cuando la ultra laxa política monetaria, hasta ahora el gran estímulo de la recuperación, va a cambiar de signo. La escalada imparable de la inflación en la eurozona, que en diciembre alcanzó la tasa más alta desde que se creó la moneda común, un 7% en tasa interanual si bien 2021 cierra en 2,6%, puede forzar al Banco Central Europeo a subir los tipos de interés antes de lo deseado. ¿Cómo controlar la subida de los precios sin dañar el crecimiento? Es la gran cuestión que sin duda debe atormentar a su presidenta, la francesa Christine Lagarde. 

Por eso la gestión, asignación y ejecución de los fondos europeos Next Generation, que representan una inyección de 140.000 millones en la economía española en un plazo de seis años, son vitales para asegurar la salida de la crisis. Pero estamos inmersos de nuevo en el politiqueo: se da prioridad a las subvenciones directas, las transferencias a las CCAA y poco llega a la economía real. 

El Gobierno de Sánchez, como era de esperar, ha capitalizado el apoyo europeo como si fuera un mérito propio. Saca pecho y compara su respuesta con la austeridad que impuesta por Bruselas tuvo que aplicar el PP. Pero todas las políticas de gasto extraordinario para combatir los efectos económicos y sociales de la pandemia, ya sean los ERTE, las ayudas directas a las empresas o el Ingreso Mínimo Vital aprobado por todos los grupos salvo Vox que se abstuvo, han sido financiadas en parte con dinero de fondos comunes de la Unión que esta vez tan bien han funcionado, ya sea el embrión del fondo de desempleo común (SURE) o el fondo de rescate, o a cuenta de los recursos asignados en los diferentes tramos de la ayuda europea. La financiación de la deuda pública a tipos negativos gracias a la expansiva política monetaria del BCE hizo el resto.

¿Qué se puede esperar de un Sánchez que tuvo el cuajo de presentarse como el gran forjador de un acuerdo histórico, el fondo de recuperación Next Generation dotado con 800.000 millones de euros y financiado en parte con deuda mancomunada por primera vez en la historia de la Unión? ¿Recuerdan los aplausos de su fiel gabinete a su entrada en La Moncloa? Le recibieron como un campeón. Pero la realidad era que el presidente del Gobierno estuvo a punto de hacer descarrilar las negociaciones la noche anterior al anuncio del pacto, según relató en su momento el Financial Times. Pero Súper Sánchez puede con todo. Incluso con promover la concesión por parte de Felipe VI de la Gran Cruz de Carlos III a un republicano y furibundo antimonárquico Pablo Iglesias. Pedro y sus superpoderes. Quién sabe lo que nos queda por ver.