El «lobbying» en 2022: un año para construir puentes

En un espinoso contexto marcado por las incertidumbres generadas por la variante ómicron y por las dudas acerca de la duración de la espiral inflacionista y sus efectos sobre la recuperación económica, el Gobierno español ha publicado su Plan Normativo para 2022.

Al margen de que su presentación parezca ser víctima de la ilusión mecanicista de que la cantidad genera inevitablemente la calidad —se ha subrayado que las 368 nuevas normas legales previstas suponen «aprobar más de una al día»—, es incuestionable que las 81 leyes —de ellas, nada menos que 11 orgánicas— y los 276 reales decretos previstos en el Plan incluyen iniciativas de gran calado, como las leyes sobre Presupuestos Generales del Estado, reforma laboral, reforma fiscal, industria, vivienda, transportes, mercado de valores… por mencionar solo algunas de las que tienen mayores consecuencias económicas.

Añádase que hasta 61 nuevas normas incluidas en la agenda estarán relacionadas con el Plan de Recuperación y Resiliencia de la Unión Europea —decisivo para superar las consecuencias de la pandemia y transformar nuestro modelo económico actual— y que la gran mayoría de ellas se hallan atravesadas de manera horizontal por retos especialmente relevantes en materia de sostenibilidad y digitalización, y se tendrá una idea solo aproximada, pero suficiente, no solo de la magnitud de los cambios planteados, sino también del nuevo entorno que van a generar en materia política, legislativa, económica, social, regulatoria.

Un mayor esfuerzo en relaciones institucionales

Por todo ello, es imposible sustraerse a la impresión de que un entorno semejante requiere realizar un mayor esfuerzo en materia de relaciones institucionales y «lobbying» —al menos, proporcional a la magnitud de los objetivos y de sus previsibles consecuencias de todo tipo— que haga posible que las decisiones que se adopten respondan razonablemente a los objetivos políticos del Gobierno, a las necesidades y expectativas del amplio abanico de agentes directamente afectados y, en definitiva, al interés general de los ciudadanos y de la sociedad española.

Así lo sugiere la magnitud y diversidad de la agenda legislativa que ha sido presentada. De ser finalmente aprobadas, las 368 nuevas normas anunciadas tendrán un impacto más que significativo en la situación de una extraordinaria variedad de agentes económicos y sociales que sostendrán inevitablemente al respecto diferentes posiciones, expectativas o intereses legítimos que no serán fácilmente conciliables en un elevado número de casos; a lo que habrá que añadir que, en la otra orilla del panorama, habrá también distintas administraciones públicas cuyas necesidades y urgencias podrían no coincidir y seguramente no lo harán.

Por consiguiente, conseguir una suficiente armonía o, al menos, un razonable y productivo equilibrio entre todas las partes se antoja tarea imposible sin un notable esfuerzo y refuerzo en materia de «lobbying» y relaciones institucionales.

Crispación y polarización

Sin embargo, con ser la dimensión y la diversidad de esta agenda legislativa un reto de extraordinarias proporciones por sí mismo, es también obligado subrayar, sin ánimo de caer en ningún género de tópico derrotista, que hay otro factor muy característico del contexto español que en nada ayuda a conseguir ese deseable equilibrio: la crispación y la polarización de la política española. 

Es este un fenómeno ampliamente reconocido hasta por sus principales protagonistas, que da lugar a que cualquier iniciativa normativa sea inmediatamente interpretada en clave partidista o electoral, impidiendo que lo que realmente está en juego para el conjunto de los ciudadanos sea el núcleo principal, real y lógico de los debates; y que —no lo ignoremos— contamina, cual proceso vírico, cualquier diálogo en el que intervienen los principales agentes económicos y sociales de nuestro país.

Este factor se ha acentuado notablemente en los últimos años, pero es difícil sustraerse a la percepción que tiene una inquietante apariencia estructural. Baste un dato: en las últimas cuatro décadas de democracia, se han sucedido en España hasta siete Leyes de Educación diferentes; sin embargo, en un lapso de tiempo muy parecido, nuestros vecinos portugueses solo han tenido una, que se va actualizando periódicamente…

El papel del «lobbying»

En este contexto, fuertemente condicionado por la crispación y la polarización, resulta ilusorio suponer que la agenda legislativa que ahora se pone en marcha vaya a encontrar consenso social, económico o político alguno de manera natural o espontánea.

Para conseguir este consenso, será imprescindible contar con una contribución rigurosa y profesional, inevitablemente ejercida por agentes especializados, que haga posible una moderación de esos factores de crispación y polarización; que permita que los responsables políticos puedan definir sus propuestas integrando «ab initio» las legítimas necesidades de todos los agentes directamente afectados por ellas; y que facilite asimismo que estos asuman que sus planteamientos no solo deben responder únicamente a sus intereses, sino también integrar fórmulas y soluciones que contribuyan eficazmente a los legítimos objetivos de los responsables políticos.

En otras palabras: de lo que se trata no es solo de que cada orilla conozca o crea conocer los intereses de la otra, y de que estos mensajes se lancen de una a otra mediante una especie de inútil sucesión de monólogos, sino que de construir puentes entre ambas que promuevan una mejor definición y acercamiento entre sus intereses y objetivos, a fin de que terminen por encontrarse y coincidir en un clima de acuerdo y entendimiento recíproco que beneficie a todos los ciudadanos. Nuestro país va a afrontar un año decisivo, que se anuncia plagado de importantes novedades legislativas y de la necesidad de una gestión inteligente de los fondos europeos. Para conseguirlo, hará falta no solo más «lobbying», sino también una manera diferente de hacer «lobbying» capaz de superar, cual puente, el foso cavado por la crispación y la polarización.