¿Piensa Sánchez llevarnos a una guerra con este Gobierno?

La crisis de Ucrania exige un arrebato de seriedad y coherencia por parte del Gobierno y Pedro Sánchez es el responsable de que así sea. Ya basta. España no puede permitirse un Gobierno, no ya dividido, sino enfrentado entre sí ante un conflicto en el que se decide el futuro de Europa y quién sabe si el de nuestras débiles democracias. La amenaza de Rusia sobre Ucrania no es solamente una cuestión territorial; es el intento de contraponer un modelo de Gobierno autoritario frente a los sistemas de democracia liberal que dominan en nuestro continente y en la OTAN. Vladimir Putin no lucha sólo para extenderse geográficamente, sino para prevenir un brote democrático en su propio país.

Frente a todo eso, España no puede permitirse un Gobierno que dude en qué bando estar y mucho menos tener ministros que se sitúan abiertamente en el lado contrario. Sánchez no puede permitirlo. Y para ello, si es necesario, tendrá que cambiar de ministros y de aliados.

Desde el comienzo de este Gobierno de coalición venimos soportando continuas discrepancias internas que acaban resolviéndose con un acto de propaganda o disolviéndose entre la resignación de la opinión pública y el silencio grosero del presidente. Así ha venido ocurriendo con muchos de los asuntos relacionados con Cataluña, con la reforma laboral, la energía, el consumo de carne, Marruecos, Venezuela y otros. Algunas discrepancias afectan a temas tan capitales como la Monarquía o el referéndum de autodeterminación en determinadas comunidades autónomas; temas sobre los que a cualquier Gobierno mínimamente coherente en un país normal se le exigiría una posición contundente y común. Pero Ucrania representa todavía algo más. Ucrania puede llegar a ser una crisis existencial para Europa y la democracia europea. Es insostenible que el Gobierno intente sortear un asunto así de nuevo con propaganda, verdades a medias y declaraciones triviales y contradictorias de sus ministros en los medios de comunicación.

Es el presidente del Gobierno quien tiene que explicar con claridad la posición de España sobre las amenazas rusas y la posible respuesta de la OTAN. Es el presidente del Gobierno quien tiene que desautorizar públicamente y cesar a quienes dentro de su Gabinete discrepen de esa posición. Y es el presidente del Gobierno quien debe elegir abiertamente y de forma razonada para el público maduro que es el pueblo español cuáles son los socios con los que piensa hacer frente a esta crisis.

El riesgo de una guerra en Europa es manifiesto. Nadie la desea y es preciso hacer todos los esfuerzos diplomáticos necesarios para evitarla. Pero, desafortunadamente, la última palabra la tiene Putin, y es él quien puede conducirnos a todos al conflicto que tratamos de evitar. Si acaba ocurriendo, si Rusia invade Ucrania, Sánchez tiene la responsabilidad de que España responda con un Gobierno unido, fuerte, con una política clara, convincente, bien explicada a los ciudadanos, profundamente discutida en el Parlamento y, en la medida de lo posible, apoyada por la opinión pública. El Gobierno ya ha tomado medidas de carácter militar sin atender a esas premisas, sin pasar siquiera por el trámite de su aprobación por el Congreso. Es un mal síntoma. Entiendo que resulta contraintuitivo esperar que Sánchez aborde un problema pensando más en el beneficio general que en el suyo propio, pero ojalá sea así esta vez.

Hay mucho en juego. Esta crisis encuentra a una Europa frágil. Va a ser difícil que, tras muchas décadas de paz, la población encuentre motivos para los enormes sacrificios que representa una guerra. El mayor ejército de la región, el del Reino Unido, abandonó hace poco la Unión Europea. Nuestro gran aliado, Estados Unidos, no pasa por su mejor momento, dividido también en disputas internas y sometido por China a una enorme tensión en otras partes del mundo. Ojalá que Putin acabe viendo más inconvenientes que ventajas en una aventura militar. Para ello, sería aconsejable que Europa fuera capaz de mostrarse firme en la defensa de los valores que la sostienen. Y el Gobierno de España debería recordar esos valores, confesar si cree o no en ellos y explicar cómo piensa respaldarlos.