«Isabel Díaz Ayuso se merece un respeto»

Se lo escuché decir a Mariano Rajoy en la presentación de su último libro en Madrid: «Ayuso se merece un respeto». Sin duda. Lo merece porque se lo ha ganado de la forma en la que los líderes políticos sueñan con ganarse el respeto de la gente: con los votos. Acarreando votos a favor de su opción política, que es la mía: el Partido Popular. 

Muy pocos creían en la capacidad política de Isabel Díaz Ayuso cuando Pablo Casado decidió nombrarla candidata a la presidencia de la Comunidad de Madrid. Yo no estaba entre esos pocos, francamente. La veía demasiado joven, demasiado inexperta… me pareció una apuesta demasiado arriesgada. La voté, claro, aunque no fuimos tantos. En 2019 solo fuimos 720.000 madrileños, que se iban a transformar en 1.620.000 madrileños el pasado 4 de mayo. Pues merecen un especial respeto esos 900.000 madrileños que no confiaron en Ayuso en 2019, quizá porque -como yo- la veían demasiado joven e inexperta, pero que cambiaron de opinión el 4-M de 2021 al ver de cerca su decidida forma de gobernar durante la pandemia. La gestionó contra todo y contra todos, pero en beneficio de los madrileños.

Los votantes, todos, merecen un respeto. Esa es la primera clave de una democracia liberal: pedir el apoyo de los ciudadanos y respetar el veredicto de las urnas. La segunda, y no menos importante, es el respeto al imperio de la ley. Y, para que funcione esa segunda clave, es imprescindible entender que en una democracia liberal hay presunción de inocencia, no presunción de culpabilidad. Eso último donde opera es en las dictaduras. Y, como hay presunción de inocencia, es quien acusa el que está obligado a aportar las pruebas. Sólo un autócrata puede acusar sin pruebas y después pretender que sea el acusado quien deba aportar todas las pruebas necesarias para acreditar una inocencia que, de entrada, se le niega.  

Estos dos elementos democráticos básicos -al aval ciudadano en las urnas y al evidente principio de que es quien acusa el que debe aportar las pruebas de culpabilidad, si es que las tiene- no se han respetado con Isabel Díaz Ayuso. 

Ya desde el 4-M se vio con demasiada claridad que la dirección del PP no parecía dispuesta ni a valorar ni a respetar a una dirigente regional capaz de pasar de 0,7 a 1,6 millones de votos en solo dos años. No es habitual multiplicar por 2,3 el apoyo ciudadano en ninguna elección. Como tampoco lo es, para una opción de derechas, sumar más votos que toda la izquierda junta. Parecía fácil, pero -por ejemplo- en Castilla y León no ha sido posible. 

En esa falta de respeto a los votantes de Madrid descansa todo lo que ha venido después. Respetarlos implica, antes que nada, asumir que no son propiedad de nadie: los ciudadanos, en cada elección, deciden prestar -temporalmente- su confianza a una determinada opción política, sea porque les guste su ideario, o porque les convenza su candidato, o también porque sea eso lo que suelen hacer, o incluso por todo lo contrario. Es su decisión porque el voto no es de nadie más que del ciudadano, y la política empieza por pedir ese préstamo de confianza en cada elección, para cumplirlo con honor después durante la legislatura. 

Respetar a los votantes de Madrid que eligieron mayoritariamente a Ayuso habría supuesto convocar en ese mismo mes de mayo el congreso regional del PP como colofón a una lógica celebración partidaria del éxito electoral del 4-M. No se hizo eso sino todo lo contrario. Y el cesto de cerezas de lo que significa ese «todo lo contrario» se ha destapado con brutal virulencia en esta aciaga semana para el PP. 

¿Cómo es posible que a alguien se le pueda ocurrir contactar con una agencia de detectives para buscar pruebas contra la presidenta de la Comunidad de Madrid? La confirmación de este extremo es de la máxima gravedad. Lo ha confirmado directamente una agencia de detectives a la que se contactó, e indirectamente la dimisión de Ángel Carromero, una de las personas que cuentan con la máxima confianza de Pablo Casado, el presidente del PP, desde que ambos eran muy jóvenes.

El arranque de la declaración pública de Isabel Díaz Ayuso da la medida del daño que esta incomprensible operación hace al debido respeto al votante que debe tener un partido. Ese «nunca pude imaginar que la dirección de mi partido iba a actuar de un modo tan cruel y tan injusto contra mí», seguido de ese «no puede haber nada más grave que acusar a alguien de la propia casa, con responsabilidades de Gobierno, de corrupción», no solo van contra Ayuso. Sobre todo, van contra los votantes de Ayuso. Se les está diciendo que han votado a una dirigente a la que la dirección de su partido considera, sin pruebas, presuntamente corrupta. ¡Ahí es nada! Y, ¿lo es? No. No lo es. Nadie ha aportado hasta el momento la más mínima prueba para sostener semejante infundio. Evidentemente, si se hubieran aportado pruebas concluyentes de corrupción, ninguna tonelada de votos podría sanarla. 

No las aportó el secretario general del PP, Teodoro García Egea, en su comparecencia para anunciar que la dirección había abierto un expediente informativo a Ayuso. Para los no iniciados, la apertura de un expediente puede ser un primer paso para una eventual expulsión de un partido. Nada menos que un expediente de expulsión del PP a la persona que captó 1,6 millones de votos de apoyo a ese partido hace menos de un año. A una persona a la que se acusa sin pruebas. A alguien contra la que alguien intentó contratar a algún detective para buscar algo con lo que, de alguna manera, incriminarla.

Ojalá todo esto quede en nada. En el entretanto, y en lo poco que pueda valer, #YoConAyuso.