Un regalo a la izquierda

A Pablo Casado le han sobrado cinco días, los que van de la mañana del viernes a la tarde de ayer. Poco más de 100 horas de las que se arrepentirá de por vida, pues, hasta sus inconcebibles manifestaciones en la entrevista radiofónica, sus pecados en el affaire, probablemente varios y serios, se mantenían en un cierto sotto voce. Y así se habrían podido mantener si él hubiera diagnosticado acertadamente la situación y hubiese reaccionado con los suficientes reflejos. Una rápida dimisión forzada o un cese de su lugarteniente aparecía como inevitable. 

En vez de propiciar lo anterior, se desayunó el viernes asumiendo públicamente, en primera persona y con un estilo pabloiglesista, la infumable e injustificable campaña contra Isabel Díaz Ayuso, provocando dos consecuencias: una, su inevitable caída de la presidencia del PP nacional. Dos, regalar a la izquierda una bandera contra la presidenta de Madrid que él y su segundo crearon artificiosamente para utilizarla en la batalla interna que han librado. Esta la han perdido, pero el regalo va a ser usado y sobre usado por el PSOE y sus aledaños con la inestimable ayuda de la fiscalía, que, obligada por el principio de jerarquía, seguirá las interesadas instrucciones que permitan explotar la artificial sombra creada por el tándem Casado-Egea.

Que un contrato que ha cumplido todos los límites y requisitos legales aplicables al caso, que fue adjudicado con un procedimiento previsto legalmente, que ha sido intervenido de conformidad por el órgano de control interno autonómico, y que ha sido fiscalizado sin reparos por la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid se encuentre ahora en el foco mediático es un auténtico desatino. 

Pero el regalo está servido. Todos los que se disponen de manera innoble a estirar el chicle hasta la saciedad, tendrán como coartada las malhadadas declaraciones del malhadado viernes. «¡Hasta el presidente de su partido lo dijo!», escucharemos decir una y 1.000 veces. Poco va a importar que aquellas manifestaciones fueran un monumento a la utilización de la que en Derecho se denomina prueba diabólica o que se basaran en afirmar que se disponía de datos tributarios obtenidos ilegalmente. El chicle va a ser estirado hasta el límite.

Y entrando en esta última cuestión, es hora ya de garantizar de una vez por todas lo que se establece en la Ley. Si esta prohíbe la fuga de la información tributaria relativa a un contribuyente que solo debe disponer la Agencia Tributaria, es obligado que, cuando se conoce públicamente la violación de esta prohibición o cuando alguien presume de disponer de datos obtenidos tras su violación, intervengan las instituciones que están obligadas a intervenir.

En primer término, la propia Agencia Tributaria debe iniciar la correspondiente investigación interna (información reservada en su propia jerga) e informar públicamente de su inicio y de su resultado. Es el mejor modo de demostrarnos que cumple adecuadamente con la custodia de la información a la que está obligada. Probablemente también la Fiscalía debe interesarse en el asunto. No podría entenderse que se interesara, por orden superior, en una parte de la cuestión -la legalidad del contrato- y mirara por la ventana respecto a la posible ilicitud de las presuntas pruebas en las que se basan las acusaciones de su supuesta ilegalidad. 

En estos días se escuchan voces que apuntan que la fuga de los datos tributarios del affaire ha podido producirse en la entidad financiera a través de la que la empresa contratante presenta sus declaraciones a la Agencia Tributaria. Rotundamente, es imposible. Las declaraciones que incorporan un pago y, por tanto, se presentan vía banco, no incorporan datos personales. Las que sí incorporan estos datos (modelo 347, 190, y 390) son meramente informativas y, por no incorporara pago alguno, se presentan directamente a la Agencia Tributaria sin pasar por la entidad financiera.

No le demos más vueltas. La fuga ha sido interna, en la propia Agencia Tributaria. Personalmente descarto que haya sido la institución, pues esta dispone de una Dirección y, sobre todo, de un director general con una profesionalidad y una honestidad insuperables. Ergo, la fuga se ha producido más abajo. Pero es responsabilidad y obligación de la entidad descubrir al responsable y actuar disciplinariamente. Además, como ha señalado habitualmente la propia agencia, esta dispone de los medios tecnológicos para hacerlo. Pues a ello.