Corrupción durante la pandemia
Resulta inquietante el extraordinario celo que algunos ponen para aclarar si el hermano de Díaz Ayuso se ha beneficiado de la Comunidad de Madrid mientras se tapan los ojos ante escándalos más descarados y cuantiosos
El exministro de Sanidad Salvador Illa durante una comparecencia en Moncloa. | EFE
La reciente crisis del Partido Popular, que se ha saldado con la convocatoria de un congreso extraordinario y la más que probable salida de Pablo Casado, ha tenido una consecuencia muy positiva. En su afán por derrocar a Isabel Díaz Ayuso, media España ha puesto por fin el foco en los contratos adjudicados a dedo durante la pandemia.
Desde que el 14 de marzo de 2020 el Gobierno decretase el estado de alarma, fuimos muy pocos los que alertamos del peligro que suponía acabar de un plumazo con los procedimientos de contratación para instaurar un sistema de adjudicación directa en lugar de los tradicionales concursos públicos. Es verdad que había que comprar material sanitario deprisa y corriendo, dada la emergencia de aquellos momentos, pero las prisas en modo alguno debían servir de excusa para taparse los ojos y permitir el robo a manos llenas.
Ya en los primeros días vimos cosas raras: compras de material defectuoso o que incluso nunca llegaba a su destino. Por eso algunos pusimos la lupa en todos los contratos que se fueron adjudicando y que fuimos conociendo con cuentagotas, pues el Gobierno tampoco era muy transparente. De hecho, fue el propio sector sanitario el que nos alertó a algunos periodistas de las compras un tanto extrañas que se estaban produciendo aquellas primeras semanas: en vez de confiar en las empresas que tradicionalmente habían traído material desde China, se apostaba por otras desconocidas.
La sombra de la corrupción era cada vez más alargada y fue uno de los motivos por los que algunos estuvimos defendiendo durante meses que el estado de alarma debía terminar, para poder volver a los modos tradicionales de contratación pública. Nadie nos hizo ni puñetero caso, de tal forma que estuvimos en estado de alarma hasta el 9 de mayo de 2021.
Auténticas barbaridades
Desde marzo de 2020 se han hecho auténticas barbaridades con nuestro dinero aprovechando la «emergencia sanitaria». Y ahora, una vez que remite este maldito coronavirus, parece que España por fin ha descubierto que se han dado contratos a dedo. Partidos políticos que jamás han querido investigar ningún caso de los denunciados y medios de comunicación que no han dedicado ni un minuto a ello, ahora ocupan horas y horas en explicar por qué lo de Ayuso es grave.
Y sí, claro que lo de Ayuso debe ser investigado y aclarado, faltaría más. Pero produce vergüenza ver cómo algunos sólo se rasgan las vestiduras de forma selectiva. De hecho, en apenas diez días hemos recibido más explicaciones por parte de la presidenta madrileña que las que se han ofrecido desde el Gobierno de España por cosas mucho peores publicadas hace meses.
Por ello, y aprovechando que ahora sí parece que ha llegado el momento oportuno para sacar toda la mierda de la pandemia, ofrezco aquí dos ejemplos para que también sean investigados. Ambos fueron publicados en su día por ‘Vozpópuli’, el periódico que dirigí antes de llegar a THE OBJECTIVE:
1.- Hong Kong Travis Asia Limited. Esta empresa, completamente desconocida en el sector sanitario español en marzo de 2020, fue la elegida por el Gobierno para suministrar millones de mascarillas. En total, recibió de forma directa 250 millones de euros. Sí, lo han leído bien: 250 millones de euros. La empresa había sido creada en Hong Kong en mayo de 2019 y apenas contaba con un capital de 1.200 euros. Como en su momento escribimos en ‘Vozpópuli’, estuvo administrada por otra empresa sancionada por lavado de dinero por el propio gobierno de ese país y, nada más cobrar de España, se reorganizó para evitar dejar rastro. En su momento intentamos tirar del hilo de sus propietarios, pero la madeja de sociedades hizo prácticamente imposible la tarea de sacar algo en claro.
2.- Soluciones de Gestión. Esta empresa, igualmente desconocida en el sector sanitario y con sede en Zaragoza, fue la elegida por el Gobierno para suministrar material por valor de 40,5 millones de euros. En este caso, la adjudicación se hizo mayoritariamente a través de las empresas públicas Puertos del Estado y Adif, ambas dependientes del Ministerio de Transportes, dirigido en aquel entonces por José Luis Ábalos. De hecho, el Ministerio del Interior reconoció en su momento en una pregunta parlamentaria que también la contrató por recomendación del departamento de Ábalos. Esta empresa no tuvo facturación alguna en 2019 y son públicos sus vínculos tanto con sociedades ‘offshore’ en Panamá como con el escándalo Defex. Aún hoy, seguimos esperando que se publiquen los pliegos de los contratos.
Diferencias con Ayuso
Son solo dos ejemplos. En ambos se han adjudicado a dedo millones de euros. En el caso de Ayuso, se sospecha de un contrato de 1,5 millones de la Comunidad de Madrid con Priviet Sportive, empresa que a su vez habría transferido 283.000 euros a Tomás Díaz Ayuso en cuatro pagos. Aparte de la diferencia de magnitudes, hay dos pequeños detalles que conviene tener presentes: el hermano de Ayuso lleva 20 años suministrando material sanitario a los hospitales madrileños y, en concreto, 14 importando desde China y cobrando por ello las correspondientes comisiones.
Ayuso ha desvelado que de esos 283.000 euros en realidad sólo 55.850 tienen que ver con el contrato adjudicado por la Comunidad de Madrid. No obstante, todavía queda por aclarar el motivo por el que su hermano recibió el resto del dinero, si bien los juristas ven poco recorrido en los tribunales a este caso.
Sin embargo, y aprovechando el repentino interés que algunos tienen por ver cómo se gastó el dinero público durante la pandemia, quizás ha llegado el momento de que se investiguen casos como los anteriormente descritos. Si realmente nos mueve el bien del país, nadie debería tener motivos para oponerse.
