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Abogados penalistas ven poco recorrido a la investigación del contrato al hermano de Ayuso

Consideran difícil probar la comisión de algún delito de corrupción debido al contexto de la adjudicación y la trayectoria profesional de Tomás Díaz Ayuso

Abogados penalistas ven poco recorrido a la investigación del contrato al hermano de Ayuso

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. | Fernando Alvarado (EFE)

Más Madrid, PSOE y Unidas Podemos denuncian un posible delito de tráfico de influencias. Sin embargo, expertos en Derecho Penal creen que la investigación abierta por la Fiscalía Anticorrupción tiene poco recorrido. El fiscal jefe Alejandro Luzón dirige las diligencias incoadas para investigar el contrato de 1.512.500 euros que la Comunidad de Madrid adjudicó a la empresa Priviet Sportive por el suministro de 250.000 mascarillas al inicio de la pandemia. Una adjudicación por la que Tomás Díaz Ayuso, hermano de la presidenta regional, habría percibido 55.850 euros de los 283.000 que esa compañía le pagó durante el año 2020 por traer material sanitario a España, según el Ejecutivo autonómico.

«Una de las claves va a estar en determinar si el órgano que adjudicó ese contrato (el Servicio Madrileño de Salud) estuvo condicionado o no por la relación de parentesco entre Tomás Díaz Ayuso y la presidenta», indica Emilio Valerio, abogado y ex teniente fiscal de Madrid. «Si los técnicos o responsables de la adjudicación de ese contrato declaran que no tenían ningún conocimiento de que el hermano de Isabel Díaz Ayuso estaba vinculado esa empresa, el recorrido de esta investigación es nulo. Salvo que se encuentren pruebas de lo contrario», añade.

Las diligencias de investigación incoadas por el Ministerio Público se centrarán en dos aspectos, según las fuentes consultadas. Por un lado, dilucidar si en la adjudicación a Priviet Sportive tuvo algún tipo de influencia la relación de parentesco entre Tomás Díaz Ayuso y la presidenta regional. Por el otro, determinar si el pago que recibió por ese contrato de emergencia es una retribución correctamente declarada por las gestiones realizadas para traer las mascarillas o si, por el contrario, se trató de una comisión ilegal.

«Que una empresa dedicada a proveer productos sanitarios los provea en una situación de absoluta necesidad provocada por la pandemia, y evidenciada por el creciente número de fallecidos, no parece que tenga mucho recorrido como acto penalmente relevante que conmociona el ejercicio de la función pública que es, precisamente, salvaguardar la vida de los ciudadanos», indica el abogado Luis Romero Santos. 

Las operaciones del hermano de Ayuso

«Es difícil opinar sin haber visto los contratos y los documentos. A priori, con lo que se ha conocido por la prensa, parece que hay varias operaciones entre esta empresa y el hermano de Ayuso, solo una relacionada con el contrato de la Comunidad de Madrid, y que todas ellas están reflejadas en un modelo 347 de Hacienda (declaración anual de operaciones realizadas con terceras personas)», apunta por su parte el abogado José María Fuster Fabra. «Si es así, con lo que conocemos hasta ahora, no me parece que la investigación vaya a tener mucho recorrido», añade.

Los expertos señalan que será difícil probar la comisión de algún delito de corrupción, teniendo en cuenta el contexto en el que se produjo la adjudicación y la trayectoria profesional del hermano de Isabel Díaz Ayuso. La Ley de Contratos del Sector Público avala el procedimiento de emergencia para la adjudicación de contratos, sin licitación previa ni publicidad, si responden a una necesidad inaplazable. También para aquellos casos en los que haya que acelerar la adjudicación por motivos de interés público.

El de Priviet Sportive es uno de los 11.000 contratos que se adjudicaron por el procedimiento de emergencia en toda España durante el primer estado de alarma, cuando el material sanitario escaseaba y las víctimas se contaban por centenares a diario. «No solo no se ha omitido el deber funcionarial sino que el cometido de la Administración se ha cumplido a cabalidad y, además, salvando la vida de los ciudadanos en peligro con la provisión de material médico de primera necesidad», añade el abogado Luis Romero.

«La trayectoria profesional del hermano de Ayuso juega a su favor. Estaba dotado para hacer ese trabajo»

Emilio Valerio, ex teniente fiscal de Madrid

Como adelantó este diario, Tomás Díaz Ayuso trabaja desde hace veinte años como comercial de ventas para empresas dedicadas al suministro de material médico y sanitario. Además, desde el año 2008 desarrolla su labor profesional con compañías chinas o empresas con redes comerciales en el país asiático. «La trayectoria del hermano de Ayuso en el suministro de material sanitario es importante. Profesionalmente estaba dotado para hacer ese trabajo. Es un factor que juega a su favor», indica Emilio Valerio, ex teniente fiscal de Madrid

¿Comisión ilegal o retribución?

«El hecho de ser hermano o pariente de un funcionario o un alto cargo no implica que se haya cometido un acto de corrupción administrativa. Debe probarse la comisión de un hecho ilícito. En este caso, habría que demostrar que la adquisición no era necesaria y, en segundo lugar, que aún siendo necesaria se hubiese llevado a cabo por un procedimiento ilícito», recalca Fuster Fabra. «A priori, según lo que se ha publicado, este señor ha hecho unas gestiones para la empresa adjudicataria y tiene todo el derecho a percibir una retribución por ello», agrega.

A pesar de que parece difícil probar la comisión de un delito de corrupción administrativa en este caso, los expertos señalan que aún quedan varias incógnitas por resolver. La Comunidad de Madrid ha admitido que el hermano de la presidenta autonómica recibió cuatro pagos de Priviet Sportive SL durante el año 2020. Todos ellos suman un total de 283.000 euros. Sin embargo, solo uno de esos pagos -por importe de 55.850 euros (más IVA) –estuvo vinculado al contrato adjudicado el 1 de abril para el suministro de mascarillas en el hospital de campaña instalado en IFEMA. De los otros tres pagos, poco se sabe.

«¿Fue una comisión o una retribución? Sabemos poco de los otros trabajos que este señor hizo para esa u otras empresas. Si algún técnico o político sugiere durante la investigación que hubo conocimiento de que había relación entre esa empresa y la presidenta, las cosas podrían cambiar», indica el exfiscal Emilio Valerio. «Hay que saber cómo se verificó el contrato con esta empresa, si todo se hizo de forma correcta. Lo demás queda en el ámbito político y ético, pero no en el ámbito penal», agrega.

Sin «indicios verosímiles» sobre Ayuso

En el decreto de incoación diligencias de investigación penal, la Fiscalía Anticorrupción advirtió el pasado martes que los hechos denunciados por el momento no constituyen «indicios razonablemente verosímiles» para atribuir algún delito a la presidenta madrileña, que al ser aforada solo podría ser investigada por la Fiscalía del Tribunal Supremo. Un día después, Más Madrid, PSOE y Podemos ampliaron sus denuncias. Solicitan que se investiguen otros contratos de emergencia adjudicados por la Comunidad de Madrid durante la pandemia. Entre ellos, uno otorgado a El Corté Inglés por importe de 369.759 euros por el mobiliario de la sala de prensa del Hospital Isabel Zendal.

Respecto a la actuación de Isabel Díaz Ayuso, el abogado sevillano Luis Romero Santos explica que hasta ahora no se ha demostrado que tenga responsabilidad ninguna en el contrato adjudicado a Priviet Sportive. «Y quizá sea indemostrable, porque en todo caso, competente de los contratos específicos no sería la Presidenta sino el titular de la Consejería de Salud correspondiente», afirma.

En su escrito de incoación de diligencias el Ministerio Público señalaba que «los denunciantes proponen distintas hipótesis sobre su eventual participación en presuntos delitos de tráfico de influencias, malversación, prevaricación y negociaciones prohibidas a los funcionarios». Sin embargo, «estas hipótesis se sustentan en una secuencia de hechos que, en estos momentos, no permiten acordar la remisión a la Fiscalía del Tribunal Supremo», indica el decreto firmado por el fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón.

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