Así se negoció el pacto PP-Vox: Guardiola sentada en la mesa y el aborto en el cajón
Los populares mantienen un perfil bajo para no «sobreactuar» en torno a un acuerdo que consideran positivo

La presidenta en funciones de Extremadura, María Guardiola, con el líder de Vox, Óscar Fernández. | Javier Cintas (EP)
El acuerdo entre el Partido Popular y Vox para garantizar la investidura de María Guardiola abre una nueva etapa entre ambas formaciones políticas en la que se entierran las hostilidades y se avanza, por primera vez, hacia una alternativa de centroderecha para intentar desalojar a Pedro Sánchez de la Moncloa. De un día para otro, la violencia verbal ha cesado y ni los dirigentes de la formación de Abascal arremeten contra los del PP ni han «sobreactuado», como así lo admiten a THE OBJECTIVE, sobre el éxito incuestionable del acuerdo. El objetivo para los de Feijóo es claro: no vender su éxito para no perjudicar el inminente anuncio de otro acuerdo en Aragón y los posteriores que vendrán; no prender de nuevo la mecha en Vox.
La importancia de este acuerdo va más allá de la polémica que ha generado el punto del acuerdo relativo a la «prioridad nacional» en el «sistema de acceso a la vivienda protegida y alquiler social», que se puede interpretar como un intento de dejar fuera del Estado del bienestar a los inmigrantes que llegan a España. Los populares han hecho esta cesión a Vox, pero han colado el término «inspirado», que les sirve para afirmar que esta idea es solo un «principio inspirador» y que lo que realmente es importante, como así se recoge en el documento, son los términos «arraigo real y duradero y verificable en el territorio».
En el PP están satisfechos de que esto sea lo único que ha servido para criticar un pacto que tiene mucha profundidad en lo que se refiere a haber sabido llevar a Vox a los parámetros en los que se mueve el PP, en líneas generales, y al documento marco que Feijóo le hizo llegar a Vox, y que cambió el curso de las negociaciones.
Más allá de esta cesión, hay detalles que revelan el giro en las relaciones de ambos partidos. El primero, la presencia de la presidenta en funciones de Extremadura, María Guardiola, en la mesa de negociación. No han sido, como se ha escrito, conversaciones entre los segundos espadas del PP y Vox en Extremadura y Madrid; circunstancia que el PP no ha querido desmentir, como otras informaciones que se han publicado y no eran verdad, para no echar más leña a las reuniones. La «Irene Montero de Extremadura», en palabras de Santiago Abascal, dejó de serlo cuando Génova tomó el mando de la negociación. La política a la que querían quitar de en medio para poder pactar, e incluso pidieron su cabeza, ya no era tan tóxica y terminaron sentándose con ella.
El punto de inicio de las conversaciones que han alumbrado este acuerdo fue la conversación telefónica que mantuvieron el 22 de febrero el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el de Vox, Santiago Abascal. Ahí comenzó el deshielo, después de que el día 18, el líder de Vox no descartara pedir la cabeza de Guardiola y forzar la repetición electoral. Ambos dirigentes decidieron retomar una negociación que estaba rota. El líder de Vox en Extremadura, Óscar Fernández, ni siquiera respondía las llamadas de María Guardiola. Se pasaban documentos, pero el bloqueo era total.
Fruto de esa reunión, el 23 de febrero el PP publicó un documento base para todos los pactos del PP con Vox, y Santiago Abascal le respondió con una crítica feroz: «Nos tratan como salvajes», «es un error». Ese mismo día, el PP anunció que el secretario general, Miguel Tellado, iba a participar en una negociación junto con la jefa de gabinete de Feijóo, Marta Varela, para apoyar a la dirección regional en Extremadura. Los populares señalan que unos diez días antes de la investidura fallida de María Guardiola, el 6 de marzo, empezaron los contactos.
El 8 de febrero se habían celebrado las elecciones autonómicas en Aragón, en las que Vox duplicó resultados; pero la incertidumbre sobre si quería o no gobernar empezó a calar en el electorado, al ser imposible desbloquear la situación en Extremadura. El 15 de marzo, en los comicios de Castilla y León, la formación de Abascal sufrió el primer golpe de realidad, con la ralentización de su crecimiento, y empezó a ser consciente de que su fuerza iba disminuyendo, junto al desencanto entre los suyos.
A pesar de abrir este canal de comunicación, Vox siguió en su tradicional escalada verbal y tachó al PP, en una carta a la militancia del 2 de abril, de ser un «clan gallego con prácticas de contrabandistas de ría». Abascal se resistía a desinflamar el ambiente, mientras que el PP lo dejó ir y no entró en las provocaciones. Pero la convocatoria de elecciones en Andalucía para el 17 de mayo, que Juanma Moreno anunció el 23 de marzo, añadió presión a Vox, consciente de que en esta comunidad puede sufrir un castigo si permitía que el 3 de mayo, fecha límite para la investidura de María Guardiola y Jorge Azcón, no hubiera Gobierno, lo que obligaría a repetir elecciones. Si en Castilla y León ya pasó factura, en Andalucía podía ser peor, con un Juanma Moreno en alza.
El PP le ha dado tiempo a Vox para que haga su tránsito, no fácil, del discurso de la mafia del PP al acuerdo. Conscientes de que necesitaban este ritmo, han mantenido la prudencia, sin desvelar nada de las reuniones, y se reían cuando leían informaciones que no eran verdad. Nada iba a distraer la atención de lo único importante: abrir esta nueva etapa de diálogo entre ambas formaciones de cara a las elecciones generales de 2027. María Guardiola también permaneció en silencio. El PP sabía que Vox ya no tenía tiempo para retrasar más el acuerdo.
Azcón y Mañueco, al tanto
El 10 de abril fue el Día D: tras seis horas de reunión, el acuerdo estaba cerrado, y solo faltaba que Vox decidiera el momento de anunciarlo. Al PP no le importaban el día ni la hora porque sabía que era inminente, como así fue. El viernes 17, a última hora, los líderes del PP y Vox en Extremadura anunciaron el acuerdo.
Las negociaciones han sido cordiales; la poca agresividad que Vox ya exhibía en público no se trasladaba a la mesa de negociación. Nada era igual, y el PP lo notaba. De los términos del acuerdo que se iban avanzando eran conocedores los presidentes autonómicos que ahora les toca negociar: Jorge Azcón y Alfonso Fernández Mañueco. A ellos también les compete el compromiso del PP en lo que se refiere a las líneas generales.
El acuerdo ha dejado sobre la mesa muchas claves que dan una idea de las cesiones de unos y otros, que la dirección nacional del PP no tiene gran interés en exhibir para no perjudicar a Aragón y Castilla y León. Las principales banderas de Vox han sido arriadas: no hay nada sobre el aborto, la violencia de género ni asuntos LGTBI. Sí que ha mantenido exigencias sobre inmigración, pero el PP señala que nada es incompatible con su programa marco y que no hay cesiones vergonzantes. Vox, que renunció al senador autonómico, lo acepta, y tendrá una vicepresidencia con competencias en Familia y Servicios Sociales y la consejería de Agricultura, su gran demanda.
A partir de ahora, y hasta el día de la investidura, 21 y 22 de abril, la consigna es mantener la prudencia y el respeto para que nada se estropee. Pocas declaraciones y ninguna sobreactuación de los éxitos que cada parte haya podido conseguir. Después, el acuerdo es claro: ambas formaciones entierran el hacha de guerra, dando paso a «pleno respeto a la jerarquía y competencia de sus miembros», «ambas partes se comprometen a actuar con lealtad, transparencia y comunicación permanente en aras de la búsqueda del bien común y la toma de decisiones para Extremadura y España», «compromiso de unidad y confianza», «respeto a las diferencias ideológicas», «evitar caer en las provocaciones de quienes buscarán permanentemente erosionar un pacto que nace con vocación de dar estabilidad a Extremadura durante toda la legislatura y cuatro años de progreso».
