El PP cede en inmigración ante Vox en Extremadura a cambio de cuatro años de calma

El Partido Popular y Vox han alcanzado un acuerdo de Gobierno en Extremadura en el que ambos han tenido que ceder posiciones para que, casi cuatro meses después de las elecciones autonómicas, María Guardiola pueda ser investida presidenta. La formación de Abascal ha obligado a los populares a ceder en materia de inmigración, pero han tenido que firmar un compromiso a cuatro años, como le exigía el PP para evitar rupturas traumáticas de Gobierno. Vox también repliega sus banderas LGTBI y el aborto, mientras que los populares ceden, a cambio, Agricultura.

Como ya apuntó THE OBJECTIVE, el acuerdo que estaba más avanzado de los tres que negocian ambas direcciones nacionales y regionales era el de Extremadura, y así ha sido, anunciándose a última hora de este jueves. La reunión de seis horas del pasado viernes dejó prácticamente cerrada la negociación, que culminó este martes con un encuentro telemático. La prudencia y la discreción han sido fundamentales para sellar un acuerdo que tendrá su continuación en Aragón y, seguidamente, Castilla y León.

Los términos del documento firmado permiten al Partido Popular mantener la estabilidad del Gobierno de Extremadura durante cuatro años, como siempre ha sido su objetivo, y así lo dejó claro Alberto Núñez Feijóo en el primer texto que le envió a Vox. Una mano tendida en la que reclamaba un compromiso firme de Vox para aprobar cuatro presupuestos y evitar una fuga como la de 2024.

El segundo párrafo del documento del pacto lo deja claro: «PP y Vox se comprometen a elaborar y aprobar unos presupuestos anuales que permitan llevar a término en tiempo y forma las medidas del presente acuerdo y aquellas otras que se adopten en el desarrollo de la acción de gobierno». Pero ya en el primero se habla de permanencia, al afirmar que «las dos partes se comprometen a dar curso con proporcionalidad y normalidad, evitando caer en las provocaciones de quienes buscarán permanentemente erosionar un pacto que nace con vocación de dar estabilidad a Extremadura durante cuatro legislaturas y cuatro años de progreso».

Campo e inmigración

Desde Vox, el mensaje oficial es el de sacar pecho por los acuerdos obtenidos en lo referente al campo y a la inmigración. Nada más conocerse el pacto, Santiago Abascal anunciaba desde Granada —donde arranca la precampaña para las elecciones andaluzas— que en Extremadura «no se va a arrancar un solo olivo». El líder de la formación conservadora destacaba que el acuerdo defenderá al campo y a la industria «frente a pactos de traidores» como el de Mercosur con la UE.

En este sentido, desde la dirección de Vox destacan la vicepresidencia arrancada al Partido Popular como una vía imprescindible para «reducir trabas» a agricultores, ganaderos y autónomos. Fuentes de la formación destacan la creación de esta vicepresidencia como «prioritaria» para vigilar el cumplimiento del pacto a cuatro años firmado con los populares.

La otra gran bandera que ondea Vox en el acuerdo de Gobierno es la de la inmigración. El anterior acuerdo saltó por los aires en 2024 debido en buena parte a la gestión de la crisis migratoria, específicamente al reparto de menores inmigrantes no acompañados. Ahora ambas formaciones han querido que ocupe un papel fundamental en la acción conjunta del Gobierno. De este modo, por ejemplo, se establece la oposición por «todos los medios legales, jurídicos y políticos» al reparto de inmigrantes ilegales, tanto mayores como menores de edad.

Sin embargo, no son pocos los puntos del acuerdo que algunos califican de quimera, especialmente aquellos que exceden las competencias del Gobierno regional y que fuentes internas del partido reconocen que son más maquillaje que realidad. El propio acuerdo reconoce que la famosa devolución de los menores inmigrantes no acompañados se realizará «en el ejercicio de sus limitadas competencias en materia de relaciones internacionales».

Otra crítica interna surge de la falta de medidas provida. En el capítulo dedicado a la familia no se menciona en ningún caso el aborto -Vox acudía a la negociación con la exigencia de suprimir el registro de objetores de conciencia al aborto- y también se pasa por encima de la defensa de la familia tradicional cuando se habla de «reconocer el valor social de la familia» sin más especificaciones y dejando además fuera las reivindicaciones clásicas en materia LGTBI —como la derogación de la ley regional— de la formación conservadora. Un punto para el que, además, se alargan los plazos de cumplimiento hasta 2028, mientras que el grueso de los capítulos del acuerdo están comprometidos para arrancar «desde el primer presupuesto».