Una excusa técnica retrasa la declaración de un testigo clave en el amaño del PSOE en Sevilla
La directora de Operaciones de la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos estaba citada a declarar ante la juez
Elecciones en Andalucía.
El horizonte judicial en torno al presunto fraude electoral en Albaida del Aljarafe (Sevilla) vuelve a ensombrecerse. La que debía ser una jornada clave para aclarar las irregularidades cometidas en las elecciones municipales de 2019 se ha visto truncada por segunda vez debido a un contratiempo administrativo. El Tribunal de Instancia de Sanlúcar la Mayor (órgano que anteriormente operaba como el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3) ha tenido que posponer la comparecencia de una testigo de máximo relieve: la directora de Operaciones de la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos.
La declaración de esta alta directiva no es un trámite cualquiera. Su testimonio sería fundamental para desentrañar la gestión de más de un centenar de votos emitidos por correo y cuyo procesamiento ha despertado serias dudas sobre su legitimidad. Según las tesis que maneja la instrucción, este volumen de sufragios bajo sospecha no fue anecdótico; por el contrario, habría sido el factor determinante que permitió al PSOE alcanzar la mayoría absoluta en la localidad sevillana, alterando presuntamente la voluntad popular expresada en las urnas. Sin embargo, el esclarecimiento de estos hechos parece chocar frontalmente con una serie de obstáculos logísticos que las acusaciones no dudan en calificar de injustificados. La suspensión de esta cita judicial ha provocado una profunda indignación entre las partes personadas, que observan con recelo cómo el procedimiento sufre constantes dilaciones que perjudican el avance de la causa.
Este no es el primer intento fallido de obtener la declaración de la responsable de Correos. El calendario judicial ya marcaba el pasado 2 de febrero como la fecha original para este interrogatorio. En aquella ocasión, la comparecencia se suspendió después de que la testigo alegara la imposibilidad de desplazarse desde Madrid, su lugar de residencia, hasta la sede judicial en Sevilla. Ante este impedimento, la magistrada titular optó por una solución pragmática: fijar una nueva cita, el 17 de abril, estableciendo que la declaración se realizaría mediante videoconferencia. De este modo, la trabajadora pública testificaría desde dependencias judiciales en la capital de España, conectadas telemáticamente con los juzgados de Sanlúcar la Mayor.
La «excusa técnica» y el trasfondo político
Para sorpresa de los letrados, el sistema volvió a fallar. Según han confirmado fuentes directas del caso a este diario, la razón esgrimida para esta segunda cancelación es una supuesta incompatibilidad entre los sistemas informáticos de los juzgados de Madrid y Andalucía. Una justificación que, para muchos, resulta difícil de digerir en plena era de la digitalización. «Parece una excusa técnica absurda en los tiempos que corren», lamentan fuentes consultadas por THE OBJECTIVE, quienes no ocultan su escepticismo ante la situación.
El malestar es tangible. Existe el temor fundado entre las acusaciones de que estos retrasos no sean casuales, sino una maniobra para dilatar el proceso hasta que pase el ciclo electoral. Con los comicios a la Junta de Andalucía fijados para el próximo 17 de mayo, las fuentes advierten de que es muy probable que la jueza no vuelva a convocar a la testigo hasta que las urnas se hayan cerrado, dejando en el aire una investigación que afecta directamente a la credibilidad del sistema democrático en la región.