La inflación, peligro para la democracia

Ha retornado la inflación. En España el alza de los precios llega a niveles desconocidos desde la década de 1980, por lo que ya han comenzado las protestas de transportistas y agricultores que de momento son catalogados de anécdota ultraderechista. A finales de 2021, las instituciones financieras y los Gobiernos explicaron que la subida de precios tenía que ver con la recuperación económica: la salida de la pandemia implicaría una demanda de productos y materias primas insuficientes, fenómeno que se habría agudizado por los cuellos de botella de las infraestructuras de transporte y el problema, cada vez más agravado, de la escasez de energía.

Esta explicación olvida, quizá sin pretenderlo, la gran transformación que ha sufrido la política económica tras la llegada del coronavirus: a diferencia de lo ocurrido con la crisis financiera de finales de la década de 2010, el mundo decidió que no se podía seguir con una austeridad incapaz de revertir y amortiguar los devastadores efectos del parón productivo. El colapso derivado del confinamiento global solo podía ser afrontado con la sustitución del mercado -contratos de trabajo- por la intervención pública. Keynes y su teoría retornaban por la puerta grande.

En el caso de la Unión Europea ello implicó además una mutación de las normas de lo que se conoce como Constitución económica: el BCE seguiría con su masiva compra de deuda pública en el mercado secundario, mientras que el sistema político comunitario dio un paso más hacia su federalización («momento Hamilton») al endeudarse para poner en marcha programas de inversión pública para volver a reactivar las maltrechas economías nacionales.

Esta mutación nos coloca frente a dos paradojas: la primera, que las autoridades políticas y monetarias comunitarias no parecen querer reconocer que la riada de dinero en economías sin respaldo productivo produce un aumento de los precios. España sería la prueba de ello. La segunda, que aquellas normas de los tratados que hacen de la ortodoxia monetaria y presupuestaria uno de los principales objetivos de la Unión, no solo responden a intereses puramente teóricos o ideológicos del neoliberalismo: lo que está en juego es la estabilidad de la democracia.

Tenemos suficiente historia a nuestras espaldas como para tener presente lo que la aparición de la inflación ha supuesto para las sociedades. Quizá fue entreguerras el tiempo más elocuente de lo que supone la muerte del dinero: no solo un empobrecimiento de ciudadanos y empresas, también la demolición de los regímenes constitucionales como consecuencia de la inestabilidad política. El último libro de Carlos Granés sobre el delirio latinoamericano va dejando sobradas muestras de que, paralelamente a la intoxicación cultural, los países pueden fracasar cuando los precios se vuelven incontrolados.

Algunos dirán que no hay que dramatizar. No estamos aún ante escenas grotescas como las vividas en Weimar, donde los precios de los menús variaban entre la consulta de la carta y la hora del pago de la cuenta. Sin embargo, es importante no caer en la complacencia, mucho menos si esta es partidista y no tiene en cuenta la posible duración de la guerra en Ucrania. Los instrumentos para combatir el origen de la inflación residen básicamente en la Unión Europea y la adopción de medidas requerirá consenso entre Estados y tino técnico por parte del BCE. De nuevo, como durante la pandemia, un maridaje de ciencia y negociación política lejana en el que termina por difuminarse la responsabilidad de quien adopta unas decisiones que también competen a los Gobiernos nacionales (sobre todo en lo relacionado a los efectos de la subida de precios).

No parece descabellado advertir que la inflación prolongada es un peligro para los sistemas democráticos: en el fondo, eso significaban las hasta hace poco inflexibles y hoy suspendidas reglas económicas de la Unión. Schumpeter ya nos advirtió sobre la continuidad entre la fiscalidad, la acuñación de la moneda y la aparición del Estado moderno como garantía de convivencia. Al gran economista aún le quedaba por ver el derrumbe totalitario de una Austria que también sufrió la pérdida de valor del dinero. La inflación alcanzó en España en 1977 la cifra de casi el 27%, lo que abocó a unos Pactos de la Moncloa que no solo sirvieron para reconducir la economía, sino la democracia recientemente inaugurada. O los partidos logran un acuerdo similar, o nos dirigimos a un incendio social de difícil reconducción porque siempre hay quien quiere politizar el dolor.