Sobre la imparcialidad de la fiscal europea que reclama investigar a Ayuso

El móvil vibra. Son notificaciones de varios medios de comunicación informando de una última hora: «la Fiscalía Europea reclama la investigación del hermano de Ayuso por un presunto delito de malversación». En las redes sociales aparecen como setas las publicaciones de políticos e influencers de izquierdas que, amén de recurrir a los chascarrillos habituales, dan por sentado que desde Europa se considera que la presidenta de la Comunidad de Madrid habría cometido la ilegalidad que pretendía endilgarle la antigua dirección nacional de su partido.

Según el cuerpo de la noticia, la representante de la Fiscalía Europea en España habría exigido hace unos días a los fiscales anticorrupción de nuestro país las diligencias de investigación relativas a la adjudicación por parte de la Comunidad de Madrid de un contrato de compra de mascarillas a una empresa con la que mantenía relaciones comerciales el hermano de Ayuso, por de las mismas se pudiera desprender una posible malversación de fondos europeos. Un disparate jurídico en toda regla, porque el tipo penal requiere que se demuestre la desviación y sustracción de los fondos públicos, algo que en el supuesto que nos ocupa no sucedió, pues la adquisición y suministro de las mascarillas objeto del contrato se produjo.

Y si de lo que se trata es de investigar delitos conexos, como podría ser el tráfico de influencias o la prevaricación, la barbaridad jurídica sigue siendo igual de significativa, dado que el organismo europeo reclamante carece de competencia para hacerlo, ya que ésta corresponde a la Fiscalía española. Ambos aspectos han sido puestos de relieve por Alejandro Luzón, fiscal jefe Anticorrupción, en la negativa trasladada a su homóloga europea a modo de respuesta.

Y todo ello sin olvidar que hasta se cuestiona que en la compra del material sanitario se empleasen fondos europeos: como publicó este diario ayer, el contrato fue adjudicado en abril de 2020, meses antes de que Bruselas aprobase los fondos Next Generation UE.

Se estarán preguntando ustedes cómo es posible que, siendo tan evidente la falta de sustento legal de la petición, una institución de la UE haya tenido a bien cursarla. La respuesta al QUÉ tenemos que buscarla esta vez en el QUIÉN, dado que la representante de la Fiscalía Europea en España es nada menos que Concepción Sabadell.

“Concha”, como la llaman en algunos medios afines a la izquierda, es una vieja conocida en el mundo de la judicatura, dado que fue una de las fiscales implicadas en el caso de las escuchas ilegales a los acusados de la Gürtel que terminó con su instructor, el juez Baltasar Garzón, condenado a once años de inhabilitación por un delito de prevaricación dolosa. Y aunque es cierto que Concepción también fue denunciada por su presunta implicación en la trama de las escuchas, el Supremo decidió no investigarla, aunque no se abstuvo de reprochar a las fiscales no haber tenido una actitud más proactiva para impedir la comisión del crimen.

La fiscal Sabadell también tiene en su haber haberse hecho cargo de la acusación contra Francisco Camps en la llamada “causa de los trajes”, de la que el expresidente valenciano resultó absuelto. Asimismo, se encargó de la causa que culminó en la sentencia que condenó al Partido Popular al pago de en torno a 250.000 euros como partícipe lucrativo en la trama Gürtel, la cual fue instrumentalizada por Pedro Sánchez para construir la moción de censura que, en 2018, lo llevó en volandas a la Moncloa.

Concepción Sabadell, Concha para sus admiradores de la izquierda política y mediática, fue la elegida en julio de 2020 para representar a nuestro país en el organismo europeo. Y su primera actuación relevante desde el punto de vista informativo ha servido para alimentar a la izquierda con ese pienso con apariencia de corrupción en el que tradicionalmente han sustentado sus ajusticiamientos sociales: la condena mediática ha reemplazado a la judicial en demasiadas ocasiones. Y les ha ido bien, para qué negarlo, puesto que no son pocos los cargos del Partido Popular que han tenido que dimitir para aplacar la sed de sangre de estos dóbermans de la información, acostumbrados a no soltar a la presa hasta que su presunción de inocencia les haya sido arrancada de cuajo. Lo triste y penoso en este caso es que quien puso sobre la infausta pista a los perros fue Pablo Casado, expresidente de los populares, que seguramente andará lamentando con Teodoro que la noticia no se filtrase hace un par de semanas.

Imposible dejarse en el tintero que la persona que se va a encargar de resolver el conflicto de competencias planteado por Anticorrupción va a ser Dolores Delgado, ministra de Justicia socialista antes de ser nombrada Fiscal General del Estado. Y, como no, amiga con derecho a roce de Baltasar Garzón, que como ven es el perejil de todas las salsas con las que se aliñan un buen número de escándalos. Otro hito de la dignidad y exquisitez democrática con las que se maneja el sanchismo.

Sé que muchos pensarán que, por más que evidentes que sean los hechos que expongo en este artículo, el mismo supone un cuestionamiento impropio de la independencia judicial por parte de alguien que, como yo, afirma defenderla. Pero son quienes utilizan las instituciones como su cortijo ideológico, mediante la designación de personas cuya imparcialidad está en entredicho con la pretensión de que instrumentalicen sus cargos con fines partidistas, quienes ponen en riesgo la neutralidad institucional. Defender al tercer poder independiente del Estado también exige informar sobre el posible uso de la toga para fines que no le son propios.