Rapapolvos de Bruselas

Pedro Sánchez ausente por su asistencia a la reunión anual de Davos. Es lógico. Nadia Calviño presente y por tanto, ausente en Davos. No tan lógico y solo explicable por las disputas y recelos intra gubernamentales. No puede ser que el Consejo de Ministros lo presida Yolanda, no vaya a ser que lo aproveche para intentar sumar. En todo caso, se trata de la primera reunión del gabinete de Sánchez tras la severa reprimenda de la Comisión Europea. Es así, porque pese a haberse acordado la prórroga que permite seguir incumpliendo las reglas fiscales, incumplimiento en el que nuestro Gobierno es campeón duplicando el límite máximo de la deuda pública permitida y más que duplicando el correspondiente al déficit público consentido, las autoridades europeas han emitido una serie advertencia a Pedro Sánchez. 

En su aviso llaman la atención sobre la necesidad de aplicar una política fiscal prudente que tienda a reducir el déficit público y a moderar el importe de nuestro endeudamiento. Para ello, se nos sugiere que el aumento del gasto público no supere al del PIB. Lamentablemente, según los planes del Gobierno, finalizaremos 2022 con un PIB inferior al de 2019 pero con un gasto público que superará en un 25% el de dicho ejercicio, datos que explican y justifican la llamada de atención que hemos recibido.

También avisa la Comisión que de momento las cuentas del Gobierno sobre las pensiones públicas no cuadran. El ministro Escrivá fue capaz de escribir muy rápido el capítulo guay de la ecuación -indexación anual al IPC-, pero hasta ahora no ha sido capaz de atreverse a redactar la parte menos bonita: cómo piensa lograr que lo anterior no suponga la quiebra del sistema. Bruselas considera -y está en lo cierto- que, en estos momentos y en ausencia de nuevas medidas, la sostenibilidad es una pura quimera. Antes o después, cuando se atreva, Escrivá tendrá que cantar. Veremos entonces el choque que provoca con los socios podemitas del Gobierno y con los sindicatos.

Advierte asimismo Bruselas que España tiene una fiscalidad medioambiental insuficiente en relación con el entorno de la Unión Europea, pero llama la atención sobre el excesivo gravamen sobre el trabajo. Además, reprende al Gobierno por la obsesión que manifiesta acerca de la imposición patrimonial, fenómeno que en Europa está en retirada. En definitiva, viene a cuestionar la orientación del informe de los expertos fiscales de la ministra de Hacienda.

Por último, la Comisión reprende la inacción del Gobierno respecto del grave problema que representa el desempleo estructural de España. Pese a las alharacas emitidas desde Moncloa tras cada estadística del paro registrado, Bruselas constata que el problema sigue enquistado y sin que se apliquen políticas efectivas para reducir su dimensión.

En conjunto, y con toda la delicadeza diplomática con la que en la Unión se redactan este tipo de documentos, lo manifestado por la Comisión es toda una señal de alarma a la política económica seguida por el Gobierno español. Viene a ser como el histórico «no es eso, no es eso» con el que Ortega y Gasset intentó -infructuosamente- corregir los desmanes de la Segunda República.

Con todo, la gran incógnita consiste en descifrar la verdadera causa del permanente desvarío económico del Gobierno de Pedro Sánchez. La pregunta es: ¿no sabe, no quiere, o no puede hacerlo mejor? Cabría entender que su deficiente gestión obedece a la incapacidad de sus gestores, lo que es una hipótesis no rechazable. También podría achacarse a motivos estrictamente cortoplacistas y electorales, opción no descartable. Y, a su vez, sería plausible considerar que, en realidad, es rehén tanto de los socios incrustados en el propio Gobierno como de la mayoría parlamentaria que lo sustenta. Lamentablemente para España y para los españoles, todo apunta a que concurren las tres causas expuestas.